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El Govern del PP en Balears admite ahora que 23 altos cargos no han presentado aún sus declaraciones de bienes

El vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa, y la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, durante un pleno en el Parlament balear

Esther Ballesteros / Europa Press

Mallorca —

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El Govern balear del PP ha reconocido esta tarde que 23 de sus altos cargos no han presentado aún sus declaraciones patrimoniales, después de que en el pleno del Parlament celebrado este martes el diputado del PSIB-PSOE Ares Fernández criticase que hasta 39 cargos no habían publicado todavía sus certificados de bienes en el portal de transparencia del Ejecutivo, lo que inicialmente el Ejecutivo ha achacado a “errores” de esta web. Como caso paradigmático, el socialista ha recriminado que el director general de Transparencia “no haya publicado ni una cuenta corriente”. “Ya nos dirán cómo le pagan el sueldo”, ha deslizado.

Fuentes de la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas han matizado posteriormente que, de los 23 altos cargos, seis todavía se encuentran dentro de los plazos legales previstos para su presentación dado que su incorporación al puesto ha sido reciente. El departamento que dirige Antònia Estarellas ha pedido disculpas por esta situación y ha asegurado que trabaja para subsanarlo lo antes posible.

Las mismas fuentes han explicado que hay 17 casos, entre los que estaría el director general de Transparencia, que aunque no han presentado las declaraciones patrimoniales ante el Ejecutivo autonómico, sí que lo hicieron ya en otras instituciones.

Durante el pleno, la consellera ha admitido que en el portal de transparencia puede haber errores, que se subsanarán, pero ha negado cualquier intención de ocultar información. Además, ha asegurado que en dos semanas, el Ejecutivo recibirá “un premio” en este sentido.

Cabe recordar que la proposición de ley que presentó el Partido Popular en la que se establece el cierre de la Oficina Anticorrupción de Balears prevé que, tras la clausura de este ente, las declaraciones de bienes de los cargos públicos tengan “carácter reservado”. Esto implica que esta información dejará de ser pública y que se depositará en el nuevo Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos de las Illes Balears, dependiente del Parlament. Éste será el nuevo encargado de custodiar las declaraciones de bienes de los cargos públicos. 

Durante su intervención, el diputado socialista ha lamentado que para “casi 40 cargos” -la cifra que después ha rebajado el Govern- “la ley no vaya con ellos”. Fernández ha llamado la atención, además, sobre el hecho de que, justo cuando se iba a presentar esta pregunta parlamentaria, la consellera de Vivienda, Marta Vidal, haya actualizado toda su información de los últimos ocho meses.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado también el diputado socialista Marc Pons, quien ha cuestionado que “cuanta menos transparencia, más posibilidades de corrupción”, criticando “la apuesta por la oscuridad que está haciendo el Govern”.

Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo balear, Antoni Costa, ha respondido a Pons que el Govern es “sin ninguna duda” un “buen ejemplo de aplicación de las políticas de lucha contra la corrupción”.

Costa ha criticado que los socialistas quieren conservar la Oficina Anticorrupción “como instrumento político para atacar al Govern”. En esta línea, ha reprochado al PSIB que “no les preocupa” que el Gobierno central “ataque la autonomía tributaria de Balears”, que se recupere el Reglamento de Costas que “machaca negocios de Formentera” o la reclamación de una insularidad digna.

Asimismo, Pons ha lamentado que se esté preparando una ley que “elimina los controles a los políticos y que declara secretas las mencionadas declaraciones patrimoniales de bienes de los altos cargos”. Por último, ha pedido que en el plazo de una semana los 40 cargos públicos del Govern presenten sus declaraciones.

Por otra parte, respondiendo a la diputada del PSIB Mercedes Garrido en relación a la internalización de IB3, la consellera ha insistido en que el proceso sigue dentro del margen legal previsto y que contará con los recursos correspondientes.

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