El Real Decreto Ley 8/2020 ha irrumpido en esta realidad de una España confinada por la extensión de un virus que no solo amenaza vidas, sino que también se las cobra.
La inevitable afectación de la economía en todo el Estado requería de una respuesta contundente por parte de las instituciones. Ya se habían movilizado a pleno rendimiento los profesionales sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o las fuerzas armadas, esto es, una extensa cadena de parte de los trabajadores públicos, que bajo el estado de alarma se dedican a preservar y cuidar nuestra salud, a mantener el orden público y a garantizar que esta situación excepcional afecte lo menos posible a nuestras vidas.
La situación económica es delicada, la lucha contra la pandemia ha golpeado con dureza a todos los sectores productivos, paralizando incluso a algunos de ellos. Y todo el mundo esperaba una respuesta del Gobierno, todo. Lo curioso estriba en las posiciones liberales. Cabe entender que los liberales deberían reclamar que el Estado no intervenga, más allá de las medidas estrictas de sanidad y orden público. Que debería ser el mercado –adaptado en cada momento a la situación que se vive- el que gozara de mecanismos automáticos de ajuste y que mediante oferta y demanda se establecería qué empresas deben sobrevivir y cuales se verían abocadas a su desaparición. Por contraste, sin embargo, resulta llamativo -y debe hacernos reflexionar- ver a los partidos políticos liberales y conservadores (Ciudadanos, Partido Popular, Vox, básicamente), a la patronal y al tejido de autónomos y PYMES suspirar por una intervención pública sanadora.
No cabe mayor incoherencia que la del liberalismo y sus recetas: menos impuestos, menos intervención en la economía y menos Estado. ¿Qué soluciones ofrece ahora ante la crisis? Ninguna. Se aquietan asustados ante un paquete de medidas de inversión pública que se dirigen a proteger el empleo, inyectar liquidez al tejido económico y a ayudar a autónomos y pymes. Asisten boquiabiertos a la intervención pública para ordenar recursos y redistribuirlos, combinar la iniciativa privada y el funcionamiento regulado del mercado. Reflexionemos en estos días de confinamiento.
El Decreto Ley 8/2020 ha introducido medidas generales como la moratoria hipotecaria para vivienda habitual y la prohibición de corte de los suministros básicos (agua, electricidad, gas, telecomunicaciones),ha creado una línea de liquidez para las pequeñas y medianas empresas a fin de que puedan sobrevivir a este período, ha implementado un ERTE en el que las cuotas de seguridad social son asumidas por el Estado, a fin de preservar el empleo y ha regulado una prestación económica para el cese de actividad de los autónomos, así como la exoneración del pago de cuotas del RETA, siempre que concurra en ellos fuerza mayor y relajando en general los requisitos para el acceso al conjunto de prestaciones.
De la generosidad de las Administraciones públicas a la hora de aplicar las medidas, dependerá su éxito. Pero creo que no se ha entendido bien el alcance del plan gubernamental, leídos estos días decenas de opiniones y decenas de opinadores. La clave de este plan no se ciñe a este Decreto ley. Se trata solo de un comienzo. Tal como han anunciado el presidente Sánchez y el vicepresidente Iglesias, lo que va a venir después es un Gobierno que va a poner sobre la mesa unos presupuestos expansivos del gasto que fomenten una rápida recuperación en todos los sectores económicos y sociales. Vendrá un new deal con unos niveles de inversión pública no explorados. Y será esta apuesta progresista por una intervención necesaria en la economía, apostando por los trabajadores y pymes la que nos permitirá vislumbrar un horizonte de cohesión y recuperación económica, entre las continuas quejas y alaridos de los desnortados liberales y neoliberales
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