La Comunidad de Madrid se desentiende de gestionar el préstamo de libros y da dinero para que cada colegio lo organice
La Comunidad de Madrid ultima los preparativos para poner en marcha el préstamo gratuito de libros de texto en los colegios e institutos públicos y concertados el curso que viene. Esta semana, la Consejería de Educación está reuniendo a los centros educativos para explicarles su plan, bautizado como Programa Accede. El modelo de reciclaje que les ha presentado la administración, ya implantado en fase piloto este año, deja todo en manos de los centros (recogida, revisión, catalogación y reparto) pero no ofrece ningún refuerzo en la plantilla para ponerlo en marcha.
Ante la amenaza de que el plan desborde de trabajo a los docentes, la Consejería de Educación del gobierno de Ángel Garrido transferirá a los colegios e institutos que así lo soliciten un presupuesto cerrado de entre 2.000 y 3.000 euros para que sea el centro el que contrate, “según su autonomía”, a quien quiera para ayudar con la gestión del banco de libros. Si los colegios e institutos deciden externalizar parte del servicio, tendrán que elaborar también las facturas y pasarlas a la Consejería de Educación.
“Sabemos que el banco de libros supone un volumen grande de trabajo y para eso se da esta partida, para dar facilidades. Los centros pueden contratar a una empresa externa, a alguien del AMPA... lo que elijan. El requisito es que tengan un CIF”, defienden fuentes de la Consejería de Educación. Además de la posibilidad de subcontratar las tareas, la administración ofrece un complemento de productividad para el coordinador del programa dentro de los centros –personal de la plantilla– de entre 134 y 216 euros al mes que ya cobran este año los responsables.
Esas “facilidades”, sin embargo, no son tan apreciadas por los docentes. “Es una cosa más que se pone en nuestras manos y no llegamos a todo”, se queja el director de un colegio público madrileño. “Cada vez tenemos que asumir más tareas que se escapan de lo académico y no tenemos personal para hacer todo esto”, explica el jefe de estudios de un instituto del barrio de La Latina. La directora de otro centro de secundaria, que prefiere no dar su nombre, denuncia también la “acumulación del trabajo” por la falta de “refuerzos”. “Para hacer esto en condiciones necesitamos un refuerzo sólido, pero nos consultan muy poco”, afirma.
A Comisiones Obreras tampoco le encaja la fórmula elegida y pide “la generalización de la figura del administrativo o ampliar al segundo administrativo a los centros grandes”. “Con esto se externaliza la gestión y se hace mediante la prevaricación de ese empleo”, apunta secretaria general de Enseñanza CCOO Madrid, Isabel Galvín.
El programa, al que se destinarán 200 millones de euros en los próximos cuatro años, obliga a a recoger los libros, revisar que están bien, catalogarlos, meterlos en un fichero y volverlos a repartir entre los alumnos y alumnas. La administración se desentiende, con el modelo implantado, de gestionar estos medios materiales para activar el programa y pone, además, en manos de los colegios también la elección de la librería.
Para organizar la compra de libros de texto, el Gobierno de Ángel Garrido ha aprobado un acuerdo marco –inspirado en la propuesta de Ciudadanos que luego se aprobó como ley en la Asamblea de Madrid– que divide la Comunidad en 27 zonas (lotes). Las empresas se presentan al concurso y obtienen más o menos puntos en función de los descuentos que hagan en el precio fijo marcado y los servicios extra que puedan ofrecer: forrado, almacenaje o etiquetado. Los centros tienen la facultad de elegir a tres de esas empresas sin necesidad de que sean las que tienen más puntuación. Después, les piden presupuesto y, entonces sí, se contrata la que tiene un número mayor de puntos.
Designar su librería o empresa de referencia también queda en manos de los colegios. Educación defiende que quiere favorecer el comercio de “proximidad” dando libertad a los centros para elegir a sus proveedores. “Para nosotros habría sido más fácil hacer un solo lote y hemos velado, por el contrario, que las pequeñas librerías tengan acceso al programa reduciendo el peso de lo económico, además, a solo el 30%”, aseguran fuentes de la Consejería. Pero lo cierto es que el acuerdo marco que regula todo el proceso ni ha gustado demasiado a los docentes ni tampoco a los pequeños y medianos libreros.
El Gremio de Librerías de Madrid ha iniciado esta semana una campaña contra el programa de préstamo de libros, apoyada también por los distribuidores. Su puesta en marcha, denuncian, va a dificultar la supervivencia de pequeños negocios. “Calculamos que hasta 500 librerías tendrían problemas y estarían abocadas al cierre”, dice Pablo Bonet, secretario del gremio. La organización denuncia que el Gobierno de Garrido no les ha tenido “en cuenta” a la hora de fijar los precios de los libros, “por debajo de mercado”. “Eso favorece que las grandes empresas tengan más facilidades para entrar. Además ellas pueden ofrecer más rapidez en la entrega, forrado, etiquetado... Una pequeña librería no tiene manos para todo eso si se piden cientos de libros”, añade Bonet.
Ante todo este revuelo y discrepancias, el grupo socialista en la Asamblea de Madrid llevará este jueves a la Asamblea de Madrid la petición de revisar “de manera urgente el modelo de aplicación de la gratuidad de los libros de texto” para “salvaguardar el sector de las librerías de proximidad” y procurar un “apoyo administrativo suficiente para su implantación”. El PSOE propone que el sistema se base en la ayuda directa a las familias, que sean las que adquieran los libros en los comercios. Fuentes de la Consejería de Educación aseguran que no está entre sus planes cambiar el acuerdo en ningún punto porque “ya está aprobado por el Consejo de Gobierno”.
En las próximas semanas los centros tendrán que organizarse para poner todo a punto. Deben primero cuantificar cuántos libros necesitan y después tomar decisiones sobre la manera de gestionarlo. El director de un colegio público cercano a Aluche prevé problemas teniendo en cuenta que este curso, con la implantación parcial, ya se sienten “desbordados”. “Honestamente a día de hoy no sé cómo lo vamos a hacer”, anticipa otro jefe de estudios.
