Ayuso mantiene cinco hospitales descabezados por no desarrollar una ley de 2017 para evitar los dedazos

La Asamblea de Madrid aprobó en 2017 con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención de Podemos, una ley para despolitizar la gestión de los hospitales que pretendía terminar con la elección a dedo de gerentes afines al Gobierno. Más de dos años después, la norma no se ha desarrollado y hay cinco hospitales descabezados con direcciones provisionales. Los nombramientos están paralizados porque la ley que los regula no se puede aplicar por la falta de reglamento. “La Consejería de Sanidad está trabajando en la elaboración del desarrollo normativo”, respondió en enero por escrito el Gobierno que dirige Isabel Díaz Ayuso al grupo parlamentario socialista.

El Ejecutivo tenía, desde diciembre de 2017, un año para plasmar el desarrollo, pero los sucesivos equipos que han pasado por el Gobierno regional desde entonces han incumplido ese plazo. Primero la expresidenta Cristina Cifuentes, que propuso la ley; después sus sucesores Ángel Garrido, Pedro Rollán y ahora Isabel Díaz Ayuso.

La ausencia de reglamento está impactando de lleno en la gobernanza de los hospitales. La ley 11/2017, de 22 de diciembre, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, prevé la creación de unas juntas de gobierno dentro de los centros que se encargan de elevar una propuesta de gerente a la administración. Sin estos órganos formados, los gerentes no pueden elegirse.

Si los nombramientos se efectuaran sin seguir este procedimiento, se estaría incumpliendo la ley. Así que ningún director ha sido designado todavía siguiendo la norma aprobada hace tres años. Ahora, cuando un centro se queda sin gerencia, se asciende, por defecto, a los directores médicos de forma provisional. Fuentes de la Consejería de Sanidad precisan que están trabajando en un “borrador” y que “próximamente” se aprobará el desarrollo normativo en el Consejo de Gobierno. “Hasta que eso no suceda no habrá nombramientos”, confirman las mismas fuentes.

Los hospitales que actualmente funcionan con cúpulas interinas son el Puerta de Hierro, el de Fuenlabrada, La Fuenfría, Príncipe de Asturias (por fallecimiento de su anterior gerente) y Santa Cristina (por jubilación). Dos de ellos quedaron descabezados porque las personas que ocupaban el puesto subieron al escalafón de directores generales con la llegada de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de Carlos Mur, que dirigía el hospital de Fuenlabrada y a quien la presidenta ha nombrado director general de Coordinación Socio-Sanitaria; y de Manuel de la Puente, procedente del hospital de la Fuenfría y nuevo director general del Proceso Integrado de Salud. De la Puente fue colocado al frente de este centro por Cristina Cifuentes en mayo de 2016 tras ser cesado como director en Fuenlabrada por revelar datos de pacientes a varias clínicas privadas. Ahora, Ayuso le promociona otra vez.

El objetivo de esta ley –que fue un proyecto del Ejecutivo de Cifuentes aunque bebió de una moción socialista– era democratizar el funcionamiento de los hospitales con órganos de gobierno ante los que tuviera que rendir cuentas el gerente y, además, evitar que los máximos responsables de cada hospital fueran colocados a dedo. “Profesionalización de la función directiva”, se escribió en la ley. Los mandatos se establecen en cinco años renovables pero sometidos a “evaluación continua”.

En una encuesta realizada en 2014 a 800 gerentes de hospitales en España, el 70% de ellos admitió que su puesto dependía, sobre todo, de su cercanía política con la consejería al mando. “Los grandes hospitales madrileños mueven muchos millones de presupuestos y los gerentes hasta ahora solo rinden cuentas con quien los nombra, la administración. Esa ley quiere acabar con esto”, explica el diputado del PSOE José Manuel Freire, impulsor de la moción que inspiró la norma.

