La ley extremeña que eliminará burocracia para facilitar la inversión privada entra en la Asamblea

El pleno de la Asamblea de Extremadura debate este jueves una de las leyes más importantes de esta legislatura. La Junta y los grupos parlamentarios abordarán el proyecto de ley de mejora de los procesos de respuesta administrativa, que busca la simplificación administrativa y permitirá la creación de empleo a través de la atracción de inversiones, ha asegurado este miércoles el portavoz del Gobierno regional, Juan Antonio Gonzlález.

Por ello, ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para alcanzar el máximo consenso posible en la tramitación y aprobación final de este nuevo reglamento, que el Consejo de Gobierno aprobó a comienzos del verano.

El objetivo de esta ley es facilitar las relaciones de los ciudadanos y las empresas con la Administración, reduciendo tiempos y trabas, y supondrá la modificación de hasta 27 leyes anteriores de diferentes áreas. La vicepresidenta primera y consejera de Administración Pública y Hacienda, Pilar Blanco-Morales Limones, ya explicó que se trata de un paso más, que va en la línea de la Ley de Simplificación y Racionalización Administrativa.

Este proyecto, que introduce cambios en materia de regulación medioambiental, ordenación territorial y urbanística, también busca dotar de seguridad jurídica para la puesta en marcha de proyectos en la región, y poner de manifiesto que es una administración “que acompaña, próxima, ágil, que confía e impulsa el progreso económico” de la región. 

La nueva ley interviene en todos los ámbitos de competencia autonómica en los que es posible avanzar hacia esos objetivos. Para impulsar la actividad empresarial, se facilita la implantación o ampliación de instalaciones empresariales con impacto en el empleo y en el tejido productivo, mientras que, en materia medioambiental, ordenación territorial y urbanística, “refuerza aspectos decisivos” para la radicación de nuevas iniciativas emprendedoras en Extremadura.

Por ejemplo, en la presentación del proyecto de ley, la vicepresidenta llamó la atención sobre la modificación de la Ley Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible(LOTUS) que, sin perjuicio de actuar contra las viviendas o edificaciones ilegales en suelo rústico, “configura un marco jurídico que hace que el que exista una vivienda ilegal no va a ser inconveniente para la ejecución de otras actuaciones próximas a esa vivienda ilegal con el compromiso de adaptarse a la legalidad de esas nuevas actuaciones”. Y también se regula la exención de parcela mínima para supuestos concretos.

Los cambios introducidos en materia organizativa y de procedimiento suponen la modificación de hasta 9 leyes y también se tendrán que modificar normas ya implantadas a través de 14 decretos-leyes que se aprobaron durante la pandemia. y todas ellas con las mismas directrices: mayor agilidad administrativa y reducción de trabas burocráticas.

además, se flexibilizan requisitos en las medidas sobre patrimonio, contratación y conciertos sociales para facilitar el trabajo y la eficacia de los órganos de gestión y agilizan la tramitación de expedientes.

27 modificaciones legislativas

Los cambios legislativos afectan a un total de 27 leyes:

Por lo que respecta al ámbito de personal y prestación de servicios, se establece la exención del requisito de nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario y se afianza el reconocimiento del personal investigador del CICYTEX.

En cuanto a la prestación de servicios públicos, con el que se ha operado en la Ley de mancomunidades y entidades locales menores, se atribuye a éstas la gestión y prestación de servicios sociales y medidas contra la exclusión social.

En relación con las medidas tributarias se establece la presentación telemática de las declaraciones y autoliquidaciones del canon de saneamiento y la eliminación de residuos en vertedero.

Por otro lado, se rebaja el tipo de gravamen que recae sobre el bingo electrónico, y se establece el régimen sancionador del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero.

Asimismo, se hace una revisión de tasas en algunas áreas, como Sanidad o Educación, por ejemplo, si bien no están encaminadas a incrementar la presión fiscal sino para adecuarlas a los servicios que se prestan.

Además, el proyecto de ley incluye otras medidas que, como consecuencia de la guerra de Ucrania, se debieron adoptar con carácter urgente. Por un lado, la bonificación al 99% del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones -modalidad de donaciones- a los sujetos pasivos de los grupos I y II; y, por otra parte, en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se cambian los tipos de gravamen correspondientes a vehículos más contaminantes.