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Estados Unidos, ajeno a los acuerdos internacionales: sólo Bután ha ratificado menos tratados de derechos humanos

Trump desembarca del Air Force One y se dirige a la multitud en el aeropuerto de Mosinee, Wisconsin.

Javier Biosca Azcoiti

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Esta semana, la ONU celebra su 75 aniversario ante una crisis que ha puesto en evidencia las fragilidades del mundo. El secretario general, Antonio Guterres, inauguraba el debate de la Asamblea General insistiendo en la necesidad de un mayor multilateralismo. Minutos después, el presidente Donald Trump pronunciaba su discurso. Aunque no hizo mención a su ya tradicional “globalismo contra patriotismo” de otros años, el tono fue el mismo y se reafirmó en su máxima nacionalista del America First.

“Hoy estamos frente a nuestro propio 1945”, advertía Guterres. “Necesitamos más cooperación internacional, no menos; fortalecer las instituciones multilaterales, no abandonarlas; una mejor gobernanza global, no una caótica ley de la selva”. 

Durante su primer mandato, que ahora llega a su fin, Trump ha hecho precisamente lo contrario, sacando a Estados Unidos de grandes organismos del universo ONU, como la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud (OMS) –cuya retirada se hará efectiva en julio de 2021 si no se revierte antes– y el Consejo de Derechos Humanos, siempre acusándolas de “sesgadas”. También ha sacado a EEUU del Acuerdo de París por el Clima, del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, del acuerdo nuclear con Irán y de varios tratados de control de armas con Rusia, entre otros.

Sin embargo, EEUU lleva décadas al margen de importantes tratados que sitúan a la primera potencia mundial a la cola de los convenios de derechos humanos, fuera de la Corte Penal Internacional y de los acuerdos que impulsan la prohibición de armas que representan un elevado riesgo para la población civil atrapada en zonas de conflicto.



Estados Unidos, por ejemplo, solo ha firmado y ratificado cinco de los 18 tratados internacionales de derechos humanos –entre los 18 están incluidos los protocolos adicionales a los textos principales–. Solo Bután, con cuatro, está por debajo de Estados Unidos en menos ratificaciones de acuerdos internacionales (otros microestados como Niue, Palau, Tonga y Tuvalu también han ratificado menos que el país norteamericano). España, por ejemplo, ha firmado y ratificado 17 de los 18. En cambio, en América Latina, muchos países han ratificado la mayoría de los textos –Ecuador, Bolivia, Argentina y Paraguay son Estados parte de los 18 tratados–.

“Yo creo que la no ratificación tiene más que ver con su propio funcionamiento interno que con la arrogancia que se suele achacar a Estados Unidos”, dice Carlota García Encina, investigadora principal de EEUU y relaciones transatlánticas del Real Instituto Elcano. La experta recuerda que un tratado internacional tiene que ser aprobado por dos terceras partes del Senado. “Siempre habrá un senador republicano, porque suelen ser republicanos, con problemas de soberanía”. El ejemplo paradigmático es la creación de la Sociedad de Naciones para asegurar la paz tras la Primera Guerra Mundial. Aunque EEUU fue uno de los grandes promotores de la iniciativa bajo el liderazgo del presidente Woodrow Wilson, el Senado rechazó el ingreso del país en la que es considerada como la precursora de la ONU.

Los derechos del niño y la discriminación contra la mujer

Estados Unidos, por ejemplo, es el único país del mundo que no es parte del Convenio de los Derechos del Niño de 1990, sobre el que se sostiene UNICEF. “Estados Unidos dice que esos derechos ya están recogidos en sus leyes y que incluso van más allá, pero es fácil demostrar que no es cierto”, dice a elDiario.es Blanca Hernández, portavoz de Amnistía Internacional para temas de EEUU. “Hasta hace poco aplicaban pena de muerte contra personas que habían cometido el crimen siendo menores de edad. Eso ya no sucede, pero siguen haciendo algo que la convención prohíbe, como cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”. Además, oficialmente EEUU alega que el texto “entra en conflicto con la autoridad de los padres”.

En el caso de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), los únicos que no están obligados por el tratado son Estados Unidos, Sudán, Somalia e Irán. Este es el tratado de derechos de la mujer más importante del mundo y permite el examen de los países miembros por parte del comité y tiene la competencia de estudiar denuncias de casos particulares. 

“No ser parte de una convención fundamental es realmente una falta de responsabilidad”, decía en 2018 Nicole Ameline, vicepresidenta del comité de 23 miembros de la CEDAW en una entrevista con elDiario.es. “He trabajado mucho desde hace 12 años con Bill Clinton, con Barack Obama y con Hillary Clinton para empujar al Gobierno. A veces la resistencia es del Congreso y otras, como hoy probablemente, del propio presidente”.

Estados Unidos es de los pocos que tampoco ha ratificado el Convenio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado por 171 países). “Durante casi tres décadas, EEUU ha jugado un papel central en disuadir y a veces bloquear el desarrollo del concepto de derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en el contexto del régimen internacional de derechos humanos”, escribía en 2009 el experto en derecho internacional Philip Alston y exrelator especial de la ONU sobre extrema pobreza. Alston cree que muchos en EEUU ven este concepto como “derechos no económicos, socialistas y colectivos”. Durante la Guerra Fría existió una división entre los dos bloques entre los derechos económicos, sociales y culturales –más apoyados por el bloque soviético– y los derechos políticos y civiles –más apoyados por EEUU–.

Trump, las minas antipersona y la munición de racimo

Al margen de los tratados de derechos humanos, EEUU tampoco ha ratificado el Estatuto de Roma, mediante el cual se crea la Corte Penal Internacional, con capacidad de juzgar los crímenes más graves: genocidio y crímenes de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Washington había firmado –no ratificado– el estatuto en 2000, pero dos años después George W. Bush retiró oficialmente la firma. El país norteamericano es de los pocos que tampoco es parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En cuanto a armamento, EEUU tampoco ha ratificado la Convención sobre las Municiones en Racimo ni la Convención sobre la prohibición de minas antipersona. Ambas están consideradas como un armamento peligroso para la población civil atrapada en zonas de conflicto. “Las minas antipersonal no pueden distinguir entre soldados y personas civiles y suelen matar o mutilar gravemente. Al ser relativamente baratas, pequeñas y de fácil manejo, han proliferado por decenas de millones, causando indecibles sufrimientos y devastando social y económicamente a docenas de países en todo el mundo”, sostiene el Comité Internacional de la Cruz Roja

Además de no ser parte de ambos tratados, Trump levantó en noviembre de 2017 una directiva del Pentágono que restringía el uso de las municiones de racimo y calificó estas arma como “una capacidad militar vital” para el país. Además, en enero de 2020, el presidente levantó también las restricciones internas sobre el uso de las minas antipersona establecidas por Obama en 2014. Trump alegó que la política del expresidente situaba a los soldados estadounidenses “ante una grave desventaja”.

Trump también ha recibido múltiples críticas por retirarse del Acuerdo de París sobre el Clima –la salida entrará en vigor en noviembre–, dejando a EEUU como el único país del mundo no firmante (otros ocho Estados han firmado, pero no han ratificado). Sin embargo, EEUU tampoco ratificó el Protocolo de Kyoto de 1997 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Solo EEUU, Sudán del Sur y Canadá no han ratificado ese texto

“Es un problema grave sobre todo cuando el país toma una actitud de deprecio y desacredita tratados internacionales. Puede inspirar a otros países a seguir su estela. El efecto se multiplica porque EEUU tiene mucha influencia”, dice Hernádez, de Amnistía Internacional.

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