La Junta eleva el tono contra algunas empresas de transporte escolar mientras busca una salida a dos días del inicio del curso

“Coacciones” y “chantaje” han sido las palabras escogidas por la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, para referirse a las empresas del sector del transporte escolar que se han negado a presentarse a la licitación del servicio. Una postura que choca con la prudencia que mostró el viernes, que no quiso desvelar el motivo de la denuncia interpuesta contra esas compañías.

Además, la Junta aún está a la espera de que un juzgado de Mérida se pronuncie sobre las medidas cautelares que ha solicitado para impedir quese queden sin transporte escolar unos 7.000 estudiantes que usan algunas de las 242 rutas sin adjudicar.

Pero, al mismo tiempo, la presidenta, María Guardiola, y la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, se han renuido a dos dias del inicio del curso con las empresas que sí han acudido a la licitación del servicio y ya tienen adjudicadas sus rutas al objeto de abordar cómo atender las rutas que carecen de respuesta por parte de algunas empresas.

La portavoz de la Junta ha afirmado que el Ejecutivo mantiene “un trabajo incansable” para dar respuesta a los cerca de 7.000 alumnos que están afectados por las rutas que aún no están aseguradas. “No vamos a permitir coacciones”, ha advertido Manzano., que el viernes no quiso explicar los motivos de la denuncia, pero que este martes ha dicho que se debe a “las conductas y coacciones ejercidas por determinadas empresas con ocasión de los procedimientos de contratación de las rutas de transporte escolar”.

A juicio de Manzano, aquel acuerdo recoge un incremento del 20% de aportaciones económicas para la mayoría de las rutas y de un 50% para algunas, lo que se traduce en “una mejora de 16 millones de euros” para este servicio.

La consejera ha remarcado que hay distintas vías en el ordenamiento jurídico que “utilizaremos -ha incidido- para garantizar la prestación del servicio”.

Antes de asistir a la citada reunión, los representantes de las empresas han reconocido que se enteraron de la denuncia de la Junta de Extremadura a ese “grupo minoritario” a través de los medios.

La representante de Etransa, Nerea Carpintero, ha asegurado que no tienen ni datos “de quién es ese grupo minoritario ni siquiera del sentido de la querella que haya podido interponer la Junta”.

Por su parte, el representante de Arebus, Julián Calatayud, ha recalcado que las asociaciones que han asistido a la reunión, sus “asociados”, han licitado y han sido adjudicados del resto de rutas.

Ambos han recalcado que desconocen el futuro de las 240 rutas que continúan sin cubrir, pero creen que solución “siempre hay, pero depende lo que planteen, depende de cómo se pueda hacer porque vehículos hay los que hay y conductores hay los que hay”.