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Miles de marineros gallegos ven retrasada su jubilación tras un cambio legal del Gobierno

Buque arrastrero en Bueu

Miguel Pardo

Miles de marineros gallegos verán cómo se retrasa su edad de jubilación al no aplicárseles el máximo coeficiente reductor que tenían previsto. Es la denuncia que acaba de hacer la Federación Galega de Alimentación, Mar e Transporte de la CIG (FGAMT-CIG), que denuncia que el Gobierno central es quien ha decidido que no se aplicase este máximo multiplicador a los tripulantes de palangreros y arrastreros de la abundante flota congeladora gallega. La central sindical advierte del “mayor recorte de derechos sociales de la historia de la pesca de Galicia” y anuncia ya asambleas en varias localidades para abordar la “problemática”.

Los coeficientes reductores de la edad de jubilación son un factor que se aplica para compensar la dureza de determinadas actividades profesionales y se aplica de manera diferente según la especialidad y categoría del trabajo. Se permite así que el trabajador pueda retirarse de manera anticipada cobrando la pensión íntegra sin tener que cumplir los 65 años exigidos en la mayoría de los casos. En el caso de los marineros, la dificultad del medio donde se realiza la labor, la cantidad de meses en alta mar o las dificultades del empleo justifican esta reducción.

Según la CIG, la decisión de no aplicarles el mayor coeficiente reductor de la edad de jubilación a los marineros que faenaban en palangreros-congeladores y arrastreros-congeladores figura en una circular interna del Instituto Social de la Marina (ISM) a la que tuvo acceso a CIG y este diario. Xabier Aboi, secretario comarcal de la FGAMT en Pontevedra, ha denunciado el problema en rueda de prensa, ha anunciado asambleas y, en caso de que el Gobierno central “no encuentre una solución”, también movilizaciones en las principales zonas afectadas: Marín, Vigo, Ribeira, A Guarda y A Mariña.

El conflicto, recuerda Aboi, surgió hace casi tres años, al detectarse muchos casos de marineros a los que les faltan años de cotización para jubilarse y descubrir que la Dirección General de la Marina Mercante “había modificado los coeficientes reductores”, un derecho social, insiste, que “tienen los marineros y otras personas con profesiones especialmente duras o de riesgo como mineros o policías y que les permite adelantar la jubilación”.

En conversación con este diario, Aboi explica cómo una serie de gestiones, indagaciones y reuniones por parte del sindicato acabaron con la solicitud, por parte de Marina Mercante y Capitanía Marítima a los armadores, de la documentación necesaria para certificar la clasificación de los buques como congeladores y poder así aplicar el máximo coeficiente reductor a sus tripulantes. Con todo, el ISM siguió aplicando menores coeficientes a pesar de confirmarse que los barcos afectados eran congeladores.

¿Por qué? Todo se debe a dicha circular interna del ISM, donde se establece que no se podrá aplicar el máximo coeficiente reductor (0,4) a los tripulantes en unas novedosas subclases incorporadas: las de “palangrero-congelador” y “arrastrero-congelador”. Así, la Administración pasa a hacer el cálculo en función del arte de pesca y de las toneladas. “Esos dos conceptos no existen en el mundo pesquero de la Seguridad Social, donde siempre se aplicó el criterio de congelador”, explica Aboi, que recuerda que este criterio deja fuera a “trabajadores que faenan a 330 millas de la Isla de Pascua”. “¿Acaso no tienen congelador y van abanicando el pescado o no están lo suficientemente lejos?”, se pregunta. “Es un claro intento por recortar los derechos y la jubilación de los marineros”, insiste.

También la eurodiputada gallega Lídia Senra, de AGEe, ha exigido que se “garanticen los derechos sociales” de estos trabajadores “a los que el Gobierno del Estado les está restrasando la edad de acceso a la jubilación pese a negar, en reiteradas ocasiones, que esto fuese a suceder”. 

“Esta nueva comunicación del ISM es una prueba de que el Gobierno mentía cuando aseguraba que garantizaría el coeficiente reductor máximo, justificándolo como un mero ajuste técnico sin consecuencias para el sector. Una cuestión de este tipo no puede suponer la pérdida de derechos para los marineros y marineras”, insiste. 

La “mentira” del PP

“No puede ser que estos coeficientes supongan una discriminación, sino, ¿cómo se entiende que un barco de 120 y 300 toneladas, un palangrero-congelador que faena en el Atántico norte, Atántico sur, Índico o Pácífico tenga el mismo coeficiente que un atunero que faena en Mauritania o un barco del ISM que sale al mar seis meses al año y está a cuatro días del puerto base?, añade el responsable de la FGAMT-CIG. La diferencia, con los nuevos criterios, en un trabajador con 20 años de experiencia en alguno de estos barcos, podría ser de hasta 3-4 cuatro años. ”¿Quién paga esos años de más embarcado?“, cuestiona.

Además, Xaboi se pregunta “qué flota congeladora queda en Galicia si quitas palangreros y arrastreros” y quién es el “responsable de fijar los criterios”. ¿Está preparando el PP más recortes la estas flotas con este nuevo concepto de arrastrero congelador?“, insiste.

Además de esto, recuerda que hace ya meses, durante un debate parlamentario en Galicia, “el PP justificaba el recorte aludiendo a una normativa de Bruselas que iba a obligar a las modificaciones”. “Era todo falso, no había nada de eso, sino una serie de borradores que no se concretaron en nada y que tenían que ver con una legislación general y nada con los coeficientes reductores. Lo que la UE dice es que recortes, pero no se mete en la edad a la que se jubilan los marineros”, advierte.

Por eso, acusa el PP de “mentir”, además de “convencer a otras formaciones” de algo que era falso. “¿Qué dirán ahora los diputados del PP y de En Marea que culpaban a Bruselas de esta situación y que pedían que todo siguiese igual hasta que no hubiera una normativa europea?”, remata, antes de pedir una reunión “urgente” de todas las partes implicadas -incluyendo las patronales del sector- para “clarificar de manera inmediata la situación y para que les sean restituidos los derechos a las personas afectadas”.

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