PP y Vox cancelan la reunión prevista hoy para desatascar la investidura de Guardiola

PP y Vox no se reunirán para tratar de poner final al bloqueo de las negociaciones en Extremadura. Después de casi un mes sin contacto directo, estaba previsto que este jueves se sentaran en Mérida para encarrilar las conversaciones para la investidura de María Guardiola y evitar la repetición electoral. Pero este encuentro, el cuarto desde las elecciones de diciembre, que se iba a llevar a cabo bajo la tutela de la dirección nacional del PP, no se producirá, al menos hoy.

En cualquier caso, las negociaciones en Extremadura van a tener ahora un nuevo interlocutor. El secretario general del PP, Miguel Tellado, supervisará los contactos de la presidenta extremeña en funciones y Vox, que estará representado por su líder regional, Óscar Fernández Calle, y Montserrat Lluis, la vicesecretaria general de Acción de Gobierno del partido de extrema derecha. No es la primera vez que Tellado tiene que tomar las riendas de las negociaciones para formar Gobierno en Extremadura: ya lo hizo en 2023 cuando medió para que Guardiola aceptara incluir en su Ejecutivo a Vox unos días después de que los calificara como machistas, xenófobos y homófobos.

Esta mediación se produce después de que la dirección nacional del PP diera un toque de atención a Guardiola la semana pasada tras una entrevista en la que dijo que estaba convencida de que el feminismo que ella defiende es “el mismo que defiende Vox”, lo que le valió una reprimenda de Génova, que le pidió menos ruido por sus bandazos comunicativos y un “trabajo serio” en la negociación con la formación ultra. Tras esta llamada al orden, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal conversaron el domingo por teléfono para desencallar las negociaciones en Extremadura, pero también en Aragón.

Pero el calendario político ha entrado ya en una fase crítica en Extremadura. El pleno para la investidura de María Guardiola se celebrará el 3 y 4 de marzo, el día que acaba el plazo máximo que tenía el presidente de la Asamblea para convocarlo. María Guardiola podrá desgranar su proyecto de gobierno el martes por la tarde y el miércoles será la votación, que podría ser fallida al necesitar el PP mayoría absoluta y solo cuenta con 29 de 65 votos garantizados.

En caso de no lograr el apoyo de Vox, la votación se tendría que repetir 48 horas más tarde. En esa ocasión, a la candidata del PP le valdría con obtener más 'síes' que 'noes'. La oposición ha avanzado que rechazará la candidatura de Guardiola y ninguna formación contempla la posibilidad de la abstención, por lo que PP y Vox tienen una semana para negociar un acuerdo de gobierno en Extremadura.

No obstante, si tampoco obtiene la mayoría suficiente la semana que viene, se abrirá un plazo de dos meses desde la primera votación, hasta el 4 de mayo, para que algún candidato o candidata obtenga la confianza de la Asamblea. Si no es posible, los extremeños tendrán que volver a votar en junio.

En estos momentos no se descarta ningún escenario después del enconamiento de las posiciones de PP y Vox en Extremadura, que ahora tratarán de negociar primero las medidas que ambos partidos quieren poner en marcha en la legislatura y, en una segunda fase, hablarán de la posibilidad de conformar un Gobierno de coalición. En este sentido, conviene recordar que antes de comenzar la negociación en la comunidad a primeros de enero, fue María Guardiola quien anunció en un encuentro con los medios la iniciativa de invitar a Vox a entrar en su futuro Ejecutivo.

Este ofrecimiento ha sido uno de los grandes escollos en la negociación entre PP y Vox, que no ha visto colmada su ambición tras pasar de cinco a 11 diputados tras las elecciones de diciembre. Como este medio publicó, Vox había exigido las responsabilidades de Agricultura, Economía y una vicepresidencia que tuviera las competencias de Interior, Seguridad e Inmigración. Además, también barajaban direcciones generales que estuvieran dirigidas por consejeros del PP.

Ahora, Vox ha rebajado sus pretensiones y el PP negocia con un decálogo impuesto por Génova en el que se asumen muchas de las tesis ideológicas de la extrema derecha y que, sin embargo, ha sido rechazada por Santiago Abascal.