Guadiana del Caudillo echa un pulso legal a la Diputación para no perder ayudas por su nombre franquista

Antonio Pozo, alcalde de Guadiana del Caudillo, en una protesta a las puertas de la Presidencia de la Junta

Cuando a uno le tocan el bolsillo reacciona y cumple la legislación. Bajo este criterio la Diputación de Badajoz anunció días atrás que los municipios que incumplan la Ley de Memoria Histórica se quedan sin subvención.

Los pueblos que incumplan la memoria histórica perderán las ayudas al abastecimiento de aguas de Diputación Badajoz

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Para acceder a las ayudas es imprescindible elaborar un catálogo de vestigios franquistas este año, o haber dado la potestad a la propia Diputación provincial para que se encargue de elaborarlo. Guadiana del Caudillo se defiende. Ha presentado una querella criminal contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Se suma a otra del pasado octubre por supuestas amenazas y coacciones.

Según afirma el Consistorio Municipal en una nota, Miguel Ángel Gallardo, "en un ejercicio arbitrario del poder, ha cometido un presunto delito de prevaricación" al llevar a cabo "una actuación al margen de la ley, absolutamente frente a quien se oponía a sus designios historicidas", informa Efe.

En respuesta al PP, Gallardo piensa que se trata de “una patada al aire, una más”. Anima a “tomarlo con humor”, ya que la primera demanda fue desestimada. “Él, erre que erre, quiere seguir. Yo creo que para buscar notoriedad y para desviar la atención”.

El presidente de la institución provincial aboga por aplicar la ley: "Y si por aplicarla el alcalde de Guadiana me pone una querella, pues bienvenida sea". “Las instituciones estamos para cumplir la norma y el pleno de la corporación provincial mandató al presidente para que la orden de subvenciones de 2017 estuviera condicionada al cumplimiento de la memoria democrática”.

¿Deja margen la Ley de Memoria?

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, el jurista José Manuel Corbacho, interpreta que no. Apunta al artículo 15.1 de la Ley de Memoria, que es claro y taxativo cuando recoge la obligación de las administraciones en la retirada de símbolos y menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura. Se recoge explícitamente la retirada de subvenciones o ayudas públicas para quienes incumplan.

Hay excepciones para elementos de especial valor histórico, artístico y monumental, aunque el principio general es su retirada. En todo caso existe un referente previo de 2008 marcado por la Administración General de Estado a través de una comisión de expertos jurídicos e historiadores.

Fueron los encargados de determinar la retirada de la simbología franquista de inmuebles propiedad del Estado durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, y cuyo criterio general fue su eliminación, recuerda Corbacho.

Segunda querella

El Ayuntamiento presentó el pasado día 20 de octubre una primera querella criminal contra el presidente de la Diputación por supuestas amenazas y coacciones al "haber inferido contra Guadiana del Caudillo la nítida expresión de su voluntad de quitarle subvenciones". La querella fue inadmitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz mediante auto de 28 de noviembre, aunque se presentó recurso de apelación ante la Audiencia de Badajoz por "ausencia de motivación", informa Efe.

"Con fecha de 6 de febrero se ha resuelto la estimación del recurso y la nulidad de la resolución del Juzgado de Instrucción, a quien se ordena el dictado de una nueva, con libertad de criterio y arreglo a derecho, suficientemente motivada", afirma Guadiana del Caudillo.

Antonio Pozo, 'caballero' de la Fundación Franco

El responsable de la institución provincial pacense ha recordado que Antonio Pozo fue uno de los dos cargos del PP de Extremadura que acudió a recoger el galardón de ‘caballero de honor’ de la Fundación Francisco Franco. “Un alcalde que envalentonado, contra la Diputación de Badajoz y su presidente, se fue a cenar a una fundación denominada Franco, que no apuesta por los valores democráticos sino por todo lo contrario”.

Antonio Pozo lanza un nuevo pulso después de ser reprobado por la Diputación pacense, donde es diputado provincial por el Partido Popular. El pleno aprobó una moción del PSOE en repulsa a su asistencia a la cena de exaltación del régimen franquista.

En la sesión plenaria los socialistas fueron contundentes y denunciaron en presencia del propio Antonio Pozo que en la Diputación de Badajoz hay 26 diputados y un ‘caballero de honor’ de la Fundación Francisco Franco.

Criticaron que acudiera a un acto “fascista” a ‘sacar pecho’, teniendo en cuenta que fue premiado como alcalde. De hecho, como narraba la propia Fundación Franco en su página web antes de eliminar el contenido, el regidor de Guadiana del Caudillo relató a los asistentes “las vicisitudes habidas en el campo judicial para mantener la denominación de su pueblo”.

Ambos dirigentes del PP llegaron a emitir un comunicado en el que se defendían. Justificaban ser "auténticos demócratas y defensores de las libertades de todos". Afirmaban que "ahora resulta que lo escandaloso es lo nuestro".

Señalaban a otras actitudes como "la quema de la bandera nacional, la exhibición de banderas no constitucionales, incumplimiento de la Constitución en Cataluña o, incluso el reconocimiento del funeral del dictador de izquierdas, Fidel Castro".

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Publicado el
14 de febrero de 2017 - 21:07 h

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