Gracias a los desesperados intentos, coronados por el éxito, del presidente López Mirass por mantenerse en el poder a costa de lo que fuere, la Región de Murcia ha devenido en paradigma de la anomalía democrática. El enésimo atentado contra la sede de Podemos en Cartagena, lejos de ser anécdota, lo confirma.
Resulta curioso que haya sido en Cartagena, ciudad de la que un diario denunció recientemente la existencia de algunos militares en activo y retirados con proclividades fascistas y hitlerianas.
Puede ser que la camada negra autora del ataque a la sede de Podemos no tenga nada que ver con ellos. Puede ser que sí. Pero resulta también chocante que la primera aproximación de la Policía Nacional a la bomba incendiaria contra esa sede hable de “un delito de daños”, y no de “atentado”, mucho menos de “terrorismo”, a pesar de que el mismo parte cita “un artefacto inequívocamente incendiario”.
No puede ser esa circunstancia de arriba limitada a un simplemente divergente uso del lenguaje. Una bomba incendiaria, llámesela cóctel molotov o como se quiera, es un acto violento que no puede ser reducido a un simple parte de “daños”. De ahí para arriba corresponde a los jueces calificarlo, pero no parece buen principio la reducción a casi la nada, a simple anécdota.
Porque no es una anécdota lo que está pasando desde hace meses en la Región de Murcia, con una extrema derecha cada vez más empoderada y determinante gracias, precisamente, a las actitudes de Fausto del presidente y su claque, dispuestos a vender sus almas al diablo –léase al mejor postor–, con tal de mantenerse en la poltrona al tiempo que perpetúan el sistema clientelar gracias al que el territorio está elevado al número uno estadístico nacional de casos de corrupción establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Consecuentemente, en Murcia –a diferencia de Madrid, donde Díaz Ayuso mantiene a Vox, de momento, a la expectativa hasta que lo necesite– el PP recurre a la extrema derecha para seguir gobernando. Y toda esta maniobra está rodeada de una tergiversación y mixtificación de los principios correspondientes a una democracia representativa en la que los candidatos se presentan integrados en listas de partidos cerradas y deben su escaño al partido bajo cuya siglas se presentan.
De esta forma, la Región se ha convertido en pionera y paradigma del transfuguismo político a gran escala. De los 45 diputados de la Asamblea Regional, seis son tránsfugas y un séptimo intenta salvar la cara –a imagen y semejanza del presidente regional– desde su poltrona de la Presidencia de la Asamblea, revelando así que su pérfida catadura se corresponde tal cual con su talante moral. O amoral, cabría decir.
Esos siete diputados regionales tránsfugas representan el 15,5% del total de escaños de que dispone la cámara murciana. Parecen pocos, pero comparando proporciones con otras cámaras resulta que es todo un escándalo político. Un porcentaje similar en el Congreso de los Diputados significaría que 54 de los 350 escaños estarían ocupados por tránsfugas. Serían prácticamente los mismos de que dispone Vox en la actual legislatura (52) y casi veinte más de los que tiene Unidas Podemos (35), que son los grupos tercero y cuarto en números de diputados. Inimaginable.
Pero en Murcia, dentro de nuestras modestas proporciones, batimos esa degeneración democrática, puesto que el Ejecutivo se sustenta en tres tránsfugas de Ciudadanos, gracias a los que ganó la moción de censura en la que estos votaron en contra de su propia firma anterior desdiciéndose clamorosamente en un plazo de cuatro días. Ahora suma también a otros tres: los expulsados de Vox, que apoyarán los presupuestos y obtienen la Consejería de Educación y Cultura, encarnada en la señora Campuzano, para intentar imponer el pin parental con la aquiescencia del PP de extremocentro. Ni que decir tiene que unos y otros, más el séptimo trapacero encaramado a la Presidencia de la Cámara, votarán llegado el caso también a favor del cambio de la llamada ley del presidente para que López Miras pueda volver a presentarse a mandatario regional en 2023.
Esta degeneración democrática hace a Murcia igualmente pionera en suciedad sistémica, puesto que gozamos de lo nunca visto antes en la historia parlamentaria española, no solo la de los cuarenta últimos años de democracia. A saber, tres tránsfugas, que algunos se empeñan en llamar “díscolos”, y que lo son porque fueron expulsados de Vox pero mantienen el grupo parlamentario de esa formación, beneficiándose así no solo de sus salarios y prebendas de diputados sino también de la financiación que corresponde a todo grupo parlamentario. Ahora bien, en su ideario (?) está la eliminación de subvenciones a sindicatos, ONGs, etcétera; y el “cheque escolar” pergeñado como un ataque frontal a la escuela pública en aras de la “libertad de elección”. La de ellos, claro.
En este caldo de cultivo auspiciado por el PP de un López Miras que pretende eternizarse en el poder regional –a imagen y semejanza del fundador de la dinastía popular a quien Bruselas tuvo en su gloria–, no es de extrañar que se repitan “incidentes de daños” como el de la sede de Podemos en Cartagena, puesto que es del poder y de las ideologías dominantes en Murcia y Cartagena desde los que se derivan más o menos indirectamente esos “daños”. ¿Colaterales? Vale.
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