El Estado pagará directamente a los proveedores murcianos
El Ministerio de Hacienda retendrá un porcentaje de las entregas a cuenta que realiza a Murcia para asumir directamente el pago a los proveedores de la administración regional al haber incumplido durante dos meses consecutivos el plazo máximo de abono de esas facturas.
Así se lo ha comunicado el Estado al Gobierno regional en un requerimiento notificado este miércoles a la Consejería de Hacienda, que acumula una deuda comercial superior a los 200 millones de euros con sus proveedores y sumó hasta 80 días de plazo medio de pago los pasados septiembre y octubre.
El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, en rueda de prensa junto a la directora general de Presupuestos, Begoña Iniesta, ha calificado de “injusta, arbitraria, oportunista e irresponsable” esta medida restrictiva sobre Murcia, y ha dicho que las demoras en el pago a proveedores las ha provocado el propio Ministerio por la deuda del IVA, la infradotación financiera y los atrasos en las entregas a cuenta que realiza cada quince días a la región.
A juicio de Celdrán, el Gobierno de Pedro Sánchez “ha impuesto un nuevo escalón en las medidas restrictivas sobre el presupuesto” autonómico, que ayer mismo fue llevado al Parlamento regional por el Ejecutivo de Fernando López Miras, atendiendo a criterios exclusivamente políticos y con la única finalidad de “intentar perjudicar y penalizar” las cuentas de la Administración regional.
Ha considerado “perverso” que el Gobierno reconozca que el modelo de financiación autonómico es injusto pero imponga a la vez medidas de ajuste adicionales, y ha insistido en que la economía de Murcia “funciona”, como lo demuestra el hecho de que en los diez años de vigencia del sistema de financiación actual haya crecido el empleo regional el 7,7 por ciento, más del doble que la media nacional.
“Murcia hace una gestión responsable de sus recursos. Aquí no hay despilfarro en EREs ni en referendum ilegales”, ha subrayado el titular de Hacienda, para quien el Gobierno “castiga a esta comunidad dándole una patada en el culo” con un requerimiento que supone “un hito más en la estrategia desleal y mezquina” de castigo a la región.
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