En España, desde la época de la Transición, los dirigentes políticos de uno y otro signo han venido utilizando sistemáticamente medios públicos para actividades privadas, ya se trate de aquellas propias de partido o de cualquiera otra índole.
En 1988, el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, recurrió al uso de un avión Mystére de la Fuerza Aérea Española, enviado especialmente desde Madrid, para eludir una cola de varios kilómetros en la frontera portuguesa de Vila Real de Santo Antonio. Guerra, que regresaba a España tras pasar unos días de vacaciones en la región portuguesa del Algarve, fue increpado por numerosos automovilistas, que aguardaban una cola de varios kilómetros para tomar el transbordador hacia la localidad onubense de Ayamonte, cuando pretendió colarse. El vicepresidente del Gobierno desistió entonces de cruzar el paso fluvial y regresó a la localidad lusa de Faro, donde lo recogió el Mystére, emprendiendo después rumbo a Sevilla.
En 2014, el viaje del entonces presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para asistir a un congreso del PP europeo en Dublín y volver después a España, realizado desde Bruselas en un avión Falcon del Ejército del Aire, tuvo un coste total de casi 14.500 euros, según reconocía el Gobierno en respuesta al diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien había censurado el uso abusivo de aviones oficiales, recordando las críticas que vertía el PP en la oposición contra José Luis Rodríguez Zapatero, quien utilizó ese medio en 2009 para ir a mítines en Canarias o Asturias. Llamazares presentó una pregunta en el Congreso interesándose por el uso de un avión Falcon 900 para llevar a Rajoy de Bruselas a Dublín. Se supo de ese vuelo por una casualidad, al sufrir el aparato una avería poco después de despegar desde Irlanda de regreso a Madrid.
Pero no era la primera vez. En octubre de 2012, Rajoy viajó de Bruselas a Vigo en otro Falcon de la Fuerza Aérea para participar en sendos mítines electorales en Vigo y Orense, en el cierre de campaña de las elecciones gallegas, tras asistir en la capital comunitaria al Consejo Europeo.
Estos antecedentes -seguro que habrá muchos más- vienen a colación del episodio protagonizado por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien utilizó un avión presidencial para acudir este viernes, junto a su mujer, al Festival Internacional de Benicàssim, donde actuaba la banda estadounidense The Killers, de la que ambos se declaran fervientes fans. El jefe del Ejecutivo despegó en el Falcon 900B tras presidir el Consejo de Ministros y aterrizó en el aeropuerto de Castellón. En esta ciudad mantuvo sendas reuniones previas al concierto con la alcaldesa y el presidente de la Generalitat valenciana, algo que muchos han interpretado como una forma de justificar el dispendio. La vicepresidenta Carmen Calvo ha argumentado “agenda cultural”. En el PP dicen que el traslado ha costado más de 10.000 euros.
Desdoblar el uso y abuso del personal y los medios públicos para actividades de partido o particulares es otra de las asignaturas pendientes de nuestra democracia. He seguido bastantes campañas electorales como para asegurar que se suele utilizar con frecuencia a personas y vehículos de la Administración para ese menester. En el caso de lo primero, podríamos alegar voluntarismo de los afectados como agradecimiento por ocupar un puesto de libre designación y estar en la pomada. En el segundo, ocurre como en el caso anteriormente mencionado de los aviones: que no resulta conveniente ni procedente que con el dinero público de todos se realicen este tipo de cosas. Es lo de Ortega sobre el mando: que debiera ser un anexo de la ejemplaridad y nunca otra cosa.
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