El gobierno de Aguirre usó otras dos sociedades como Avalmadrid para financiar con millones de euros operaciones ruinosas
Avalmadrid no ha sido la única sociedad semipública que ha acabado dilapidando millones en operaciones ruinosas para empresas amigas. El sistema de financiación de pymes que montó la Comunidad de Madrid, supuestamente dedicado a ayudar a autónomos y pequeñas empresas madrileñas, orbitaba sobre otras dos patas: la sociedad de inversión de riesgo CRM y el fondo de inversión de riesgo Inicap. En ambas –como en Avalmadrid–, el máximo accionista es el dinero público, es decir, la Comunidad de Madrid, que en este caso no avalaba, sino que financiaba directamente con dinero algunos proyectos.
La composición de estas dos sociedades y de Avalmadrid es prácticamente la misma, ya que los socios son los mismos e incluso a veces los miembros del consejo de administración coinciden. La gestión de todas ellas ha estado siempre en manos de gobiernos del PP, porque la Comunidad de Madrid es el socio mayoritario en los tres casos. El modo de funcionamiento de este triángulo es sencillo: CRM e Inicap deciden invertir millones de euros en ciertas empresas y la 'hermana' Avalmadrid avala luego préstamos millonarios pese al evidente conflicto de interés, como queda acreditado en las operaciones investigadas por el Banco de España y la propia auditoría de Avalmadrid.
Los proyectos en los que invirtieron CRM e Inicap fueron ruinosos y las sociedades han acabado descapitalizadas –una de ellas perdió trece millones de euros solo en 2009–. Tan mal fueron gestionadas que la Comunidad de Madrid ha intentado deshacerse de ellas desde 2010, sin éxito. De hecho, el Observatorio Contra Delitos Económicos (CODE) y el sindicato CGT han interpuesto una querella por malversación con 400 documentos anexos sobre estas dos sociedades que está pendiente de ser o no admitida a trámite. “Constatamos que había una trama de malversación de fondos públicos de decenas de millones y como la propia Comunidad de Madrid no asumía el control, es la sociedad civil la que tiene que hacerlo”, relata Manuel Gabarre, investigador de CODE.
Las dudas sobre el funcionamiento de CRM e Inicap y la idoneidad de los proyectos que financiaban preocupó en su día incluso a la expresidenta Cristina Cifuentes. Las definió como un asunto peligroso en 2016 ante el director de La Razón, Francisco Marhuenda, en una conversación que cuenta él y cuya transcripción recoge el sumario de la operación Lezo: “Han encontrado dos sociedades que no se sabía que existían dedicadas a hacer como capital riesgo, a prestar dinero a consejeros a través de consejeros (...) dice que es como lo de Avalmadrid, pero peor”, relata sobre su conversación con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.
La sociedad de capital riesgo CRM se crea en 1995 con 24 millones de euros. Aunque su constitución corresponde al final del mandato del socialista Joaquín Leguina, las operaciones ruinosas se financian en la época de Esperanza Aguirre. La Comunidad de Madrid tiene el 49% de la sociedad a través del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), que pertenece a la Consejería de Economía. Este instituto preside el consejo de administración y es el accionista principal. Es precisamente el instituto bajo sospecha en el caso Púnica, ya que el juez Manuel García Castellón cree que se usó para desviar dinero público a Esperanza Aguirre: “La investigación está revelando que dicha entidad de derecho público, destinataria de importantes ayudas comunitarias, sería usada por los artífices y ejecutores del plan preconcebido para financiar al PP de la Comunidad de Madrid, como potente instrumento de desvío de fondos públicos, aprovechando el abultado presupuesto que contó entre los años 2006 y siguientes, hasta su liquidación en el año 2010”, dice el magistrado en el sumario.
Además de la Comunidad, en el accionariado de CRM está Caja Madrid –que también estaba en Avalmadrid con el 30% del capital– y las dos asociaciones empresariales de cabecera del aguirrismo. Una es la patronal madrileña CEIM, presidida esos años por Arturo Fernández, imputado junto a Aguirre y Cifuentes en Púnica por hacer donaciones ilegales a cambio de contratos públicos. La patronal de Fernández, que tiene algo menos del 1% en CRM, también está en el consejo de Avalmadrid, donde incluso Fernández se ha dado avales a sí mismo y a su amigo Gerardo Díaz Ferrán.
La otra organización empresarial que participa en CRM para financiar proyectos es la Cámara de Comercio, que tiene el 15% de la entidad de riesgo y que también está en el consejo de administración de Avalmadrid. Estas dos plataformas de empresarios se embarcan con Aguirre más adelante (2009) en Madrid Network, una asociación opaca financiada con dinero público de la que cobró Isabel Díaz Ayuso, según publicó El País.
