“No somos malvados, es que el Gobierno nos ha olvidado”: se disparan los linchamientos en el México rural

En una soleada tarde de principios de agosto, Socorro Muñoz corrió a esconderse en el interior de su tienda cuando la plaza rodeada de laureles donde se encuentra su establecimiento se convirtió en el escenario de una ejecución pública.

“No lo quería ver”, explica esta tendera de 62 años, al recordar la ola de linchamientos que ha tenido lugar en la pintoresca Plaza de la Constitución de Tepexco, y que ha dejado un balance de siete muertos. Todos ellos, presuntos secuestradores.

Algunos testigos indican que muchas personas de esta comunidad campesina lo vivieron de forma distinta y llenaron la plaza para ver una matanza a la que simplemente se refieren como “los hechos”.

Los justicieros mataron a tres presuntos miembros de bandas criminales, uno de ellos, un adolescente. Los llevaron a rastras desde la comisaría del pueblo, los interrogaron y los colgaron de un aro de baloncesto, amarillo y oxidado, mientras la muchedumbre pedía justicia y sangre.

“Dios mío, al chico de 16 años lo colgaron y luego, cuando lo bajaron, todavía respiraba, todavía estaba vivo”, recuerda Muñoz con horror: “Y cuando la multitud vio que todavía respiraba, empezó a gritar: '¡Vuelvan a colgarlo! ¡Vuelvan a colgarlo!' Y entonces lo volvieron a colgar. Fue horrible. Nunca habíamos visto nada parecido”.

Estos linchamientos públicos, ocurridos el pasado 7 de agosto en el estado mexicano de Puebla, son la última manifestación de una enfermedad que afecta a varios países de la región, desde Bolivia hasta Brasil. De hecho, el presidente de este último país, el ultraderechista Jair Bolsonaro, afirmó recientemente que los criminales se merecen “morir en la calle como cucarachas”.

Casi todas las semanas, los periódicos latinoamericanos se hacen eco de actos de justicia popular, a menudo organizados por ciudadanos que respetan la ley en cualquier otra circunstancia. Estos linchamientos cada vez tienen una mayor presencia en las redes sociales y se documentan con teléfonos móviles. En un caso reciente en la Amazonía brasileña, los justicieros se abrieron paso con mazas en una comisaría de policía en busca de un presunto asesino, antes de matarlo a machetazos y guadañas.

A pesar de que estos actos justicieros se dan en toda la región, México, donde el año pasado se registró una cifra récord de 35.964 asesinatos y donde la mayoría de los crímenes quedan sin resolver, se ha visto particularmente afectado. La cifra de linchamientos casi se triplicó el año pasado, pasando de 60 incidentes en 2017 a 174. De estos, 58 terminaron con muertos. En el primer semestre de este año esta tendencia ha continuado. El experto en seguridad Eduardo Guerrero calcula que al menos se han registrado 42 asesinatos en manos de ciudadanos que piden que se haga justicia.

“Es realmente alarmante”, señala Elisa Godínez Pérez, una antropóloga mexicana que estudia los linchamientos públicos: “Hay regiones como Puebla donde la situación está prácticamente fuera de control”.

Godínez, una estudiante de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que la dejadez de la policía, el fracaso del sistema judicial y el auge del crimen organizado han creado el perfecto “caldo de cultivo” para los actos de justicia popular en comunidades marginadas como Tepexco.

Acosados por delincuentes, ignorados por el Estado y con poco acceso a la justicia, los habitantes de estas zonas se sienten “expuestos y sacudidos”, y que no tienen más remedio que tomarse la justicia por su cuenta.

Tepexco, una comunidad de 3.000 agricultores de maíz y sorgo que todavía no se ha recuperado del último gran terremoto que sacudió a México en septiembre de 2017, no ha conseguido escapar de la negligencia de las autoridades. Casi dos años después, sus dos iglesias católicas siguen en ruinas, los edificios afectados por el terremoto aún no han sido demolidos y la escuela primaria no ha sido reconstruida. Unos 200 niños estudian en un conjunto de casas prefabricadas situadas delante de la plaza donde se ejecutaron a los presuntos delincuentes.

“[Las autoridades] se han olvidado de nosotros”, lamenta Jesús Vargas, concejal de la localidad, durante un recorrido por la deteriorada infraestructura de Tepexco.

Los habitantes consideran que la policía también los ha abandonado, y se quejan de una ola de secuestros, robos y asesinatos contra campesinos y ganaderos locales que el gobierno no ha podido prevenir. El linchamiento de este mes fue en respuesta a un reciente intento de secuestro.

“Tenemos un gobierno que no sirve para nada, que nos ha olvidado, por eso los ciudadanos nos tomamos la justicia por nuestra cuenta”, afirma Muñoz. “Porque ya no creemos en el sistema. Ya no creemos en las autoridades.... es por este motivo que se han producido estos linchamientos. No es que seamos malvados”.

Los cadáveres ya habían sido retirados de la plaza cuando un convoy de todoterrenos blindados entró en Tepexco el domingo por la mañana, cuatro días después de “los hechos”.

El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, integraba este contingente, en lo que ha sido una de sus pocas visitas a esta localidad. Su visita tenía por objetivo condenar los linchamientos, pero también comprender lo que él llama una respuesta inevitable al “abandono institucional”. Las autoridades desplegaron a docenas de agentes fuertemente armados.

“Consideramos lo sucedido como la reacción de unas personas que están hartas de esta situación”, indicó el gobernador en un discurso pronunciado en una sesión de emergencia sobre el Estado de derecho celebrada en la localidad. Barbosa es un aliado del presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Tomar la justicia por nuestra cuenta es una forma de responder [al crimen]”, indicó Barbosa. “Pero no es legal y deben entenderlo y aceptarlo. Actos así no deben repetirse en ninguna parte de Puebla. Por eso necesitamos un sistema de seguridad pública que sea eficiente y efectivo y que los proteja”.

El gobernador se fue de la localidad sin pasar por el lugar de la matanza. Tras su marcha, algunos funcionarios buscaron minimizar la importancia de los linchamientos al afirmar que los justicieros provenían de pueblos vecinos.

“Tepexco es un lugar tranquilo y pacífico”, insistió Porfirio Valentín Luna, secretario de Gobierno de la zona. Valentín lamentó que los niños hayan visto cómo su patio de recreo se convertía en una horca pública. “Desafortunadamente, los niños vieron estos lamentables eventos”, señaló: “Era inevitable.”

Pero muchos residentes no se arrepienten de lo que pasó. “La gente ya está harta y es la única manera de defenderse”, afirma un empresario local, que pidió no ser identificado. Aclara que el linchamiento no “fue una decisión de una persona, sino de todo el pueblo”.

El hombre no puede evitar ponerse nervioso cuando describe la situación de abandono que, según él, justifica las ejecuciones. “Si alguien viene y quiere matar a su familia, usted la defenderá, con uñas y dientes, por cualquier medio que sea necesario, y no lo pensará dos veces. Esta es la reacción que han tenido los lugareños. Somos gente de paz”, e insiste: “Si esta gente regresa, lo volveremos a hacer”.

Traducido por Emma Reverter.