El Colegio de Arquitectos de Madrid homenajea a un ex alto cargo de Aguirre que dimitió por un escándalo urbanístico

Nueva controversia en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), sumido desde hace meses en una enrevesada lucha interna por su control. Esta vez, sin embargo, la polémica se desplaza hacia un aspecto a priori mucho menos agitado: la concesión de colegiados de honor. Un reconocimiento anual otorgado desde 1988 a figuras destacadas por sus méritos en favor de la arquitectura y la profesión, se dediquen o no a ella.

La Junta de Representantes del COAM, a propuesta de la Junta de Gobierno que lidera el decano Sigfrido Herráez, decidió el pasado 23 de marzo nombrar colegiados de honor a cuatro personas: la arquitecta especializada en protección del patrimonio Amparo Berlinches; el artista y diseñador con formación arquitectónica Guillermo Pérez Villalta; el responsable del departamento de comunicación del servicio gráfico y publicaciones del COAM, Pedro Ibáñez y, aquí llega la opción más llamativa, Enrique Porto Rey.

Este arquitecto es especialmente conocido por su etapa como director general de Urbanismo en la Comunidad de Madrid de 2003 a 2006, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. Porto dimitió cercado por la polémica en torno a la aprobación de proyectos urbanísticos vinculados a sus anteriores intereses empresariales privados y a sus socios. El bautizado como 'caso Porto' derivó en su imputación, aunque finalmente esta causa por corrupción fue archivada.

El escándalo urbanístico que provocó su salida de la Puerta del Sol se enraizaba con su etapa previa en el Ejecutivo de Aguirre. Antes de ocupar su alto cargo, Porto se dedicaba a participar en la redacción de planes urbanísticos de diversos municipios. Su empresa, Plarquin, trabajó para múltiples localidades como Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial, Villanueva de la Cañada o Majadahonda.

La Fiscalía Anticorrupción entendió que, al pasar al Gobierno regional, la autoridad encargada de aprobar esos planes maniobró en determinadas ocasiones para que salieran adelante proyectos que favorecían a su antigua empresa o a parcelas de su propiedad y para ignorar informes técnicos contrarios a esas ordenaciones urbanísticas. En el caso de Villanueva de la Cañada, Ecologistas en Acción alertó de los “daños ambientales producidos en el desarrollo urbanístico del municipio por las irregularidades cometidas”.

Su periplo judicial se alargó hasta 2009, cuando el juez de Instrucción número 4 de El Escorial le imputó por una prevaricación urbanística debido a una presunta maniobra para bloquear indebidamente, entre 2003 y 2008, la reconversión en hotel de un palacete de El Escorial llamado El Enebral, que se alza sobre suelo no urbano protegido. Según el denunciante, la Comunidad de Madrid retrasó la iniciativa con el objetivo de ampliar el ámbito físico de la recalificación “para favorecer a La Granjilla”, una finca aledaña de la familia Aguirre, aunque esa acusación no aparecía en la denuncia. La causa también acabó archivada.

Contrario a la exhumación de Franco por un supuesto peligro para las personas

Porto volvió a la primera línea mediática diez años después, cuando en 2019 emitió un polémico informe de peritaje a solicitud de la Fundación Francisco Franco. Un documento utilizado en decenas de recursos judiciales para frenar la exhumación del dictador por un supuesto peligro físico para las personas en el Valle de los Caídos (hoy de Cuelgamuros).

Aseguraba Porto que “la ejecución de estas obras constituye una notable alteración en el espacio y la perspectiva interior de la Nave y las condiciones estructurales y de seguridad del suelo del edificio”. Por ello, argumentaba, “afectan de manera muy importante sobre la seguridad de personas y bienes”. Una postura en la que se reiteraba en conversación posterior con elDiario.es: “Allí va a haber turistas, fieles, no es una cosa baladí”.

El ex alto cargo de Ayuso político recalcó, además de la cuestión de la seguridad, que “el edificio está protegido por unas normas y las obras que pretenden hacerse no están permitidas por ellas”. Desde su punto de vista, “se intenta hacer pasar por menores unas obras que son mayores y esa calificación de obra mayor implica la obligación de redactar un proyecto, un director de obra o un coordinador de seguridad, ya que la obra tiene sus dificultades”.

“El informe me lo encargó la Fundación Franco y no sé cómo ha llegado a los demás recurrentes. Me contrataron por mi estudio privado, porque soy un experto en temas urbanísticos”, explicaba Porto sobre su participación en el caso. Sus conclusiones sirvieron para poner más trabas a la exhumación del dictador: los recursos se multiplicaron y llegaron a una decena de juzgados, todos ellos con la incorporación del análisis del ex responsable de Urbanismo en el equipo de Aguirre. El arquitecto avisaba que “si los procedimientos llegan a fases posteriores del proceso judicial y se me requiere para confirmar el informe”, solo acudiría “en el caso del recurso de mi cliente, que es la Fundación Franco”. Finalmente, la visión de Porto no se impuso en esta batalla judicial y la exhumación se llevó a cabo.

La oposición en el COAM pide homenajes independientes y a figuras externas

En una nota interna que el área de comunicación del COAM traslada a Somos Madrid, la organización recoge los logros profesionales que a su parecer justifican los honores a Porto: “Profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha publicado más de 20 libros y 100 artículos sobre la aplicación práctica del urbanismo en España. Ha redactado planes generales de ciudades como Palencia, Burgos, Albacete, La Coruña, Soria, Cáceres o Villanueva de la Cañada [uno de los que desembocó en su periplo judicial]”. En el COAM resaltan su vez su etapa como director general de Urbanismo y Planificación Regional de la Comunidad de Madrid, así como la de presidente de la Academia Española de Urbanistas.

Jesús San Vicente, líder de la candidatura alternativa en los últimos comicios a decano (NEXOCOAM) que se quedó a apenas 176 papeletas de la elección después de un turbulento proceso, explica en conversación con este periódico sus dudas ante el modelo actual de distinciones en la entidad. Lo hace, eso sí, sin entrar a valorar el reconocimiento a Enrique Porto: “La figura del colegiado de honor debería ser otorgarse a personalidades de fuera de la profesión y fuera de Madrid para garantizar la independencia del proceso”. Es lo que sucede este año con Pérez Villanta, propuesto por el entorno del propio San Vicente.

Cita otros nombres que lo merecerían por su notable contribución al urbanismo o la arquitectura desde otros sectores, caso de la todavía alcaldesa de París, Anne Hidalgo, o el ingeniero de caminos Manuel Melis, una de las grandes mentes pensantes detrás del soterramiento de la M-30. Escritores como Antonio Muñoz Molina, activistas vecinales como Manuela Navarro o cronistas de la Villa como el periodista Pedro Montoliú han recibido igualmente estas insignias honoríficas.