De este modo, los consejos de Avalmadrid y CRM estaban compuestos por las mismas entidades e incluso los mismos consejeros en algunos casos. Así que era fácil que se pusieran de acuerdo. Las sociedades de riesgo financiaban una empresa y la otra inmediatamente avalaba, según revela la auditoría interna encargada por la propia Avalmadrid en 2019, a la que ha tenido acceso eldiario.es, y que detalla las operaciones ruinosas en claro conflicto de interés.
Hay casos paradigmáticos de transversalidad entre consejos, como el de Eva Piera: presidió Avalmadrid de 2006 a 2008 y presidió CRM de 2008 a 2012, un trabajo que compatibilizó con el de viceconsejera del gobierno de Esperanza Aguirre. Durante esos años Avalmadrid concedió avales a empresas participadas por CRM. Además, Piera fue la persona que puso en contacto a Díaz Ayuso con Avalmadrid en 2011 para que obtuviera información sobre el crédito de su padre. También es hija de Mercedes Rojo, secretaria personal de Esperanza Aguirre que acabó de consejera de Caja Madrid pese a que no tenía conocimientos de finanzas, como admitió ella misma ante el juez de caso Bankia cuando declaró como imputada.
El caso de Javier Larraínzar
Los instrumentos financieros semipúblicos que se armaron bajo los gobiernos de Aguirre apoyaron especialmente al mundo de la moda. Algunos nombres aparecen reiteradamente, como el del diseñador Javier Larraínzar, cuyos negocios fueron ruinosos para las arcas públicas.
En 29 de diciembre de 2006, el diseñador crea la empresa Copyright Art Design, dedicada a gestión de marcas. Larraínzar aporta dos millones de euros, pero no en dinero, sino que ha valorado sus marcas por esa cantidad. El mismo día, la sociedad de riesgo semipública CRM le compra la empresa y le da los dos millones de euros, esta vez en metálico, como refleja uno de los anexos que aporta la querella de CODE al juzgado. Tal y como consta en el certificado de la sociedad, Pedro Olabarría –también consejero de Avalmadrid en ese momento– se convierte en representante de la empresa. Copyright Art Design no ha tenido actividad y el millón de euros de dinero público invertido –junto con la inversión de Caja Madrid, la patronal y la Cámara de Comercio– se ha perdido.
Pero no es el único empujón que recibió el diseñador. Creó también la empresa Volupté en 2006, que nace con medio millón de inversión de CRM –casi la mitad de ese dinero es público–. Larraínzar aportó otro medio millón en dinero. Y también 250.000 euros por su 'know how', es decir, el valor calculado sobre su conocimiento del mundo de la costura.
Los problemas económicos llegan enseguida y en 2007 la empresa de moda tiene el doble de gastos que de ingresos. En 2008 ingresa 650.000 euros pese a que preveía ingresar 2,8 millones. Todo esto no es óbice para Avalmadrid, que ese mismo año le avala 270.000 euros. De hecho, el consejo de Avalmadrid conoce bien a Larraínzar, ya que está financiándole a su vez a través de CRM. Aquí vuelve a aparecer Pedro Olabarría, consejero de Avalmadrid y a su vez director general de Volupté, en claro conflicto de interés, como señala la auditoría, que destaca que se financió este proyecto solo en base a la experiencia de Larraínzar y el apoyo de CRM. No se devolvió el aval y la compañía estaba en números rojos, pero aún así CRM siguió invertiendo dinero hasta 2011. La empresa de Larraínzar entró en liquidación y se perdieron 2,7 millones.
La sociedad semipública CRM también se metió en el mundo de los trajes de novia a través del Grupo Nupcial Novissima, del que era principal accionista Moisés Amselem. La sociedad de riesgo para pymes invirtió tres millones de euros y se convirtió en socio con el 20% de la propiedad del grupo. Justamente tras ese desembolso, Avalmadrid le da 1,7 millones de euros para que monte corners en El Corte Inglés. La auditoría de Avalmadrid encuentra varias anomalías, entre ellas que se había puesto como requisito para financiar al grupo nupcial que CRM se mantuviera como socio, lo que “podría explicar la concesión de las operaciones” contra todos los indicadores, que alertaban de que la empresa era un negocio en apuros.
