GTM alerta sobre el peligro que implica una televisión con unas instalaciones sin cobertura jurídica
GTM prosigue con su denuncia por lo que entiende como “graves irregularidades” en el contrato de concesión del canal autonómico 7 Región de Murcia al grupo Secuoya, y que en los últimos días se ha centrado en el hecho de que, según afirman, ha ocupado como sede central “unos locales ocupados sin contrato de alquiler válido en Molina de Segura”. Por ello, GTM ha alertado a la Dirección General de Trabajo, a los sindicatos CC.OO, UGT y USO, y al Servicio Regional de Empleo “del alto índice de siniestralidad laboral de las citadas instalaciones en las que trabajan a diario varias decenas de trabajadores”.
El director gerente de GTM, Anxo Quintanilla, ha resumido la situación explicando que “las instalaciones que, de forma irregular, tienen ocupadas el grupo Secuoya en Molina de Segura, presentan un elevado riesgo de siniestralidad laboral por su falta de cobertura”. “Por eso le pregunto a las autoridades de la Región y a los sindicatos si se van a quedar de brazos cruzados ante esta situación que denunciamos”, ha afirmado Quintanilla, para después poner un ejemplo de algo que podría darse: “Si ocurriera un accidente laboral, Dios no lo quiera, ¿quiénes serían los responsables?”. “Dicho de otro modo”, ha proseguido, “si en las actuales circunstancias en las que se le da la espalda a un auto judicial, se cae un foco, que suelen pesar unos 25 kgs, y alcanza a un trabajador, ¿quién asume la responsabilidad?”. “¿Tendría la Administración Regional un grado de corresponsabilidad al conocer la situación y no tratar de corregirla?”, ha insistido.
GTM ha requerido de la Dirección General de Trabajo, a través del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, y del propio SEF, “que tomen cartas en el asunto, abran los correspondientes expedientes y actúen como corresponda”. Según ha explicado el grupo empresarial murciano, tanto el director general de Trabajo, Fernando José Vélez, como el director del SEF, Alejandro Zamora, “fueron muy explícitos al respecto en sus respectivas comparecencias ante la Comisión Especial de Empleo en la Asamblea Regional, lo que, en opinión de GTM, supone un ineludible compromiso para no esquivar este caso que además afecta a un proyecto de titularidad pública”.
“Estudios de riesgos, aperturas de expedientes en centro de trabajo, control periódico de los mismos, elaboración de mapas de riesgos son algunos de los compromisos adquiridos por estos altos cargos públicos ante la institución parlamentaria”, han explicado desde GTM, que además, ha recordado a los sindicatos CC.OO., UGT y USO que la situación en la que se encuentra el canal público, en unas instalaciones sin cobertura jurídica, “ofrece una evidente situación de inseguridad jurídica que choca frontalmente con las campañas que los citados sindicatos han venido realizando contra las irregularidades en centros de trabajo, dentro de los planes de prevención”.
