Trabajadores del transporte escolar protestan ante la Consejería de Educación

Decenas de trabajadores de empresas que prestan actualmente el servicio de transporte escolar en la Región de Murcia han protestado este lunes ante la consejería de Educación y Cultura para denunciar las consecuencias negativas que tendrá para el sector en nuevo convenio colectivo.

En un comunicado, el sindicato USO ha señalado que los trabajadores, que portaban pancartas en las que se leía “700 familias a la calle”, consideran que el pliego del nuevo concurso del servicio va a suponer, en caso de confirmarse, una “mayor precarización” del trabajo, que “ya de por sí estaba altamente devaluado”.

La concentración realizada hoy es una continuación de las protestas llevadas a cabo la pasada semana, y que consistieron en marchas en autobús por vías de los centros urbanos de Murcia y Cartagena.

Este sindicato ha recordado que realizó un informe en noviembre de 2020 en el que consideraba “impensable” que se pudieran ajustar los servicios de los trabajadores del transporte escolar si no se contaba con un contrato mínimo de media jornada, que debía ser ampliado en función de los trayectos fijados.

De otra forma, ha añadido USO, era “materialmente imposible” cumplir la legislación y el convenio colectivo, abogando por que el comienzo y el final de la jornada debe ser en el centro de trabajo y no en la puerta de los centros educativos, igual que el tiempo de toma y deje del servicio debe considerarse como trabajo efectivo, así como la valoración del tiempo de presencia al por ciento.

Lejos de tener en cuenta tales consideraciones, ha lamentado este sindicatos, las condiciones económicas propuestas en los pliegos en los que viene trabajando la consejería agravarán la situación, por lo que “difícilmente” se pueden cubrir los costes salariales de las empresas en cumplimiento de la legislación laboral y el convenio colectivo.

Por ello, USO ha alertado de que el nuevo convenio ocasionará la pérdida de empleos ante la imposibilidad de sufragar los costes por parte de las empresas y la precarización de las condiciones de trabajo de los trabajadores, que sufrirían los efectos negativos de las empresas que accedieran a los pliegos bajo las condiciones impuestas por la consejería de Educación y Cultura.