Medicamentos caducados, sobredosis y contenciones sin autorizar: la Fiscalía de Murcia investiga la residencia para personas con discapacidad Los Olivos

La Fiscalía de la Región de Murcia ha abierto diligencias por las presuntas irregularidades cometidas en la residencia para personas con discapacidad de Los Olivos, ubicada en el municipio murciano de Cieza. “Las negligencias que se estaban cometiendo son inimaginables, me parecía estar viviendo una película de miedo, no me lo podría creer”, asegura a este periódico una de las trabajadoras que pusieron en conocimiento de la Fiscalía los hechos el pasado 8 de febrero a través de Podemos y que refieren cómo en el citado centro encontraron medicación caducada, no se hacía un seguimiento de los tratamientos de los pacientes o sus analíticas, las contenciones a los enfermos no estaban autorizadas por el juez, se sustraían medicamentos para uso privado y se trabajaba con un programa de registro de la información que no se volcaba en el portal público y se podía manipular, según consta en el escrito presentado ante el fiscal.

La Fiscalía investiga también el caso de la residencia de los Hermanos Maristas en Cartagena, gestionada por Amavir, y que también incluyó Podemos en su escrito al considerar que se podrían haber incumplido los protocolos que obligan a guardar cuarentena a todos los empleados contagiados y a aislar a todos sus contactos estrechos. En dicha residencia se contagiaron 117 de los 120 de los usuarios y murieron al menos 27 de ellos.

La atención sanitaria la gestionaba desde hace 25 años esa empresa

Los Olivos, por su parte, es un centro de titularidad pública “pero una empresa privada se encargó de gestionar la atención sanitaria durante 25 años a través de un contrato con el IMAS” (Instituto Murciano de Acción Social), que depende de la Consejería de Mujer, Familia y Política Social, explica a elDiario.es Región de Murcia la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, para quien es “increíble” que “esa situación que se estaba viviendo en la residencia no haya saltado a la luz hasta ahora”. Para la portavoz de la formación morada en sede parlamentaria, “son cosas que vienen de antes, del modelo de conciertos y privatizaciones de la Región, donde la práctica totalidad de las plazas para personas con discapacidad y ancianos son privadas, tres de cada cuatro”.

Antes de judicializar el caso, los trabajadores de Los Olivos hicieron llegar sus quejas a la Dirección General de Personas con Discapacidad del Gobierno de Murcia, a la gerencia del IMAS y al exconsejero de Salud, Manuel Villegas, que les trasladan que tenían que ser ellos los que denunciaran ante la Fiscalía. “Se ha cesado a la directora anterior y el nuevo director cuenta con la confianza de la plantilla y está trabajando para poner todo aquello en orden”, relatan. La empresa -a la que se le iba a prorrogar el contrato en enero- ya no está al mando de Los Olivos y en su lugar ha retomado la gestión el IMAS, según fuentes cercanas a la residencia. Contactado por este medio de comunicación, el departamento de Política Social del Gobierno regional ha declinado hacer declaraciones al respecto “al ser un asunto judicializado”.

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, los trabajadores tenían conocimiento de la existencia de medicación caducada desde 2015 y 2016, o suero pasado de fecha en 2018. “Situación que comunicamos a la dirección del centro y a la farmacia de zona que suministra los medicamentos, la cual nos indicó que no era responsabilidad suya”. También se recoge que los tratamientos de los usuarios no se revisaban periódicamente, lo que daba lugar a errores. O no se les realizaban los análisis pertinentes, llegando en algunos casos a sufrir sobredosis de psicotrópicos o a sufrir brotes psicóticos “por falta de regulación de la medicación por parte del neurólogo”. Tampoco se estaban revisando la próstata y el cáncer de mama de los usuarios del centro -continúa el escrito-, “no iban al oftalmólogo ni se revisaba el fondo de ojo, ni se hacían analíticas periódicas a todos los residentes del centro”. Y el suministro de medicación “se hacía por personas sin la titulación exigida, recayendo en las auxiliares sin supervisión de enfermería, de psicótropos y benzodiacepinas”.

“Las contenciones a los enfermos no estaban aprobadas según la normativa”, lo que no es legal, aseguran. “Esta práctica tiene que ser propuesta por un médico y aprobada por la Fiscalía cada tres meses, pero no había un listado de contenciones y a pesar de eso se realizaban”.

Inspecciones insuficientes

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, se lamenta de que no se hacen todas las inspecciones que se deberían de hacer para controlar estos centros “porque no hay siquiera suficientes inspectores”. Y se queja de que durante la pandemia se han encontrado con “muchos obstáculos” para esclarecer estos asuntos; como el rechazo de PP, Ciudadanos y Vox el pasado noviembre a crear una comisión de investigación en el Parlamento murciano sobre lo sucedido en las residencias. “Desgraciadamente, en la Región de Murcia muchos temas que deberían poder solucionarse con la política tienen que terminar en la vía de la justicia; por eso ayudamos en este caso a los denunciantes a ponerse en contacto con la Fiscalía”.

Las denuncias de los trabajadores ante sus superiores en el IMAS y la Consejería de Salud -que intervino el pasado mayo el centro tras detectarse un brote de COVID-19- “llegaron pronto a oídos de la dirección de Los Olivos, que iniciaron una campaña de mobbing contra nosotros para hacernos imposible el trabajo allí dentro”, relatan a este medio. “¿Cuándo se le pondrá cara a la cizaña y los cizañitos?”, se podía leer en carteles que colgaban en los despachos para presionarles y evitar más filtraciones.

Los trabajadores recuerdan, además, que la residencia fue intervenida por Salud justo después del fallecimiento de un joven de 26 años que sufría un trastorno del espectro autista y que unos días antes de su muerte había comenzado a padecer dolores de estómago, fiebre, y otros síntomas. “No se le hizo PCR hasta su fallecimiento, y se descubrió que era positivo”. La familia cursó denuncia por presunta negligencia ya que le encontraron atado de pies y manos. “Creían que podía haber muerto ahogado en su propio vómito”. En ese caso, sí que estaba autorizada la contención para extraerle sangre pero no por las noches para dormir, según las mismas fuentes.

Falta de transparencia

Según el escrito que investiga la Fiscalía, el sistema que se usaba en el centro para tratar la información no era público. “Utilizaban un programa llamado Sinapsis cuya información no está volcada en ningún portal público, como sí sucede con el programa 'Casas' que utilizan otros centros del IMAS”. En el programa 'Casas' -explican- se accede con huella digital, la información que han registrado otras personas no puede ser modificada y puede ser utilizada como prueba judicial. “Pero en el programa de este centro, cualquiera podía entrar y cambiar la información”.

“Hacemos todo lo que podemos para subsanar este tipo de actuaciones”, insiste en declaraciones a elDiario.es Región de Murcia María Marín, portavoz parlamentaria de Unidas Podemos. “Esta semana hemos presentado un proyecto de ley de residencias para modernizarla, mejorar las condiciones de trabajo de las auxiliares y poder garantizar una atención sociosanitaria digna para los usuarios”. No se trata de una “caza de brujas” pero sí de “depurar responsabilidades”.