Protestas en la Universidad de Murcia contra los recortes: “Se favorece a la UCAM”

A la Universidad de Murcia se le acumulan los fuegos. Mientras las protestas por el estado de la Escuela de Enfermería de Cartagena continúan desde la semana pasada, las facultades de Derecho, Educación y Letras de la Universidad de Murcia han protagonizado esta mañana un nuevo episodio de protestas.

Esta misma mañana (por la del viernes) se ha reunido el Consejo de Gobierno para aprobar, a propuesta del vicerrector de profesorado, Pascual Lucas, un paquete de recortes que, según la Universidad, van encaminadas a hacer de la institución “una universidad más tecnológica y científica”, y que conllevan una serie de medidas que, según la Delegación de Alumnos, empeorará la calidad de la enseñanza de las titulaciones afectadas.

Para la Facultad de Derecho, uno de los buques insignia de la Universidad de Murcia, tienen previsto eliminar un grupo de cada curso y aumentar el número de estudiantes de primer año, una combinación que “empeorará y masificará” las condiciones de los estudiantes. “La nueva LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) no garantiza nada. La nefasta gestión de la Dirección General de Universidades, a cuyo frente se encuentra ahora una señora de la universidad privada, logra que la CARM no nos financie como merecemos”, aseguran portavoces de los alumnos. No es la primera vez que, en lo que llevamos de 2023, se señala desde la universidad pública a la “dejadez” de la institución que “únicamente acaba favoreciendo a la UCAM”.

La sentada ha derivado en una protesta frente al edificio Convalecencia, junto a la sede de Delegación del Gobierno, donde alumnos y profesorado han exigido al rector, José Luján, que “dé la cara”, mientras el Consejo de Gobierno aprobaba las medidas que han provocado la manifestación. Uno de los puntos, el 5.2 de la sesión, relativo a la oferta de plazas ha sido aprobado con tan sólo 6 votos en contra. El octavo punto de la sesión, sobre los grupos y los desdobles, ha sido aprobado alrededor de la una del mediodía con casi el doble de votos en contra, 11 contra 37 que sí votaron a favor. Fuentes cercanas a la Universidad señalan el profundo descontento de los decanos de las facultades de Derecho, Letras, Medicina, Óptica y Economía, así como también la junta del personal docente investigador (PDI).

El personal docente asociado también encabeza las protestas, la profesora asociada de la Facultad de Trabajo Social, Lola Gracia, destaca que “el profesorado asociado, que nació con buen fundamento con el plan Bolonia, para acercar el mundo profesional al académico, asume a día de hoy la docencia teórica además de la práctica con la diferencia de que nos pagan una quinta parte y no nos dejan investigar. No tenemos ese derecho.” También elevan las quejas presupuestarias a la entidad rectora de la universidad: “El Rector alude a que son los presupuestos de la Comunidad Autónoma lo que impide elevar esas tablas salariales, pero también es cierto que llevan muchos años sin pelearlo con la CARM. En la Facultad de Trabajo Social un 60 por ciento del profesorado es asociado, yo creo que ya está bien”. Se quejan también de que se está vulnerando a su derecho a la huelga, “hemos establecido unos servicios mínimos los lunes y los miércoles, pero nos están obligando a dar las clases prácticas en esos servicios mínimos y teóricamente ese es el cometido de un asociado”.