La diputada de Más Madrid Mónica García, cuyo grupo parlamentario –entonces Podemos– se abstuvo de apoyar la ley en 2017, considera que el PP no cree en esta regulación “porque les desmonta la red clientelar y los reinos de taifas en las gerencias de los hospitales”. “Si tú colocas a gerentes afines, te garantizas que no se van quejar cuando hay recortes porque les va el puesto en ello. Durante la época más dura, ha habido absoluto silencio por parte de las direcciones”, señala.

Cristina Cifuentes ensayó la elección por concurso en agosto de 2017, aún sin ley, en dos hospitales de referencia nacional, La Princesa y el Gregorio Marañón. Desde entonces no se ha vuelto a repetir algo similar. Con este proyecto de ley, la expresidenta trató de mostrar su voluntad de crear una gestión solo profesional, despojada de influencias políticas. Ciudadanos, que entonces no estaba en el Gobierno pero era socio imprescindible, empujó al PP en esa dirección. La sanidad madrileña vivía aún los ecos de la gran privatización sanitaria ideada por Esperanza Aguirre, de la que Cifuentes se quiso alejar. No obstante, el articulado no es aplicable a los hospitales de la red pública cuya gestión es privada (Villalba, Torrejón de Ardoz, Rey Juan Carlos e Infanta Sofía) y la expresidenta, además, eligió por la vía directa a seis gerentes un año y medio antes de que se aprobara la ley.

Las juntas de gobierno que establece la ley y aún no existen en los hospitales estarían formadas por hasta 13 miembros y sus funciones son amplias. Serían, como describió la Consejería de Sanidad cuando se dio luz verde a la ley, como una suerte de “consejo de administración” de los hospitales encargado de controlar la ejecución de los objetivos, proponer el anteproyecto de presupuesto anual o evaluar cómo se gasta el dinero analizando la actividad asistencial.

Estos órganos tienen mayoría de la administración (seis miembros propuestos por el Servicio Madrileño de Salud), pero cuentan con cuatro vocales elegidos por convocatoria pública de entidades académicas o colegios profesionales, y con otros dos a propuesta de los ciudadanos elegidos por la Federación de Municipios de Madrid. “Aunque se da esta situación, que para nosotros se queda un poco a medias y es el talón de aquiles, la ley garantiza transparencia en el proceso por lo menos. Habrá que presentar candidaturas y que los currículum sean públicos”, concluye Mónica García.

Afines recolocados

En los hospitales públicos de Madrid han encontrado acomodo históricamente cargos de confianza del PP. Cuando José María Aznar perdió las elecciones generales de 2004, el que era secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá, fue nombrado gerente del hospital Ramón y Cajal. Venía del Ministerio dirigido por José María Michavila y después fue ministro con Mariano Rajoy. Hasta hace poco, el hospital Santa Cristina estaba dirigido por una pariente de la esposa del presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, Rosa María Ramos Pérez. Ahora el puesto está vacante por jubilación.

Esta dinámica no terminó con Cristina Cifuentes. En 2016, la expresidenta colocó antes de que aprobase la ley seis directores gerentes, entre ellos políticos que se quedaron sin puesto en gobiernos que perdió el PP, como el de Castilla-La Mancha, o exresponsables de hospitales que fueron apartados por su mala actuación.

En esta hornada de designaciones se encontró un hueco a De la Puente, que salió cesado del hospital de Fuenlabrada tras el escándalo de la cesión de datos de pacientes a la privada; y se reubicó en el Niño Jesús a la persona que estaba al frente del hospital Severo Ochoa de Leganés, César Gómez Derch, cuando estalló la crisis de las sedaciones paliativas por la que se acusó al doctor Luis Montes de llevar a cabo prácticas irregulares. Cifuentes también trasladó al hospital universitario de Getafe al exgerente de La Princesa, señalado por los jefes de servicio del centro por sus modos “prepotentes” cuando el hospital era el foco de protestas de la Marea Blanca.