Nuestra tierra, sus leyes
Estamos al final de la legislatura, el próximo 24 de mayo tenemos cita electoral y como cada fin de ciclo la aprobación de leyes se acelera. En Extremadura vamos, en realidad van, a aprobar 20 leyes antes de terminar su periodo de gobierno. De esas leyes, tres requieren especial atención desde Equo. Hablamos de la Ley Agraria, la del Suelo y la de Protección Medioambiental. Tres leyes complementarias que afectan a las actividades empresariales de nuestra región, y que tal como se plantean, afectarán de forma decisiva a las personas, a la convivencia y a la naturaleza, dando un giro preocupante.
Las leyes autonómicas deben estar en consonancia con las leyes nacionales, y estas con las europeas. Las leyes autonómicas pueden desarrollar aspectos que son intrínsecamente locales, pero no pueden ser en ningún caso ser contrarias a las de mayor rango . Algo que a nosotros nos gustaría, dado que las nuevas leyes nacionales no favorecen ni a nuestra región (puntera en energías renovables hasta hace cuatro años), ni a la naturaleza que es patrimonio de todos y que en Extremadura se muestra en todo su esplendor.
La Ley Agraria ha sido utilizada a modo de emblema publicitario, como esos 7.000 puestos de trabajo para jóvenes titulados que Monago prometió al comenzar el año (sin haber siquiera informado al Consejo de la Juventud de Extremadura sobre su plan, tal como es su deber). Con esta ley se nos dice que el Gobierno de Extremadura garantiza que el 25% de los presupuestos regionales serán para la agricultura y nosotros nos preguntamos ¿cómo es posible, si sabemos que ese dinero, el de las subvenciones agrícolas, es un dinero que llega desde la Unión Europea y no del presupuesto de la región? ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿Qué otras partidas, no subvencionadas por la UE salen perdiendo?
Para quienes nos posicionamos desde la Ecología Política es obvio que uno de los principales pilares económicos y sociales es la agricultura, fuente de soberanía para los pueblos, y por ello entendemos que trabajar mano a mano con las organizaciones agrarias es un deber inapelable, pero no solo para escuchar sus demandas, sino para coordinar planes de formación, de empleo sostenible y por supuesto, para dar entrada a personas jóvenes y preparadas que vienen cargadas de propuestas tanto productivas como de distribución, algo que es importantísimo no perder de vista.
En Equo sabemos que la seguridad alimentaria está estrechamente relacionada con la protección del medio ambiente, y por ende, del uso del suelo.
La siguiente ley que nos han colado ha sido la Ley del Suelo, donde con la excusa de poner orden a las infracciones urbanísticas cometidas en el pasado, eliminan parte de los necesarios estudios de impacto ambiental y los informes de las Confederaciones Hidrográficas ¿Qué locura es esta? En nuestras mentes resuena Valdecañas y no podemos por menos que indignarnos ante la desvergüenza de legislar para el interés de unos pocos, comprometiendo el Bien Común y el patrimonio que es de todo, y no solo ahora sino también de las generaciones futuras.
Por nuestra juventud, nacimos oficialmente a mediado de 2011, no tuvimos la posibilidad de presentarnos en los pasados comicios autonómicos, de modo que no nos queda más que observar desde fuera y sufrir. Por eso desde estas páginas hacemos un llamamiento a los partidos políticos que sí tienen representación parlamentaria (IU, PSOE, PREx-CREx), para que se unan en un rechazo firme a esta “Ley de protección ambiental” que ofrece todo lo contrario que indica su nombre. Una ley que minimiza los requisitos para la aprobación de proyectos urbanísticos o industriales... y de nuevo Valdecañas y nuestro miedo a nuevas urbanizaciones en áreas protegidas ¿Monfragüe?
No olvidamos que en marzo de 2011, poco antes de la disolución de la Asamblea, PSOE y PP, de mutuo acuerdo, modificaron la ley del suelo de forma que la construcción del complejo turístico de lujo “Marina Isla Valdecañas” quedara justificada. Años de esfuerzo económico y voluntariado emplearon las organizaciones ecologistas de nuestra región, Adenex y Ecologistas en Acción, para lograr llevar este abuso de autoridad al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que sentenció la ilegalidad de las obras y ordenó su demolición, algo que aún estamos esperando, pese a que esa sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo.
Nos damos cuenta, de que una vez más, a falta de menos de un mes para disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones, el grupo parlamentario en el gobierno se apresta a dejar las cosas bien ordenadas para sus amigos, para facilitar la contaminación de nuestras aguas y quiere engañarnos con promesas de empleo fantasma o de presupuestos que en realidad no es quién para gestionar.
