Dos víctimas de la dictadura paraguaya se encadenan para exigir indemnización

Un hombre y una mujer se encadenaron este miércoles frente a la sede del Ministerio de Hacienda, en el centro de Asunción, para exigir su indemnización como víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), un pago aprobado en 2014 pero que cinco años después denuncian que no han percibido.

Justinano Guerrero, un campesino del norteño departamento de San Pedro, y Deidad Carrasco, del departamento de Ñeembucú, han unido sus fuerzas para reclamar al ministro de Hacienda, Benigno López, el pago de un subsidio que comenzaron a tramitar hace más de una década en un largo proceso de presentación de expedientes.

Guerrero demanda que se le abonen 74 millones de guaraníes (11.935 dólares) como indemnización por las torturas a las que fue sometido durante el régimen de Stroessner.

Guerrero explicó a Efe que fue detenido en 1976, junto con toda su familia, y enviado a la Penitenciaría de Emboscada, en el departamento de Cordillera, donde estuvo retenido un año y ocho meses.

Durante su cautiverio, el campesino alega que fue sometido a una “tortura mental y física” como consecuencia de su participación en la organización sindical de las Ligas Agrarias Cristianas, una experiencia cooperativista que fue reprimida por el régimen.

“La gente estaba solidarizada, hacíamos escuelitas para los analfabetos, almacenes de consumo y cooperativas. Ese trabajo no le gustaba al Gobierno de la dictadura”, explicó.

Guerrero presentó en 2010 un expediente en el que recopiló la información sobre su detención y cautiverio, así como la de su padre, quien también permaneció dos años preso durante el régimen.

Junto a él, también encadenada, Carrasco reclama el pago de 50 millones de guaraníes (8.064 dólares) como esposa de una víctima de la dictadura.

Su marido, Hugo Villalba, fue apresado en varias ocasiones en la década de los 70 por la policía del régimen y en 1979 resultó herido de bala, después de tratar de huir de una detención, según relató a Efe.

Carrasco señaló que detuvieron a su marido, que trabajaba como profesor, por ser simpatizante del Partido Liberal, el mayor opositor al Partido Colorado, que fue el sostén político de Stroessner.

“En esa época vos tenías que estar afiliado al Partido Colorado y él se negó a afiliarse”, indicó.

Carrasco ha presentado cuatro cartas en el Ministerio de Hacienda para que se revise su situación y ha solicitado una audiencia con Benigno López pero todavía no ha obtenido respuesta, por lo que ha decidido encadenarse a las puestas de la institución.

Carrasco lamentó que “todos los años se va recortando el presupuesto” para las indemnizaciones de las víctimas y que se hayan endurecido los requisitos para poder acceder a esta reparación económica.

El derecho a la indemnización está recogido en la Ley que Indemniza a las Víctimas de la Dictadura, promulgada en 1996 para atender a las personas que hayan sufrido “violación de sus derechos humanos, a la vida, la integridad personal o la libertad por parte de funcionarios, empleados o agentes del Estado” entre 1954 y 1989.

El pasado 17 de mayo, el Gobierno publicó un decreto presidencial en el que aprobó “priorizar los pagos de forma correlativa a las víctimas directas” de la Dictadura ante las “innumerables solicitudes y el urgimiento de pago”.

La Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) de Paraguay documentó 425 casos de personas ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura de Stroessner, la más larga del Cono Sur.