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Otra vuelta de tuerca al medio ambiente

Panorámica de Sierra Espuña

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Desde hace varios años estamos asistiendo a un profundo y significativo desmantelamiento de todo lo que se refiere al medio ambiente que se manifiesta en el ámbito normativo y en la composición, estructura y recursos humanos de las administraciones regionales. Otra vuelta más, en esta cruzada antiambiental, es el Real Decreto Ley 4/2021 de 17 julio de simplificación administrativa que, bajo el pretexto de agilización de trámites, sigue con ese objetivo de desmantelamiento del medio ambiente. Es un peldaño más en el camino de la desregulación y el recorte de salvaguardas con un claro objetivo de rebajar las garantías ambientales que establecen dichas normas.

Se está intentando aprovechar la coyuntura sanitaria y económica para rebajar las garantías de protección del interés general y del medio ambiente y se quiere llevar a la práctica, a pesar del probable incumplimiento de la legislación estatal. Así se establece un mecanismo en nuestro territorio de beneficios privados e impactos y perjuicios ambientales socializados. Esta situación se basa en un presupuesto ideológico subyacente de la derecha conservadora en esta región en el que el medio ambiente y el patrimonio natural es un freno al proceso de desarrollismo depredador a ultranza. Para la cúpula del Gobierno regional, la legislación ambiental ha sido siempre una china en el zapato a la hora de llevar a cabo ese crecimiento desmedido. Sus propuestas de desregulación han asumido el ideario de la CROEM, la industria cárnica y el sector agroexportador.

No es la primera vez que se da esta situación. En el año 2001, durante la presidencia de Ramón Luis Valcárcel, se aprovechó la tramitación de la Ley del Suelo, para introducir una disposición adicional que desprotegía unas 11.500 hectáreas de terrenos protegidos, la mayoría en la Marina de Cope. Este hecho provocó un recurso ante el tribunal Constitucional, promovido por la Plataforma Prolitoral y Ecologistas en Acción de la que formaba parte. Después de once años, se produjo la declaración de inconstitucionalidad y la anulación de esa disposición, restituyendo la protección ambiental de esta zona.

Estas agresiones medioambientales han seguido continuando en el tiempo con la Ley de Aceleración Empresarial, la lenta agonía de nuestra laguna costera, el retraso de décadas en la aprobación de los planes de gestión en los espacios naturales protegidos (PORN), la carencia de recursos humanos en la administración como la Dirección del Mar Menor sin estructura, personal ni objetivos, advertida por la propia directora general o el intento de resucitar la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA), que no ha llegado a prosperar todavía. La ruptura ente el Gobierno regional y las organizaciones de defensa ambiental es total porque es imposible asistir como convidados de piedra a esta contrarreforma medioambiental. Un elemento fundamental que denuncia estas organizaciones es la ausencia total de participación pública de la ciudadanía en los temas de gobernanza medioambiental. La falta de planificación democrática ha supuesto el crecimiento descontrolado de algunas actividades económicas, la contaminación y el grave deterioro de nuestros patrimonios naturales, como es el caso paradigmático del Mar Menor.

Este decreto tiene un objetivo claro: la disminución radical de los mecanismos de control, protección y las garantías ambientales en la región. Varios artículos de la normativa contravienen leyes básicas estatales y la Directiva sobre Hábitats europea. Este hecho es bastante grave y puede iniciar un nuevo caso de inconstitucionalidad en la legislación del Gobierno regional. El artículo trece del decreto, que modifica las actividades sometidas a licencia de actividad, puede vulnerar el artículo 140 de la Constitución sobre la autonomía municipal. También la disposición adicional decimoquinta, puede infringir la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, así como la Directiva Hábitats, al tratar de eludir la evaluación de efectos adversos en los espacios protegidos de la Red Natura 2000. Además, la disposición adicional primera, vías pecuarias, está en franca contradicción con la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, al pretender adaptar estos caminos públicos al planeamiento, y no efectuar el proceso al contrario.

Esta vuelta de tuerca está enmarcada en el objetivo del desmantelamiento ambiental que se está llevando a cabo. ¿Cómo cambiar el rumbo de colisión que llevamos? Se necesita una amplia alianza de miembros y organizaciones de la sociedad civil, en un necesario un trabajo colectivo, que reinicie una campaña contra el desmantelamiento del medio ambiente y la defensa de nuestro patrimonio natural vilipendiado.

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15 de julio de 2021 - 06:00 h

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