Colectivos de la memoria piden a la Xunta un plan de usos para San Simón tras ser protegida por el Gobierno central

Los colectivos memorialistas agrupados en Iniciativa Galega pola Memoria quieren que la Xunta redacte ya un plan de usos para la isla de San Simón, en la ría de Vigo, que fue campo de concentración franquista entre 1936 y 1943. El Gobierno central anunció hace unas semanas y dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la muerte Franco, que el lugar será declarado de la Memoria Democrática, tal y como habían reclamado las asociaciones. Estas solicitan además una reunión con el presidente gallego Alfonso Rueda, a quien recriminan que no desautorizase al diputado de su partido, el PP, que aseguró no le constaban muertos en San Simón. Los historiadores los cifran en al menos 463, entre ellos ocho fusilados.

La Iniciativa Galega pola Memoria ha dirigido una carta a Rueda con estas y otras peticiones. “A las entidades que forman parte de la IGM les preocupa la ausencia de políticas públicas de memoria histórica en la institución que usted preside”, comienza el escrito. El primer gabinete de Alberto Núñez Feijóo, que en 2009 derrotó en las urnas contra todo pronóstico al bipartito de socialistas y BNG, desmanteló todas las políticas sobre la materia. San Simón dejó de ser Illa da Memoria [Isla de la Memoria] -así la había nombrado la coalición de izquierdas presidida por Pérez Touriño- y su pasado como cárcel fascista, atenuado.

Los colectivos memorialistas llevan años denunciando que la Xunta, presidida desde entonces por la derecha, permite todo tipo de actividades en el lugar, de ginkanas a estadías para hacer yoga o noches de Halloween. La declaración como Lugar de Memoria Democrática, que en principio se materializará en agosto junto a la del Pazo de Meirás, restringirá algunos de estos usos: según la Ley de Memoria Democrática que ampara esta figura, cada lugar deberá contar con un “régimen de protección y usos compatibles”. La Iniciativa Galega pola Memoria entiende que el Gobierno gallego debe ser activo a la hora de evitar “la celebración de actividades ofensivas para las víctimas de la represión franquista” en la isla, además de elaborar a través de un órgano asesor el plan de usos y desarrollar allí “una programación anual sobre memoria histórica”.

La misiva recuerda además las manifestaciones en el Parlamento de Galicia de José Luis Ferro, diputado del PP. Este sostuvo que a su grupo no le constaban muertos en San Simón. Alfonso Rueda no lo corrigió y lo remitió a un debate entre historiadores. No existe tal debate. Historiadores cifran en al menos 463 los fallecidos en el lugar, entre ellos ocho fusilados, todos con nombres y apellidos. “Está más que acreditado por investigaciones contrastadas y publicadas”, señala el escrito, que también menciona los informes de la ONU referidos a “los déficits en el respeto a los derechos humanos en Galicia y el Estado español en lo tocante a lo sucedido con las víctimas de la represión franquista”.