Condenado a dos años un exconcejal del PP en Mallorca por abusos sexuales a una niña a la que daba clases de repaso
LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN
El exconcejal del PP en el ayuntamiento de Santa Margalida (Mallorca) Miquel Roig ha reconocido este lunes haber abusado sexualmente de una niña de 13 años a la que daba clases de repaso en su domicilio, aceptando con ello dos años de prisión. Se trata de unos hechos por los que fue detenido el 30 de junio de 2021 y por los que dimitió como regidor popular.
El procesado, de 63 años en el momento de los hechos, se ha sentado este lunes en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears, donde ha alcanzado un acuerdo con las acusaciones por el que evitará la entrada en la cárcel con la condición de no delinquir en tres años. Asimismo, deberá indemnizar a la víctima con 4.000 euros.
En concreto, los hechos se produjeron en abril de 2021, cuando el hombre, aprovechando que impartía en su domicilio clases de repaso a la niña, le realizó tocamientos por debajo de la ropa y le propinó varias palmadas en el trasero.
La menor precisó someterse a un proceso terapéutico como consecuencia de los sentimientos de vergüenza y culpabilidad que le generó la situación.
A lo largo de su trayectoria política, Roig llegó a dimitir en hasta en tres ocasiones. La primera de ellas, en 2001, Roig abandonó el cargo como concejal de Turismo y teniente de alcalde a raíz de las diferencias políticas y conflictos personales dentro de su propio partido. Ese mismo año, cuando aún era concejal, se le vinculó con la construcción de un aparcamiento ilegal en Santa Margalida, uno de los factores que contribuyó a su dimisión como concejal.
En 2006, Roig, que seguía vinculado a la política y al PP, dimitió como regidor de Sanidad y Bienestar Social debido a las críticas y la tensión generadas por la gestión del Punto de Atención Continuada (PAC) de Can Picafort, que atravesaba dificultades en cuanto a recursos y personal sanitario. Se da la circunstancia de que la construcción de esta instalación fue aprobada en 2001 con los votos del PP y Ca'n Picafort Unit (CPU) en un pleno urgente y extraordinario declarado ilegal, cinco años después, por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) al haber sido convocado con la ausencia de varios concejales de la oposición.
Finalmente, en 2021 cesó de su cargo a raíz de las acusaciones por abusos sexuales.
1