patria, en minúsculas

Creímos que el patriotismo consistía en defender una bandera, un himno, una frontera y, sobre todo, la soberanía. La soberanía, esa palabra enorme que sacamos a pasear cuando alguien toca un palmo del territorio. Ojito, Manolo, con las fronteras. Hay una curiosa manera de entenderla: defendemos con uñas y dientes la unidad del territorio, pero, por el contrario, podemos mirar con bastante menos entusiasmo las demandas de quienes viven dentro de él. En sentido amplio, por ejemplo, la de los catalanes, que piden inversiones, infraestructuras, el corredor Mediterráneo y reclaman una identidad propia o la de otros particulares que se enfrentan a la voracidad del mundo inmobiliario o la sanidad privada con caso omiso de empresas y del gobierno. Entonces, la soberanía parece tener letra pequeña. Qué cosas tan curiosas hacemos: defendemos el país, en cada centímetro de su tierra, pero en ocasiones descuidamos a los que lo configuran.

Quizá hayamos confundido demasiado tiempo la patria con el perímetro. Un país no es solamente la frontera que lo dibuja, sino las personas que viven dentro de ella. Sus mayores, sus trabajadores, sus jóvenes, sus familias, sus barrios y, sí, también los catalanes cuando piden lo que consideran necesario para los suyos cuando, dicen, llevan tiempo hartos de aportar al erario público global y no recibir apenas. Podemos discutir sus demandas, rechazarlas, negociarlas o considerarlas equivocadas. Faltaría más. Aunque cuesta sostener que la soberanía importa sobremanera cuando hablamos del territorio y bastante menos cuando hablamos de cómo viven quienes lo habitan.

En esas, aparece Maricarmen en cartel, quien pone nombre y lidera una manera bastante poco solemne de hablar de patria. Tiene 87 años, una discapacidad reconocida del 50% y lleva setenta años viviendo en la misma casa. Setenta. Allí han vivido sus padres, allí ha crecido ella, allí están sus recuerdos y allí espera envejecer. 

El pasado 23 de septiembre sale de allí en una camilla y de repente la palabra patria deja de sonar a himno y empieza a sonar a persona. Una persona en una vivienda. Ese espacio, que es activo, inversión, una propiedad capaz de generar rentabilidad. Todo ello, legítimo. Claro, Manolo, la propiedad privada es legítima y enriquecerse dentro de la ley también. Aquí nadie pretende que el pequeño propietario cargue sobre sus hombros con el problema de todo un país. Pero el quid radica en: una vivienda no es exactamente como una acción, un coche o un teléfono que uno cambia cuando le conviene. Es donde alguien duerme, cría a sus hijos, envejece y construye su vida. Tal vez por ello la pregunta no sea si una vivienda puede producir beneficios, sino qué ocurre cuando el beneficio empieza a decidir quién puede seguir viviendo en ella.

A Maricarmen le cuesta unos 500 euros el alquiler de su hogar, bajo el auspicio de una renta antigua. Pero un fondo voraz, Urbagestión, le pide más, pero qué más: cinco veces más. En el ring: un fondo de inversión frente a una mujer de 87 años que lleva siete décadas allí. Después llegan ofertas, alternativas, posibilidades; ninguna resuelve el problema o así lo quiere el fondo. El beneficio, legítimo, acaba pesando más que todo lo demás. Pero ¿legítimo significa necesariamente suficiente?

La ley también está allí, haciendo su trabajo de ley, que consiste en poner fronteras donde la vida suele poner matices. Sigo con Maricarmen. El contrato de arrendamiento lo firman sus padres en los años cincuenta; después pasa a su madre y, tras su muerte en 2005, a ella misma. La normativa contempla determinadas condiciones para estas subrogaciones y, en algunos supuestos, un 65% de discapacidad. Maricarmen tiene un 50% y el Supremo termina avalando la posición de la propiedad. Puede ser jurídicamente correcto y, precisamente por eso, la pregunta ya no es para el juez: es para quien hace las leyes.

No se trata de pedir que los jueces sustituyan al dictamen del Parlamento, sino de recordar que las leyes se pueden cambiar. Una norma puede ser legal, sí, pero al mismo tiempo, debe abrir un debate sobre si debería ser distinta. La vida tiene la desagradable costumbre de no caber exactamente dentro de un porcentaje. Maricarmen tampoco cabe. No cupo. No cabemos. Y quizá por eso tampoco deberíamos mirar su caso como una excepción aislada, porque detrás aparece algo bastante más grande: la vivienda convertida en activo financiero.

