El Gobierno de la nación decide 'eliminar' la medida que prohíbe a los inmigrantes en situación irregular acceder a la Sanidad Pública. Me gustaría felicitarles por esta gran decisión, aunque creo que podrían ir más allá y suprimir esa ley. Estoy segura que eso haría de España un país mejor.
La medida de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes está reflejada en el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 abril. Con este decreto, el Gobierno quería frenar el 'turismo sanitario' que había generado un agujero de 917 millones de euros en las cuentas estatales. Para evitar ese déficit, se creó esta medida que pretendía ahorrar 500 millones de euros. Se desconoce si realmente esto ha sido así, no existen cifras para decir que ha sido un éxito o un fracaso. Ni si quiera en su momento se conoció si realmente la personas que quedaban excluidas estaban dentro de dicho turismo.
Las informaciones dadas en su día por Sanidad situaban la cifra en 870.000 personas en situación irregular, que hasta esa fecha tenían acceso a la atención sanitaria y que se verían afectadas por ese Decreto-Ley. De todas ellas, 33.319 eran residentes en la Región de Murcia. A ese número es necesario sumar los 2.500 pensionistas no comunitarios que viven en nuestra región y no han cotizado a la Seguridad Social. Los pensionistas comunitarios, es decir que pertenecen a un país miembro de la Unión Europea, si han podido mantener su tarjeta sanitaria durante estos tres años.
Con la situación de estas 35.819 personas, la Región de Murcia ha tenido que hacer frente a un problema de salud pública y ha puesto en riesgo la salud de todos sus habitantes. La mayor parte de las enfermedades que sufren estas personas son de carácter infeccioso, lo que provoca la exposición del resto de ciudadanos a enfermedades tan graves y mortales como la tuberculosis, cuyo tratamiento en una etapa avanzada y por vía de urgencia es tres veces más caro, que tratadas en un primer momento. El anuncio es una buena noticia que trae muchos interrogantes.
Los inmigrantes en situación irregular no obtendrán la tarjeta sanitaria, sino un 'documento especial de atención'. Se desconoce si ese documento irá unido a un historial médico, hecho que facilitaría el trabajo a los especialistas. Este documento sólo tendrá validez en la comunidad autónoma de residencia, es necesario renovarlo anualmente y para adquirirlo hay que estar empadronado durante un tiempo (desconocido).
Este último requisito es difícil de cumplir, ya que no todos los inmigrantes traen documentos oficiales de sus países de origen, esencial para poder llevarlo a cabo el empadronamiento. Y el último interrogante, ¿con este documento se van a poder expedir las recetas oficiales? De momento, el Gobierno no se ha pronunciado.
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