Una multinacional minera vincula a la Xunta con la corrupción en una batalla legal que ya ha costado 600.000 euros públicos
La multinacional que pretendía un polémico macroproyecto minero en Corcoesto no se detiene en su venganza contra la Xunta. Después de que el Gobierno gallego cancelase su iniciativa, la firma canadiense Edgewater dio inicio a una batalla legal que incluyó un recurso de reposición y otro contencioso administrativo contra la denegación del permiso de explotación, otro más ante la UE y una demanda de arbitraje por la presunta ruptura de tratados internacionales. Había solicitado, entre otras cosas, 20 millones de euros por lo invertido para impulsar la mina a cielo abierto, pero en el recurso contencioso había lanzado ya graves acusaciones contra la Administración gallega, asegurando que el entorno del presidente había pedido una mordida --“dólares en una maleta Samsonite”-- para darle visto bueno al proyecto, tal y como había publicado este diario. La cosa no acaba ahí. En la denuncia de arbitraje, la empresa le pone cifras y nombres a esa presunta petición de soborno: 1,5 millones de euros a repartir entre Alberto Núñez Feijóo; el ex-conselleiro de Medio Ambiente y jefe de la oposición en Santiago, Agustín Hernández; el director general de Energía y Minas, Ángel Bernardo Tahoces; y otros altos cargos del Ejecutivo. Graves acusaciones sin más pruebas que las palabras del presidente de la compañía, George Salamis.
Lo ha adelantado el diario infoLibre, que aclara que las graves acusaciones por parte de Edgewater aparecen en la documentación que la abogada de la Xunta presentó en el recurso de apelación que pide que se reabra la causa para juzgar a la empresa canadiense por calumniar y difamar al Gobierno gallego. La Audiencia Provincial rechazó las intenciones de la Administración. Califíca las acusaciones de “indudablemente impropias”, pero aclara que “no implican una imputación cierta, directa y eficaz” por lo que se excluyen “de su valoración en la esfera penitenciaria”. Y reafirma el archivo del caso del mes de mayo anterior.
Ese fue uno de los recursos presentados por la Xunta en la batalla legal a la que también se lanzó después de que se rompiese el idilio que mantenía con Edgewater durante los primeros años de relación. Tan intensa que Feijóo habló de la “gran oportunidad” de la megamina y llegó a protagonizar un vídeo de la compañía, que celebró abiertamente la victoria del PP por mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2012.
Pero las inconsistencias técnicas y económicas del proyecto, unidas a la fortísima movilización en su contra, obligaron a la Xunta a frenarlo. La alianza se rompió y la empresa se embarcó en una demanda contra la Administración con un impacto en las arcas públicas que ya supera el medio millón de euros. Los últimos 400.000 salieron de fondos inicialmente destinados a investigación, desarrollo e innovación, tal y como adelantó este diario.
No era la primera vez que los gastos derivados de la demanda por la mina de Corcoesto acababan siendo sufragados con fondos inicialmente previstos para otros gastos de la Xunta. Como también ha informado este diario, en otoño de 2016 la propia Consellería de Economía se vio en el deber de “realizar un depósito inicial de 150.000 dolares” en la Corte de Arbitraje de la Haya en el marco de la demanda internacional. Ese dinero fue transferido desde la partida concebida para financiar el ticket eléctrico, las ayudas para pagar el recibo de la luz a familias con escasos recursos económicos de las que el 40% de su presupuesto acabó sufragando otros gastos de la Administración. La factura de la demanda de Corcoesto suma ya, al menos, 589.316 euros.
Mientras, Edgewater apunta directamente a la Xunta. Y de manera dura. En el documento presentado en la demanda de arbitraje, el presidente de la firma, George Salamis, dice: “En octubre de 2014, un alto cargo de Sacyr me dijo que me los tendría que pagar 1,5 millones para obtener el permiso para el desarrollo del proyecto de Corcoesto y que estos fondos se distribuirían entre altos cargos de la Xunta, incluyendo el presidente Feijóo y el señor Tahoces”.
Además, advierte de que fueron unos intermediarios, de los que no da nombres, los que habrían solicitado esos “pagos ilícitos” para repartirlos entre diferentes cargos, entre los que también incluye a Agustín Hernández.
Hace ahora dos años, después de la filtración de varios documentos a diferentes medios, se hizo público un correo electrónico que el propio Salamis había enviado al gerente de la filial Mineira de Corcoesto, Lluís Boixet, en el que aseguraba que no “alcanzaba a ver” que puede “hacer de manera distinta” para salvar el proyecto a parte de “pagarles $$$ a los políticos”. “Esto habría sido fácil y cualquiera puede hacerlo, pero no encaja con los principios fundamentales de acuerdo a los cuales hacemos negocios”, diría el máximo responsable de la firma minera en noviembre de 2014, días después de aquel supuesto intento de soborno del que le había advertido un cargo de Sacyr.
En su recurso, la Xunta acusa a Edgewater de llevar a cabo una “estrategia jurídica y mediática” para “descalificar” el Gobierno gallego y se pregunta “cómo se puede defender, en efecto, un responsable público de tales acusaciones”. Feijóo y diferentes cargos del Ejecutivo insisten desde siempre en calificar de “calumnias” las acusaciones de la multinacional minera.
