El Ayuntamiento de Madrid sigue adelante con las obras paralizadas cautelarmente por la justicia
Los trabajadores que están cambiando desde hace unas semanas el asfalto de las calles del barrio madrileño de Chueca han seguido adelante con las obras este lunes, pese a la paralización cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por una denuncia del Gobierno de Mariano Rajoy.
La Justicia decretó el viernes la paralización cautelar de los proyectos por los que se había querellado Hacienda a través de la Delegación de Gobierno argumentando que afectaban a actuaciones que podían estar acabadas en el momento de dictarse una resolución judicial definitiva. Pero nada ha cambiado este lunes y las obras han seguido desarrollándose con normalidad.
“Las inversiones ejecutadas o en ejecución entendemos que no están afectadas por las cautelares tal y como está redactado el auto”, explican las fuentes municipales consultadas. Como cada día laborable, los obreros han acudido a su puesto de trabajo también en un polideportivo de Vicálvaro o en el CEIP Asunción Rincón en Chamberí.
Se entiende por obras ejecutadas las que ya tienen autorizado el gasto, que suponen un total de 116,7 millones de los 275 millones a los que se refiere el TSJM en su resolución. El Consistorio de Manuela Carmena considera que la decisión judicial no afecta a estas partidas ya ejecutadas. Aunque su compromiso es que se ejecuten las máximas posibles, y para ello prevé otras medidas que garanticen que los proyectos se llevan a cabo.
La decisión judicial afecta a los suplementos de crédito por 275 millones que el Ayuntamiento de Madrid estaba financiando de su remanente de tesorería (el superávit obtenido en 2016). La Ley de estabilidad establece que el superávit de los municipios solo puede destinarse al pago de la deuda o a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) que no computan para la regla de gasto y que deben ejecutarse el año que se aprueban.
El Ayuntamiento de Madrid está devolviendo deuda (más de 2.000 millones desde que Gobierna Ahora Madrid), pero también se ha acogido a la disposición de la ley contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para invertir en IFS. La decisión judicial afecta precisamente a esos fondos, un total de 577 proyectos de obra pública de asfaltado de calles, reformas de colegios, centros de mayores, reparación de cementerios, y otras obras similares.
Recurso y medidas alternativas
El Ayuntamiento de Madrid aseguró este viernes que recurrirá la decisión del TSJM y acudirá a “medidas alternativas” que cumplan con la resolución judicial, pero que, a la vez, no supongan a paralización de las obras “para que no causen ningún tipo de perjuicio a terceros ni a la ciudadanía”.
Para el resto de proyectos que no están en marcha, la ley de Enjuiciamiento civil permite el pago de un aval que sustituya las medidas cautelares, explican fuentes jurídicas a eldiario.es. Estas mismas fuentes, aseguran que la decisión judicial contradice la propia ley de Estabilidad Presupuestaria que pretende amparar.
¿Por qué? “El pago a proveedores es uno de los indicadores de Estabilidad, es equivalente a cumplir con la regla de gasto”, señalan los expertos. De paralizar las inversiones ya previstas, el Ayuntamiento se enfrenta a múltiples demandas por impago a las empresas que estén realizando los trabajos, explican las fuentes jurídicas.
El recurso ante el juez se presentará en los próximos días, viernes o lunes, según han asegurado desde el Consistorio. Todavía se desconocen las vías legales que seguirán desde la asesoría jurídica de la corporación local para garantizar que se ejecuten los proyectos afectados por la resolución judicial.
A esto hay que añadirle la intervención de las cuentas por parte de Montoro. Cada martes, el equipo de Gobierno de Manuela Carmena debe informar de las medidas puestas en marcha para cumplir con los recortes que exige Hacienda. La semana pasada se aprobaron retenciones en los presupuestos de este año por un total de 173,6 millones, pero aún quedan por recortar 191,4 millones más.
