El PP subvencionará a grandes propietarios para 'rescatar' pisos vacíos y ampliar la oferta de alquiler en Balears

El Govern balear ha decidido ampliar a grandes propietarios y viviendas turísticas el programa público 'Alquiler seguro', una iniciativa impulsada por el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) con el objetivo de captar viviendas vacías y sacarlas al mercado residencial. Mientras el Govern defiende que esta apertura es necesaria para incrementar la oferta de alquiler “asequible”, la izquierda y los colectivos sociales llevan tiempo cuestionan el enfoque del programa al considerar que prioriza la concesión de incentivos a los propietarios mientras los precios continúan fuera del alcance de buena parte de la población trabajadora.

Se da la circunstancia de que Balears es una de las Comunidades Autónomas que cuentan con un mayor número de viviendas en manos de grandes tenedores, es decir, de aquellos que poseen más de una decena de inmuebles: a finales de 2024, la cifra ascendía a un total de 26.061 viviendas -el 4,53% del parque total del archipiélago-, de acuerdo a la investigación llevada a cabo por elDiario.es con datos inéditos del Catastro. De todas ellas, 6.672 pertenecen a tenedores que poseen más de cien inmuebles.

Pese a negar el “fracaso” de una medida presentada como una de las piezas centrales del plan de choque autonómico en vivienda -apenas ha conseguido incorporar 82 inmuebles en todo el archipiélago frente a las entre 2.000 y 3.000 viviendas previstas inicialmente-, el Govern ha decidido ampliar el programa de 'Alquiler Seguro': el nuevo diseño del programa permitirá que se adhieran titulares de múltiples viviendas, personas jurídicas, pisos turísticos, viviendas afectadas por okupaciones o desahucios por impago e incluso inmuebles pendientes de reforma, al tiempo que se refuerzan las garantías económicas para los propietarios y se abre la puerta a adelantos públicos de hasta 50.000 euros para rehabilitar viviendas privadas.

La iniciativa mantiene, asimismo, uno de sus requisitos más polémicos: solo podrán acceder a estas viviendas quienes acrediten al menos cinco años de residencia en Balears, una condición que el Govern ha extendido a otras medidas y que deja fuera a una parte significativa de la población migrante y recién llegada a las islas pese a trabajar y residir en ellas.

A partir de ahora, los propietarios con licencia de alquiler vacacional podrán ceder sus inmuebles al 'Lloguer Segur' aunque no lleven seis meses vacíos, como se exigía hasta ahora. El Govern sostiene que pretende así facilitar el retorno de pisos turísticos al mercado residencial, a pesar de que las rentas máximas previstas continúan muy por encima de lo que numerosos colectivos consideran alquileres realmente asequibles.

En Mallorca y Menorca, el Ejecutivo pagará a los propietarios hasta 1.500 euros mensuales por vivienda -2.100 euros en Eivissa y Formentera-, de modo que los precios a pagar como máximo por los inquilinos se sitúan en 1.050 euros en Mallorca y Menorca, y en 1.470 en Eivissa y Formentera, unas cifras, con todo, alejadas de la capacidad económica de trabajadores, jóvenes y familias expulsadas del acceso a una vivienda digna.

El Govern también permitirá incorporar viviendas procedentes de desahucios por impago y casos de ocupación ilegal sin necesidad de acreditar que llevaban meses vacías. El Ejecutivo justifica esta decisión en la necesidad de ofrecer “seguridad jurídica” a los propietarios e incentivar que vuelvan a poner sus inmuebles en alquiler. Además, el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) podrá adelantar hasta 50.000 euros para financiar reformas o rehabilitaciones, cantidad que posteriormente se descontará de las rentas futuras percibidas por el propietario.

Otro de los elementos más cuestionados es el papel protagonista otorgado al sector inmobiliario en la gestión del programa. El 'Lloguer Segur' cuenta como entidades colaboradoras con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) y el Colegio de Administradores de Fincas de Balears (CAFBAL), encargados de participar tanto en la captación de viviendas como en la gestión y seguimiento de contratos.

Una de las formaciones más críticas ha sido Més per Menorca, que considera “inconcebible que una presunta política de vivienda consista en subvencionar a quienes ya están en condiciones de acceder a una vivienda sin ayudas y, en cambio, excluya a quienes tienen mayores dificultades -por no decir imposibilidad- de acceder si no es con el apoyo de la administración”. Los ecosoberanistas critican, en este sentido, que mediante este programa se destinen “ingentes cantidades de dinero público a subsidiar la especulación de las clases rentistas” en lugar de impulsar medidas más intervencionistas para movilizar vivienda vacía sin depender de transferir recursos públicos al sector inmobiliario privado.

La medida se inscribe, además, en la estrategia del Ejecutivo de Prohens de apostar por estímulos tributarios o liberalizar suelo mientras rechaza declarar las islas como zona tensionada o regular la compra de viviendas por parte de no residentes. En marzo del pasado año, PP y Vox impidieron con sus votos que el Parlament balear tomase en consideración una proposición de ley del PSIB-PSOE dirigida a declarar, en medio de la actual emergencia habitacional, zonas de mercado residencial tensionadas en el archipiélago y topar con ello los precios de los alquileres. Del mismo modo, en abril, ambos socios de investidura volvieron a rechazar una moción de Podemos dirigida a instar al Govern a declarar como zona tensionada todos los municipios de Balears y considerar gran tenedor a aquellos que tengan cinco o más viviendas.

La especulación inmobiliaria, la irrupción masiva de fondos de inversión internacionales y la turistización son algunos de los factores que han empujado a cientos de personas a la precarización habitacional. En enero, el precio medio del alquiler era un 70,2% más alto que en 2021 en Balears frente a una demanda que ha alcanzado niveles extremos: 147 personas se interesan por cada vivienda disponible en apenas diez días, casi diez veces más de lo que los expertos consideran compatible con un mercado equilibrado. En Palma, sus residentes deben destinar casi el 70% de su salario bruto mensual al alquiler de una vivienda media de 90 metros cuadrados, cuyo precio alcanza los 1.767 euros al mes, según los últimos datos publicados por pisos.com. En este contexto, centenares de personas se han visto abocadas a vivir hacinadas en infraviviendas, caravanas y edificios abandonados.