El presidente de Meliá vuelve a cargar contra el alquiler vacacional desbloqueado por el PP: “Pasará factura”

El presidente de Exceltur y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha vuelto a cargar contra las cerca de 90.000 plazas de alquiler vacacional que el nuevo decreto turístico aprobado en Balears por PP -con el apoyo de Vox- permitirá volver a poner en circulación, una circunstancia que ha considerado que podrá “pasar factura” y “restar competitividad” a los hoteleros.

Tras mantener una reunión con el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), Escarrer se ha referido así al decreto de contención turística con el que los populares contemplan hacer frente a la saturación que cada año roza límites extremos en las islas y cuya aprobación le costó al Ejecutivo un duro enfrentamiento con el sector hotelero, que llegó a tildar de “aberrante” y “escandaloso” el contenido del nuevo reglamento.

El propio Escarrer arremetió con dureza contra las nuevas medidas planteadas por el Govern balear del PP. Lo hizo a través de una carta difundida en prensa en la que recriminaba el desbloqueo previsto de las 90.000 plazas de alquiler vacacional que, en su opinión, provocará que las islas se llenen “de turistas low-cost con maletas rodando por el centro de nuestras poblaciones y cajetines con llaveros en los portales, servicios públicos saturados e infraestructuras -carreteras, playas, transportes- colapsados”.

La principal medida que incluye el decreto pasa por desbloquear y reactivar 90.000 antiguas plazas de alquiler turístico que habían sido dadas de baja debido a su situación irregular, una propuesta que ha sido severamente criticada por los hoteleros so pretexto de que esas viviendas podrían recuperar su uso residencial con el objetivo de destensionar el mercado de la vivienda.

Respeto a la reunión de este lunes, el empresario ha señalado que fue el propio Le Senne quien le solicitó mantener un encuentro, que finalmente se ha prolongado durante cerca de una hora y en el que han hablado del sector turístico y de la economía de Balears.

Tras la reunión con el máximo responsable del Parlament, Escarrer ha señalado que le ha expuesto algunas de sus inquietudes, de entre las que ha destacado el desbloqueo de las plazas que antes estaban “en el limbo” y que el nuevo decreto turístico pactado entre el Govern y Vox permitirá poner en circulación.

De este modo, ha reiterado -como ya había hecho anteriormente en redes sociales y tribunas publicadas en prensa-, se ha perdido “una oportunidad única” para eliminar estas plazas. “No estoy en contra del alquiler turístico, estoy en contra de un modelo turístico que aporta muy poco a la ciudadanía. Y sobre todo estoy en contra de todo lo que suponga ilegalidades: alquiler turístico ilegal, guías ilegales, taxis piratas, 'party boats'... Nos resta competitividad y nos da una imagen que tal vez no sea la más adecuada”, ha aseverado.

El consejero delegado de Meliá ha apuntado que desde el Govern no se pusieron en contacto con ellos antes de aprobar el decreto y ha desechado la posibilidad de que algunos aspectos pudieran modificarse durante su tramitación parlamentaria, como el de las plazas de alquiler vacacional. “Yo creo que es una decisión tomada y nos puede pasar factura, sin lugar a dudas”, ha sentenciado.

En la carta publicada anteriormente en prensa, y bajo el pretexto de la actual crisis de la vivienda, atravesada por la especulación inmobiliaria y la voracidad de los fondos de inversión, Escarrer achacaba al alquiler vacacional las dificultades a la hora de acceder a un hogar: “¿A quién interesa esta deriva? ¿Las decisiones se basan realmente en el interés general y en el análisis de las necesidades sociales? ¿Puede entender alguien que ante una emergencia habitacional no se priorice, entre otras medidas que puedan impulsarse, la posibilidad de acceder a una vivienda a los trabajadores y ciudadanos de las islas?”.

En su texto, auguraba, además, una segunda “balearización”, término con el que se conoce el crecimiento sin ningún tipo de control que se produjo en los años sesenta y setenta en Balears y que promovió un urbanismo desenfrenado, desordenado y sin planificación al abrigo del auge del turismo en España. Ello a pesar de que, paradigmáticamente, Meliá fue una de las grandes empresas que contribuyó a este fenómeno al exportar al Caribe, junto a otras grandes cadenas del imperio hotelero balear, un modelo turístico-inmobiliario asociado con el modelo de sol y playa y a la construcción de infraestructuras turísticas a gran escala en detrimento de la sostenibilidad ambiental y la diversidad cultural.

Con todo, el alquiler vacacional no se ha librado de las críticas de las entidades sociales al considerar que el auge de este fenómeno, junto a la especulación inmobiliaria, la compra masiva por parte de extranjeros de alto poder adquisitivo y avidez de los fondos buitre, ha disparado los precios de la vivienda, provocando que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios como consecuencia de la imparable gentrificación. No en vano, muchos propietarios prefieren alquilar a turistas a corto plazo para obtener mayor rentabilidad, lo que ha agravado la escasez de vivienda disponible para los ciudadanos locales y ha provocado la pérdida de identidad de las barriadas.

Asimismo, las asociaciones vecinales, los sindicatos y las plataformas por el derecho a la vivienda en Balears centran sus denuncias sobre los alquileres turísticos ilegales al recriminar que estos alimentan una espiral de exclusión residencial y degradación del tejido social mientras cientos de familias no pueden permitirse un alquiler digno. Un informe de The Airbnb ‘movement’ for desregulation (el ‘movimiento’ de Airbnb por la desregulación) apunta a cómo la plataforma Airbnb se encarga de “seleccionar, reclutar y construir relaciones de confianza con los propietarios adecuados” para sabotear la regulación de los pisos turísticos, tal como difundió en abril de 2021 la Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana (ATTAC).