Los vecinos de las zonas cercanas al accidente del tren en Ohio se sienten olvidados: “Nadie va a venir a salvarnos”

Mientras una densa nube de humo tóxico descendía por Darlington, en el oeste del estado de Pensilvania, Patrick Dittman sabía que el catastrófico descarrilamiento del tren en el pueblo de East Palestine, en el estado colindante de Ohio, podía representar un peligro para su familia. 

Este camarero de 30 años vive y trabaja a pocos kilómetros de East Palestine, donde el pasado 3 de febrero un tren de mercancías de la empresa ferroviaria Norfolk Southern, de casi tres kilómetros de longitud y cargado con productos químicos tóxicos, descarriló parcialmente y se incendió.

Tres días después del accidente, una columna de humo y el hedor del plástico quemado se extendieron hacia el este, llegando hasta el estado de Pensilvania. Los primeros profesionales que acudieron al lugar decidieron provocar una explosión controlada del cloruro de vinilo que se encontraba en los vagones para prevenir el riesgo de una explosión que podría haber causado muertes. La nube tóxica cubrió el municipio de Darlington, una pequeña comunidad rural de 1.800 habitantes, y cubrió de hollín negro los jardines, los cultivos y los automóviles.

“Aunque vivimos fuera del radio de evacuación, hubiéramos preferido alejarnos de la nube química, pero no teníamos adónde ir. Nadie se ha pronunciado sobre las implicaciones de este accidente. Es muy preocupante”, señala Dittman.

Los organismos reguladores que supervisan las tareas de limpieza en East Palestine se han comprometido a hacer que la multimillonaria compañía ferroviaria pague por el coste de toda la operación. Pero las comunidades vecinas se sienten abandonadas. 

Dittman ha pagado de su bolsillo análisis de laboratorio para comprobar la presencia de compuestos orgánicos volátiles, como cloruro de vinilo y benceno, sustancias químicas cancerígenas filtradas desde el tren, en el suelo de su jardín y en el agua de su pozo. Las pruebas le han costado unos 300 dólares (280 euros).

Se sintió aliviado cuando el laboratorio confirmó que no había encontrado sustancias tóxicas, pero ahora está esperando los resultados de otras pruebas mucho más caras mientras crece la preocupación por el impacto sobre la salud y el medioambiente de los subproductos químicos del cloruro de vinilo, como las dioxinas. Los expertos en salud ambiental han indicado que son muy tóxicas y sus efectos son duraderos, y pueden acumularse en el suelo y el agua que ingieren los animales de pastoreo y los cultivos.

“Tengo una hija de siete meses, así que estoy haciendo todo lo que está en mis manos para asegurarme de que esté segura. Nadie va a venir a rescatarnos y no nos queda otra que protegernos”, afirma Dittman.

La compañía ferroviaria Norfolk Southern, que el año pasado obtuvo unos beneficios de 3.000 millones de dólares (unos 2.800 millones de euros), se ha comprometido a aportar 11,8 millones de dólares (unos 11 millones de euros) a East Palestine, por ser el pueblo en el que descarrilló el tren, y también ha avanzado que atenderá las peticiones individuales de personas de otras poblaciones.

“Nadie ha pensado en los que estamos en el estado colindante. Este siniestro no nos ha afectado tan directamente como a los habitantes de East Palestine, pero también ha tenido un impacto sobre nuestra comunidad”, afirma Max Knechtel, de 26 años, un cliente de la taberna Greersburgh, mientras sigue la cobertura informativa de las consecuencias políticas del siniestro. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, fueron dos de los políticos que se desplazaron a East Palestine la semana pasada.

“Mi casa se encuentra a 15 metros de las vías del tren, mis hijos juegan al aire libre, mi perro ha enfermado. Si no nos hacemos pruebas ahora, más adelante, cuando afloren los problemas de salud, la compañía ferroviaria intentará echar la culpa a todo menos al tren”, lamenta Knechtel.

Una comunidad rural a la espera de respuestas

Darlington es una pequeña comunidad rural. La caza del ciervo, la pesca y el cultivo de huertos son actividades comunes y los habitantes dependen de pozos de agua privados cuya calidad supervisan ellos y no los organismos reguladores.

Al igual que en East Palestine, los lugareños están indignados y quieren que Norfolk Southern asuma todas las responsabilidades. Sin embargo, lo que más quieren es que se les informe y oriente sobre qué medidas deben tomar para protegerse a sí mismos y a sus familias de complicaciones sobre la salud a largo plazo.

“Fui a hacer mi trabajo, y espero no acabar antes en la tumba por ello”, afirma un agente de policía de Darlington que formó parte del primer equipo que el estado de Pensilvania desplegó en el lugar del siniestro.

El tren de 149 vagones estaba clasificado como tren de mercancías generales, no como tren con carga química inflamable de alto riesgo, por lo que en un primer momento las autoridades locales no sabían a qué toxinas se estaban exponiendo los primeros equipos de emergencia y los residentes cuando 50 vagones del tren descarrilaron o se incendiaron.

Un funcionario que habló con The Guardian bajo condición de anonimato ya que no está autorizado para hablar del accidente vive a 32 kilómetros al este de East Palestine. La nube negra tóxica también cubrió su comunidad: “La pesca y la caza del ciervo son una parte importante de nuestra vida, y hay muchas vacas y caballos, así que todos estamos preocupados por nuestro suelo y nuestra agua. He tenido un dolor de cabeza continuo, pero se han olvidado por completo de los que viven en el estado vecino”.

