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Los acusados por los altercados del 15M evitan la cárcel tras llegar a un pacto con la Fiscalía

Las 14 personas señaladas por lanzar botellas y montar barricadas la noche que dio origen al movimiento 15 M pagarán entre 360 y 540 euros en multas por delitos de desórdenes públicos, resistencia y, en un caso, daños

Las penas de los condenados se reducen por la "dilación indebida" del procedimiento judicial, que se ha alargado durante ocho años  

La Fiscalía pedía para ellos penas de entre 18 meses y seis años de prisión 

Primera asamblea con cientos de personas en la Puerta del Sol de Madrid, el 16 de mayo de 2011.

Primera asamblea con cientos de personas en la Puerta del Sol de Madrid, el 16 de mayo de 2011. Juan Luis Sánchez

No habrá juicio para los 14 acusados de los altercados de la noche del 15M de 2011. Las partes han llegado a un acuerdo que reduce las penas que pedía para ellos la Fiscalía, entre 18 meses y seis años de prisión, por multas por desórdenes públicos, resistencia y, en un caso, daños.

Según la conformidad, a la que ha tenido acceso eldiario.es, la condena obliga a los acusados a pagar durante tres meses dos o tres multas a razón de dos euros al día. Cada uno asumirá un total de 360 euros o 540, en el caso de la persona condenada por daños a establecimientos, que también tendrá que pagar una indemnización de más de 2.000 euros por "responsabilidad civil" por estos hechos. 

Este lunes se han firmado 13 acuerdos y queda pendiente, por "cuestiones personales" del acusado, que se cierre el número 14, según la defensa. El comienzo de la vista oral estaba previsto para este lunes y el juicio iba a prolongarse hasta el 1 de marzo en el juzgado de lo penal número 30 de Madrid. Los hechos de aquella noche que dio origen al movimiento 15M concluyen su recorrido penal, por tanto, ocho años después.

Esta demora, según la conformidad, se ha producido "sin causa atribuible" a los acusados y sin que "en dicha paralización exista proporción con la complejidad" del procedimiento. Una circunstancia "atenuante" de las penas por "dilación indebida" prevista en el Código Penal y que aplica a todos los acusados. "La dilación ha permitido reducir las penas que pedía la acusación, que eran desproporcionadas. Consideramos que es un buen acuerdo", asegura la defensa de dos de los condenados. "Esta conformidad compensa ocho años de sufrimiento, de vivir con una espada de Damocles del miedo a entrar a prisión", añade. 

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, el 15 de mayo de 2011 se celebró una manifestación autorizada con el lema "No somos mercancía en manos de políticos y banqueros", "Lo queremos todo y lo queremos ahora", que discurrió entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol y a la que acudieron unas tres mil personas. 

A su llegada a la Puerta del Sol, de acuerdo con la Fiscalía, un grupo de unas 300 personas trataron de provocar altercados con las Fuerzas Policiales "arrojando contra ellos objetos contundentes" y provocando destrozos en el mobiliario urbano, escaparates y vidrieras de establecimientos.

El Ministerio Público incluye en su relato de los hechos que se penan el lanzamiento de botellas a los agentes que protegían el edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid "sin llegar a alcanzarles"; el lanzamiento de otra botella que alcanzó en el codo de un policía que estaba en la Comisaría de la Policía Local o la colocación de contenedores o vallas para impedir el paso de los agentes.

Los encausados y otras cinco personas más estuvieron detenidas durante 48 horas, aunque el escrito de acusación finalmente solo incluyó a 14. Una de ellas era menor de edad y durante la instrucción se archivaron las acusaciones a varios implicados. Ocho años después, los encausados evitan con el acuerdo con Fiscalía una larga vista oral en la que iban a testificar decenas de agentes de la Policía.

La Asamblea de Lavapiés lanzó hace tres meses un manifiesto de apoyo a los acusados que denunciaba "los cambios en la versión de la policía y los hechos y cargos de los que se iba a acusando a los detenidos". El comunicado señalaba también que los detenidos denunciaron a su salida de comisaría "agresiones y vejaciones, tanto en el momento de la detención como durante los días que pasaron en los calabozos" que no fueron "objeto de ninguna investigación ni por parte de la Fiscalía ni de ninguna otra institución gubernamental". 

*Rectificación: en una primera versión de la información se incluía entre los delitos ocasionantes de multas el de atentado contra la autoridad, que no es tal.

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