En la Región de Murcia, los debates recientes sobre el nombre del aeropuerto y la inscripción franquista en la fachada de la Catedral de Murcia por poner un ejemplo, muestran hasta qué punto España sigue arrastrando heridas que nunca se cerraron del todo. A muchos les incomoda hablar de memoria democrática, pero precisamente por ese silencio durante décadas es por lo que hoy sigue siendo imprescindible.
La Ley de Memoria Democrática no es un capricho político ni una revisión interesada de la historia. Es una norma que busca algo tan básico como reconocer la dignidad de quienes fueron perseguidos, represaliados o silenciados por la dictadura franquista. Hablar de memoria no es reabrir heridas: es reparación, justicia y verdad.
El caso del aeropuerto de Corvera es revelador. Se pretendía bautizarlo con el nombre de Juan de la Cierva, ingeniero brillante, sí, pero también colaborador del golpe de Estado de 1936. ¿Es razonable que una infraestructura pública del siglo XXI lleve el nombre de alguien vinculado al origen de una dictadura que costó miles de vidas y décadas de represión? La ley dice que no, y con razón. No se trata de negar la valía técnica de De la Cierva, sino de evitar que los espacios públicos glorifiquen a quienes participaron o fueron cómplices en la destrucción de la democracia.
Lo mismo ocurre con la leyenda “José Antonio Primo de Rivera. ¡Presente!” en la fachada de la Catedral de Murcia. Esa inscripción no es un elemento artístico ni histórico neutral; es una consigna de exaltación franquista, colocada para rendir homenaje al fundador de la Falange. Mantenerla hoy, en un edificio emblemático de la ciudad, es mantener viva la simbología de una dictadura que negó los derechos y libertades que hoy disfrutamos. Por cierto, no encontré prueba pública de un expediente abierto y sancionador concluido que haya obligue al Obispado, titular de la misma desde 2014 gracias al privilegio de las inmatriculaciones otorgadas por un gobierno del PP, para retirar la inscripción. Sí hay documentado con peticiones, escritos (burofaxes), concentraciones y reclamaciones de asociaciones y partidos políticos; y silencio o falta de actuación firme por parte de la Diócesis y, hasta la fecha pública, de las administraciones competentes.
Quienes critican la Ley de Memoria Democrática suelen hacerlo en nombre de una supuesta “neutralidad histórica”. Pero la neutralidad ante la injusticia no es virtud, sino complicidad. Las democracias maduras no temen revisar su pasado; al contrario, lo hacen para construir un futuro más digno. Alemania, Italia, Argentina o Chile lo entendieron hace tiempo: no hay reconciliación sin reconocimiento del daño.
La memoria democrática no borra la historia; la completa. Pone nombre a las víctimas, contextualiza los hechos, y retira los honores a quienes nunca debieron tenerlos. La Región de Murcia tiene el deber de mirar su pasado con valentía. Porque la justicia no se mide por los nombres en los aeropuertos ni por las inscripciones en las catedrales, sino por la verdad que somos capaces de asumir colectivamente.
Solo recordando con verdad podremos, por fin, convivir en paz.
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