Las autoridades federales y estatales insisten en que Norfolk Southern, que en los últimos años ha desembolsado decenas de millones de dólares en contribuciones a campañas electorales y en ejercer presión en Washington para oponerse a una normativa más estricta, deberá responder por el coste de este accidente sobre la salud de la población y el medio ambiente, que era “100% evitable”.

La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA por sus siglas en inglés) ha asumido la coordinación de la operación de limpieza en medio de crecientes críticas por la falta de liderazgo, mensajes contradictorios y pruebas inadecuadas. Cada vez son más los que piden que se hagan análisis más exhaustivos para examinar las dioxinas y los PFAS, las sustancias químicas presentes en la espuma contra incendios, que se acumulan en el agua, el suelo, las plantas y los animales y que, según advierten los expertos en salud ambiental, representan los mayores riesgos para la salud humana.

La agencia ordenó el pasado jueves a Norfolk Southern que analizara el lugar del siniestro para detectar la posible presencia de dioxinas, una categoría de compuestos cancerígenos probablemente diseminados por la nube que podrían acabar en las aguas superficiales (ríos, arroyos, riachuelos) y subterráneas distantes y en el suelo del que se alimentan las vacas, los caballos y los ciervos que pastan, y que podrían ser absorbidos por las hortalizas y otros cultivos consumidos por los seres humanos. La contaminación por PFAS debería limitarse a la zona de espuma contra incendios, pero también puede perdurar durante décadas una vez absorbida por el suelo y el agua.

La frustración de la población

La frustración invade a los residentes. “Ahora mismo no estoy muy preocupada porque las toxinas aún no se han asentado, pero tendremos que analizar el agua de nuestro pozo y nadie ha venido a contarnos qué debemos hacer”, explica Carli Borato, de 48 años, mientras su ahijada y sus pastores alemanes jugaban en el patio enfangado situado a ocho kilómetros del descarrilamiento.

“Tras el siniestro es absolutamente lógico que los reguladores se preocuparan sobre todo por la toxicidad severa de las fuentes de aire y agua contaminadas. Pero ahora deben centrar su atención en las zonas potencialmente contaminadas por la nube tóxica y realizar pruebas de detección de dioxinas para proteger a las personas con animales de pastoreo, cultivos y huertos”, dice Betsy Southerland, exdirectora de ciencia y tecnología de la oficina del agua de la EPA. “También deben comunicar claramente a los propietarios de pozos privados qué contaminantes deben controlar y cuándo. La gente necesita respuestas claras: sus preocupaciones no deben quedar en el aire”, añade.

Según Southerland, el suelo contaminado debería sustituirse por tierra limpia antes de la temporada de siembra, pero las dioxinas podrían tardar meses en llegar a los pozos de agua. The Guardian ha hablado con varios residentes de East Palestine y Darlington que han gastado cientos de dólares en pruebas de laboratorio sin saber muy bien qué deben analizar y cuándo. La falta de información está alimentando el miedo y los bulos.

Sherry Anderson, de 57 años, que vive a solo 3,2km del lugar del siniestro, conduce hasta East Palestine para recoger cajas de agua embotellada donadas por empresas locales. Las cajas están apiladas en palés en el aparcamiento del concesionario Chevrolet mientras pasan los trenes de mercancías que transportan materiales tóxicos e inflamables.

“Tengo una granja de 24 hectáreas y no sé si podremos plantar un huerto este año. No sé si mi tierra está contaminada. No me siento segura bebiendo el agua del pozo”, cuenta Anderson, que cultiva tomates, pepinos, judías, brócoli, lechuga y pimientos para su familia. Su suegro cultiva y vende judías, trigo y heno.

En un contexto en el que la preocupación de los habitantes de Pensilvania no para de crecer, el gobernador demócrata, Josh Shapiro, inauguró el miércoles un centro de recursos en el municipio de Darlington. Los residentes pueden inscribirse hasta el 10 de marzo y solicitar que se analice el agua de sus casas, así como ser asesorados en materia de salud y seguridad alimentaria y animal. Es un paso importante, pero la preocupación por las repercusiones a largo plazo se extiende por el extenso valle del Ohio, donde muchas comunidades ya se encontraban afectadas por la contaminación causada por industrias pesadas.

“Ya estamos lidiando con mucha contaminación, y la comunidad negra suele ser la última en enterarse de los riesgos para la salud”, lamenta Justice Slappy, que dirige un huerto urbano en Steubenville, una pequeña ciudad al sur de East Palestine, donde en noviembre descarriló otro tren de Norfolk Southern. En este caso, el tren iba cargado con basura.

Los expertos afirman que Steubenville, que obtiene su agua del río Ohio, está demasiado lejos para verse directamente afectada por la combustión de las sustancias químicas, pero la decisión de enviar parte de los residuos tóxicos a una incineradora industrial situada entre la ciudad y East Palestine, en East Liverpool, no ha servido para calmar los temores.

“Todo el mundo se merece agua, suelo y aire limpios. El huerto comunitario es el único lugar donde algunas personas pueden obtener productos frescos: ¿va a destruir East Palestine lo que hacemos?”, se pregunta Slappy.

Traducción de Emma Reverter