De defender los recortes sociales a dar un puesto “a medida”: una década de polémicas del Defensor del Pueblo gallego
A finales de junio de 2007, hace ahora once años, el Parlamento de Galicia elegía al tercer Valedor do Pobo de la historia de la autonomía. Los grupos que entonces sustentaban al Gobierno, PSdeG y BNG, habían cerrado un difícil acuerdo con el PP para renovar las instituciones estatutarias que estaban bloqueadas desde el fin de los gobiernos de Manuel Fraga: el Consello de Contas y el propio defensor del pueblo autonómico. De aquel juego de equilibrios había salido el nombre de Benigno López, un magistrado de perfil conservador del agrado del nuevo líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, pero a priori digerible para las fuerzas de la izquierda. Dos semanas después de aquel nombramiento López protagonizó unas controvertidas declaraciones sobre la, a su juicio, “peligrosa” introducción de la lengua gallega en la Justicia.
Comenzaba así un largo período en el que la defensoría gallega pasó de la discreción de sus dos primeros titulares a encadenar una década de polémicas y deterioro. Esta tendencia acaba de subir un escalón más con la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia da por acreditado que la actual Valedora, Milagros Otero, maniobró irregularmente para dar un puesto en la institución a la hermana del portavoz parlamentario del PP. Ni siquiera los de Feijóo avalan la actuación de Otero que, por lo menos de momento, opta por aferrarse al cargo.
Aquellas declaraciones iniciales de Benigno López, que habían obligado el expresidente socialista Touriño a recordarle que entre sus deberes estaba también el de cumplir la ley en materia lingüística, habían sido sólo las primeras. En los meses y años siguientes López consideró que la Xunta debería “potenciar el castellano” donde “prime” el gallego y abogó por la retirada de un libro escolar que evidenciaba el carácter estatutario del gallego como “lengua propia” del país. Previamente, ya había regañado al grupo del BNG en sede parlamentaria también al hilo de la lengua: “no pueden ir poniéndole una pistola en el pecho la cada ciudadano para que hable gallego”, había dicho.
La que acabó siendo polémica definitiva de Benigno López como Valedor se produjo en la primavera de 2012. En plena crisis económica y cuando ya habían comenzado los recortes sociales por parte de los diferentes gobiernos, el alto comisionado encargado de defender los derechos de la ciudadanía ante las Administraciones aprovechó una comparecencia en la Cámara para mostrarse partidario de “suspender” la aplicación de la ley de dependencia para evitar los defectos en su aplicación. Los recortes sociales, había agregado, estaban siendo “imprescindibles, justos y necesarios”. Aquellas declaraciones desataron un aluvión de exigencias de cese de las que sólo se desmarcó el PP y, tras dos semanas de resistencia, López dimitió entre reproches al propio Parlamento.
Más de tres años de interinidad y un nuevo período de controversias
Tras la marcha de Benigno López, durante cuyo mandato el Defensor adquirió un nuevo coche oficial de más de 60.000 euros, la institución quedó en las manos del que había sido vicevaledor a propuesta del PP. José Julio Fernández ejerció el puesto en funciones durante tres años en los que los populares sacaron adelante la reforma de la estructura de la propia defensoría. En ese trienio se pronunció en menos ocasiones que su antecesor sobre asuntos de actualidad y lo hizo de manera dispar. Así, por ejemplo, en 2013 consideró que las fotografías que acreditaron la amistad de Alberto Núñez Feijóo con el contrabandista Marcial Dorado, publicadas por El País, carecían de “interés periodístico”. No obstante, poco después también se desmarcó del PP al encuadrar en el derecho a la “libertad de expresión” los escraches en protesta por los desahucios en los que cargos como el propio Feijóo veían un ejercicio de “acoso”.
La necesidad de una mayoría amplia en el Parlamento para elegir este cargo -tres quintas partes de la Cámara, 45 de los 75 escaños- dilató el cambio en el Valedor hasta el año 2015, cuando el puesto entró en un nuevo paquete de renovaciones. PP y PSdeG acordaron nuevos nombres para el Consello de Contas, el Consejo de Administración de la CRTVG y la propia defensoría -también nombrar senador al entonces líder socialista, José Ramón Gómez Besteiro, aspecto del acuerdo que el PP incumplió-. De aquel pacto salió el nombre de Milagros Otero, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Santiago y también de perfil conservador, lo que causó malestar en algunos sectores del PSdeG.
Otero llevaba apenas un año ejerciendo cuando se situó en el terreno del rifirrafe político, especialmente con sus recurrentes reproches contra el Ayuntamiento de Santiago sobre la problemática de las personas sin hogar. Así, por ejemplo, en marzo de 2017 empleó la presentación de su primer informe anual para cargar contra el gobierno local de Compostela Aberta por este mismo asunto a pesar de ocupar sólo una de las 908 páginas del documento. Durante el trámite de su informe la Defensora llegó a revelar en la propia Cámara datos personales privados de tres personas sin hogar y, ante las críticas de la oposición pero también de asociaciones sanitarias y sociales por hacerlo, se consideró a sí misma víctima de “ataques deslegitimadores”. Los expedientes de la institución por la atención a estas personas en Compostela acabaron finalmente archivados y lo que Otero presentaba como “muchas quejas al respecto” resultaron ser realmente dos entre más de 65.000 en ese año, unas 63.000 de ellas relativas a áreas de gestión de la Xunta.
Esta beligerancia de Otero contrastó con su indulgencia hacia el Ejecutivo gallego en uno de los papeles que la reforma de la institución le otorgó, el de presidenta de la Comisión de Transparencia de Galicia. Así, por ejemplo, después de que el Gobierno gallego ocultase hasta 800 millones de euros en contratos menores tras hacerlos públicos sólo una semana, la Valedora consideró que la Xunta no incurría en esa conducta por “gusto”. La Valedora llegó a decir que los gallegos pueden “estar tranquilos, satisfechos y hasta un poquito orgullosos” de la transparencia en Galicia. Sin embargo, este lunes la institución rechazó responder a preguntas de los periodistas sobre la actuación de su titular en el caso ahora sentenciado y se remitió a las notas de prensa que pueda emitir.
Este es el contexto en el que el Tribunal Superior de Justicia ha dado por acreditada la intervención irregular de la comisionada en el nombramiento de la Jefa de Servicio de Administración y Personal de la institución. Otero niega que incurriese en la “arbitrariedad” y “desviación de poder” que apreció el tribunal y, a pesar de la ausencia de avales políticos explícitos incluso en el grupo que impulsó su elección, el PP, esquiva inicialmente la posibilidad de abandonar el puesto, donde su mandato no expira hasta 2020.