De hecho, la firma de trajes de novia acaba entrando en concurso de acreedores dos años después sin devolver nada a Avalmadrid. El Grupo Nupcial Novissima acabó por tragarse 8,15 millones de euros de CRM, como admiten las cuentas de esta sociedad de riesgo, y dejando 1,3 millones sin pagar a Avalmadrid. Otra apuesta perdida para el gobierno de Aguirre. En esta operación vuelve a salir el nombre de Pedro Olabarría, miembro del consejo de Avalmadrid que da vía libre al crédito y a la vez es director general y apoderado de CRM.
Un fondo de riesgo ruinoso
El otro instrumento de financiación de la Comunidad de Madrid fue el fondo de capital riesgo Inicap. Lo presentaron en 2006 el consejero de Economía de entonces, Fernando Merry del Val, y el de Empleo y Mujer, Juan José Güemes, como “el primer fondo de capital riesgo dirigido a los proyectos innovadores de la pequeñas y medianas empresas (PYME) de la región”. Los socios de Inicap son viejos conocidos. La Comunidad de Madrid es la socia mayoritaria de nuevo, con un 66,66% del capital. Le acompaña en esta aventura de inversión otra vez la Cámara de Comercio, con un 33,33% de la propiedad.
Algunas de sus grandes apuestas tienen poco que ver con los autónomos y las pymes. Inicap, ahora junto a CRM, insiste con los diseñadores pese a las ruinas anteriores y en 2008 se invierten de nuevo cuatro millones de euros en una nueva empresa de moda, AB Diseño y Moda, que han creado los modistas españoles Elio Berhanyer, Javier Larrainzar y Miguel Palacio. Quebró dos años después y se volvió a perder el dinero.
El caso de Vip Venta
Estos instrumentos financieros semipúblicos, con la ayuda de la avalista también semipública Avalmadrid, aprobaron más operaciones ruinosas, como la de la tienda de ropa online Vip Venta. En este caso, Inicap entra en 2008 con una fuerte inversión y se queda el 38% de la empresa, capital que aumenta hasta el 49% el año siguiente. Justamente en esos dos años recibe avales de Avalmadrid por 1,5 millones de euros, pese a que el negocio nunca da ganancias y acaba quebrando en 2012. La auditoría interna de Avalmadrid señala el conflicto de interés en la operación: Alfonso Carcasona está en el consejo de Avalmadrid y a la vez en el de Möbius, la empresa que gestiona el fondo Inicap y en la que es consejero Javier López Madrid, imputado en el caso Púnica por financiar ilegalmente al partido de Aguirre a cambio de contratos públicos. Precisamente el juez de Púnica sospecha que el grupo al que pertenece Möbius se usó para desviar dinero al PP, como publicó Infolibre.
Además del dinero perdido en inversiones fallidas, las dos sociedades han pagado salarios y comisiones a dos empresas por gestionarles los activos. La sociedad Avanza, perteneciente a Caja Madrid, ha gestionado CRM. Y Möbius ha cobrado por la gestión de Inicap. Sorprendentemente ha ingresado de esta última 100.000 euros en 2015, pese a que la actividad del fondo es casi nula desde 2010.
El conglomerado de sociedades de financiación de los gobiernos de Aguirre han salido mal para los contribuyentes: Avalmadrid admite en su auditoría créditos fallidos o dudosos por valor de 40 millones en las operaciones investigadas por el Banco de España. La sociedad de riesgo semipública CRM admite pérdidas por casi 46 millones, cuando su capital inicial fueron 24 millones. Inicap presentó ocho millones de euros de pérdida en las cuentas de 2010.
Ante los problemas de CRM e Inicap, el propio gobierno de Esperanza Aguirre decidió enajenarlas en 2010. Un año antes se ha fundado otra sociedad opaca, Madrid Network, que financia startups con dinero público pero con representación, de nuevo, de la Cámara de Comercio y la patronal de Arturo Fernández. Sigue funcionando aunque no está fiscalizada públicamente ya que se constituyó como una asociación.
La situación ruinosa de CRM (fue disuelta en 2013 y está en liquidación) e Inicap (en liquidación y con dos inversiones activas) ha impedido que la Comunidad de Madrid se deshaga de ellas como intentó hace nueve años. Las subastas convocadas para que las comprara alguien quedaron desiertas y muchos de los proyectos para los que se invirtieron millones de euros públicos no han prosperado.
La Consejería de Economía (es el organismo competente y está en manos de Ciudadanos) ha respondido a eldiario.es que está recopilando información sobre estas sociedades y no ha aportado la información concreta solicitada por este medio. El diseñador Javier Larraínzar no ha contestado sobre las ayudas que recibió.