Echemos memoria atrás. Después de la crisis inmobiliaria y bancaria llegan grandes inversores, sociedades patrimoniales y operadores institucionales. No todos son iguales, ni todas las operaciones responden al mismo modelo, ni todo propietario es un fondo buitre. Pero cuando una vivienda entra en una cartera de inversión, la rentabilidad puede empezar a mandar sobre su función residencial. Y cuando eso sucede a escala de barrio aparece esa palabra tan elegante para algo bastante menos elegante: gentrificación. El barrio se revaloriza, llegan inversiones, cambian los negocios, suben los alquileres y quienes llevan décadas allí empiezan a descubrir que ya no pueden pagarlo.

Lo llamamos regeneración, dinamización, transformación urbana. Pónganle etcéteras. Palabras tan limpias para acciones que a veces no son tanto. Con obviedad: quien contempla el proceso desde una hoja de cálculo ve ahí una transformación. Quien tiene que abandonar su barrio sin mayor opción obtiene simplemente eso: abandonar su barrio. Y en un país donde alrededor de un 3% del parque de vivienda es alquiler social, según la OCDE, el problema se vuelve todavía más serio.

En 2012, tenemos rescate a la banca. La crisis financiera y bancaria obliga a una intervención extraordinaria y Oliver Wyman calcula 59.300 millones de necesidades adicionales de capital.

No son simplemente 60.000 millones entregados directamente a los bancos –aquello es bastante más complejo–, pero sí hay recursos públicos y europeos extraordinarios para recapitalizar y reestructurar el sistema financiero. El bueno de Xisco Fernández, un gran amigo mío, me deja una pregunta que late: ¿por qué aquello no sirvió también para construir mucha más vivienda pública, cuando entre todos ayudamos a los bancos?

Quien escribe estas líneas no dice que los pisos de bancos y cajas deban convertirse mágicamente en vivienda pública cambiando el cartel de la puerta. Recala en que el Estado interviene, recapitaliza, reestructura y moviliza recursos, y que ha desaprovechado una oportunidad histórica para haber destinado una parte mucho mayor a vivienda pública y asequible. Qué pena: encontramos entidades demasiado importantes para dejarlas caer e inquilinos vulnerables demasiado pequeños para cambiar las reglas.

En febrero de este año se separa la revalorización de las pensiones de otras medidas sociales para facilitar su aprobación. Y llega el Real Decreto-ley 2/2026, con protección frente a determinados desahucios y lanzamientos de personas vulnerables, con prórroga hasta el 31 de diciembre con condiciones y excepciones. El Congreso lo deroga a finales de febrero y, durante el verano, vuelven las negociaciones sobre vivienda, desahucios e incentivos fiscales sin llegar a cerrarse. En vano. Hay que insistir: si una fórmula falla, se cambia; si un decreto no sale, se negocia otro. Y, sobre todo, sin convertir al propietario en el enemigo. Tiene derechos, igual que el inquilino, y una emergencia habitacional no puede recaer sobre una sola parte. Hace falta vivienda pública, compensaciones, servicios sociales y reglas claras. Ni barra libre para la especulación ni demonización de quien tiene una vivienda; ni mercado sin límites ni un Estado sin recursos. Equilibrio. Qué palabra tan poco épica y qué falta nos hace.

Mientras, el Sindicato de Inquilinas acompaña a Maricarmen y lleva su caso a Naciones Unidas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pide a España suspender su desahucio o garantizar una alternativa habitacional adecuada. No es una sentencia de un tribunal español, pero sí una llamada de atención internacional. Y, pese a todo, Maricarmen sale de su casa en una camilla convertida en eslogan. Patriotismo es defender una frontera y defender a nuestros mayores y a nuestros vulnerables; la propiedad privada y una vivienda digna; el mercado y unas reglas especiales para los bienes esenciales. Podemos aceptar que alguien gane dinero y exigir proporcionalidad cuando ese beneficio choca con derechos fundamentales. Un país es territorio, bandera y frontera. Y lo forman sus mayores, sus trabajadores, sus familias, sus jóvenes, sus barrios y sus vecinos. Ah, y sus distintas singularidades territoriales. Y quienes tienen menos capacidad para defenderse cuando una decisión económica o jurídica puede cambiarles la vida.

Quizá el patriotismo empiece ahí: en no mirar hacia otro lado cuando uno de los nuestros necesita ayuda. En recordar que antes que propietarios, inquilinos, inversores, bancos, partidos o números somos personas. En entender que cobrar una deuda puede ser legítimo y proteger a quien atraviesa dificultades también. En preguntarnos qué país queremos construir para quienes viven dentro de él.

El día 23 sentí sobre todo vergüenza. Perdí a mi patria. O no.