El PP reivindica como “democrática” la derogación de la ley balear de memoria pero “acatará” al Constitucional

El Govern de Marga Prohens (PP) ha reivindicado la derogación de la ley balear de memoria y reconocimiento democráticos, aunque asegura acatará la decisión que adopte el Tribunal Constitucional (TC) tras el anuncio del Gobierno central de recurrir la supresión de la norma, culminada el pasado mes de marzo por conservadores y Vox.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha manifestado este martes en el pleno del Parlament que el Ejecutivo autonómico defenderá la autonomía de la Cámara balear, aunque respetará el eventual pronunciamiento del alto tribunal. “Acataremos lo que diga la Justicia porque creemos en el poder judicial”, ha afirmado.

La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, anunció la semana pasada la interposición del recurso de inconstitucionalidad después de que fracasaran las negociaciones abiertas con el Ejecutivo balear para intentar revertir la derogación del texto, que contemplaba medidas como la elaboración de un censo de símbolos franquistas para facilitar su retirada, la prohibición de actos de exaltación de la dictadura, la conservación de archivos vinculados a la memoria democrática y la garantía de acceso a la documentación relacionada con la represión franquista.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ofreció al Govern abrir una vía de negociación para restituir la ley. Sin embargo, las conversaciones no fructificaron y el Ejecutivo central ha optado finalmente por acudir al Constitucional con la intención además de que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento.

El Gobierno sostiene que la decisión cuenta con el aval del Consejo de Estado, que considera que la supresión de la norma balear vulnera el deber de colaboración de las comunidades autónomas en el desarrollo de la Ley estatal de Memoria Democrática. El órgano consultivo entiende además que la derogación afecta a derechos fundamentales relacionados con la dignidad de las personas y la integridad moral de las víctimas.

Durante el debate parlamentario de este martes, Estarellas ha reivindicado la actuación del Govern en materia memorialista a través de la ley de fosas, una normativa que permanece vigente y que ha permitido continuar con las tareas de localización e identificación de represaliados. Según ha detallado, durante esta legislatura se han abierto ocho fosas comunes y actualmente se trabaja en otras dos, con un balance de 24 cuerpos recuperados.

La consellera ha insistido en que el Govern todavía espera conocer el informe de la Abogacía del Estado sobre el recurso anunciado por Moncloa y ha defendido que la derogación de la ley de memoria fue una decisión adoptada de forma plenamente legítima por la mayoría parlamentaria. “Fue un acto democrático, no un asalto”, ha espetado.

Desde la oposición, la diputada socialista Pilar Costa ha dado por hecho que el Constitucional acabará suspendiendo cautelarmente la derogación, como ya ha ocurrido con otras iniciativas similares impulsadas por gobiernos autonómicos de PP y Vox. En ese escenario, ha preguntado al Govern cómo piensa actuar cuando la norma vuelva temporalmente a estar vigente.

Costa también ha acusado al Ejecutivo balear de haber incumplido la ley de memoria cuando todavía estaba en vigor. A su juicio, el hecho de que Estarellas se remita exclusivamente a la ley de fosas evidencia que el Govern dejó de aplicar buena parte de las políticas públicas contempladas en la normativa derogada.

La ley balear de memoria, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. 

Su derogación ha seguido la senda de autonomías como Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, cuyas normativas de memoria democrática han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia. El Gobierno ha recurrido la supresión de todas ellas mientras mantiene negociaciones sobre iniciativas impulsadas en otros territorios como Extremadura.

El Ejecutivo central considera que las normas de 'concordia' “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”. Asimismo, sostiene que estas reformas mantienen aspectos vinculados a las exhumaciones pero eliminan elementos esenciales relacionados con el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.