“Una confederación vasco-española, como si el País Vasco fuera una nación independiente, es inconstitucional”
Jaime Ignacio del Burgo (Pamplona, 1943) es autor de 38 libros, casi todos relacionados con los Fueros y la realidad política de los territorios forales. Sus conocimientos teóricos y su actividad en el último medio siglo le convierten en uno de los padres fundadores de la arquitectura política salida de la España de la Transición. Su dilatada carrera le sitúa como un firme defensor de la foralidad y el derecho a decidir de Navarra como sujeto político, aunque siempre dentro de la Constitución y como garantía de la no integración de la Comunidad Foral en el País Vasco. Del Burgo es un verso suelto dentro de su propio partido, con ideas propias que le llevan a defender la transitoria cuarta y la foralidad de los territorios vascos y Navarra como parte de España. Su inclusión a petición del PP en el grupo de expertos de la Comisión del Parlamento Vasco para renovar el Estatuto de Gernika le lleva, de nuevo, a la primera línea de la actividad legislativa, si es que alguna vez la abandonó. Como siempre, se expresa con claridad meridiana y una beligerancia contra el nacionalismo vasco que no se ha templado con el paso de los años.
Ha denunciado el acercamiento del PNV a las posiciones más radicales de Bildu, ¿considera que esa radicalización se acentuará en el futuro?
No sé qué nos deparará el futuro. Pero cuando el País Vasco está viviendo un periodo de gran prosperidad económica y bienestar social resulta que PNV y Bildu han pactado las bases para negociar con el Estado un nuevo estatus político que puede hacer descarrilar con gran estrépito a la locomotora vasca. Se trata de obtener un régimen de cuasi independencia mediante una Confederación con el Estado español, de igual a igual. A tal efecto consideran que la disposición adicional primera de la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, que hoy pertenecen a la Comunidad Vasca, que en virtud de la titularidad de tales derechos pueden convertirse en nación independiente. Ahora bien, se da otra circunstancia. Los abertzales radicales venían reivindicando el derecho a separarse de España. Pero han renunciado a esta pretensión independentista y en su lugar aspiran a concertar un pacto confederal entre el Estado y Euskadi, que constituye una parte de la nación euskalherríaca.
¿Qué opina de las corrientes recentralizadoras que surgen de las distintas derechas en España? ¿Cree que los Fueros se entienden fuera de Navarra y País Vasco o es necesario un esfuerzo por explicarlos para evitar problemas futuros?
Mi opinión no puede ser más negativa. El PP es un partido que ha demostrado siempre su respeto a la foralidad navarra tanto en el terreno tributario como en el de cualquier otra materia. El discurso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando defendió en las Cortes el refrendo al último Convenio Económico formalizado con Navarra, fue la mejor intervención en defensa de la autonomía foral y financiera de Navarra pronunciada por un miembro del Gobierno en toda la historia el Parlamento español. Ahora puede ocurrir en muchos lugares como en Andalucía y que se formen gobiernos de coalición autonómica con el PP, Ciudadanos y Vox. Cuanto mayor sea la fortaleza del PP mejor, porque los otros dos partidos por unas razones o por otras no demuestran tener ideas claras sobre la foralidad navarra.
¿Qué le parece el paulatino acercamiento de los presos de ETA a cárceles cercanas a sus domicilios? ¿La nueva situación justifica que se acabe con la política de dispersión?
Para mí lo peor no es el acercamiento en sí, pero siempre que la aplicación de la política penitenciaria y en concreto de los indultos y demás beneficios penitenciarios sigan siendo competencia del Gobierno español.
Esta semana hemos conocido el calendario de transferencias para completar el Estatuto. ¿Por qué no se ha desarrollado una ley orgánica en 40 años? ¿No es también un incumplimiento flagrante del marco constitucional?
No se olvide de que la mayor parte eran cuestiones de poca monta y que ha habido otros asuntos en los que se han concentrado los poderes vascos, como el proyecto de Ibarretxe, las renovaciones de los Conciertos Económicos y la política penitenciaria. Sin contar con la colaboración con el Estado para el desarrollo de vitales infraestructuras estatales como el AVE, el superpuerto de Bilbao, los aeropuertos, por señalar las más importantes. Debo hacer una precisión. El Estatuto es, en efecto, una ley orgánica pero su modificación exige el previo acuerdo entre el Estado y los representantes vascos en la Comisión Constitucional. Y por una razón o por otra, e incluso porque el Gobierno vasco tenía otras prioridades en su relación con el Gobierno nacional, lo cierto es que la negociación de estas competencias no se consideraba prioritario.
En el cronograma está incluido la transferencia de Prisiones. ¿Por qué tanta polémica cuando ya Catalunya obtuvo ese traspaso hace años y teniendo en cuenta que el control de la política penitenciaria seguirá en manos del Estado?
No tengo nada que objetar si el control efectivo de la política penitenciaria sigue en manos del Estado. Si no es así, supone que el Gobierno vasco pueda proceder a la excarcelación de quienes además no han dado el menor síntoma de arrepentimiento.
La Seguridad Social, sin embargo, queda fuera de la lista. ¿Será posible algún día esa transferencia si, como marca el Estatuto, no afecta a la ‘caja única’?
Sería un grave error que, además, perjudicaría a los propios pensionistas vascos romper la caja única de la Seguridad Social
En paralelo, el Parlamento Vasco ha aprobado una propuesta para superar el Estatuto. ¿Tiene encaje constitucional?
En absoluto. Transformar España en una Confederación vasco-española, como si el País Vasco fuera una nación independiente que en ejercicio de su propia soberanía pacta con el Estado español la fórmula más tenue y temporal de las uniones de Estados en el mundo como son las confederaciones, que ya no existen en ninguna parte. Además intentar encajar esta fórmula en la disposición adicional sobre reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales es un solemne disparate. El pueblo vasco no es titular de tales derechos. Nunca, jamás, ha existido como una unidad política hasta el Estatuto de 1979. Decir que casi desde Adán y Eva ya había un pueblo vasco por estos lares es una solemne majadería.
Además, la disposición adicional no puede amparar la conversión de los territorios forales vascos en una confederación. La Constitución se fundamenta en la unidad indisoluble de la nación española. Sólo el pueblo español es soberano. Por otra parte, las Bases aprobadas por la Comisión del Parlamento Vasco que ha designado al grupo de expertos de la que formo parte a propuesta del PP son manifiestamente inconstitucionales. Y para más inri solo tres territorios de los siete que supuestamente conforman Euskal Herria son los que promueven el nuevo estatus apropiándose de unos derechos de soberanía que -en caso de existir- su titularidad correspondería al conjunto y no a una parte.
Por último, la definición de Euskal Herria como una nación dividida por la imposición de los Estados español y francés en tres comunidades –la vasca, la navarra y la vasco-francesa– sin que ni la segunda ni la tercera hayan dicho esta boca es mía es un planteamiento totalitario. Recuerda al Anschlus hitleriano que se invocó por el régimen nazi para justificar la unión forzosa de Austria a Alemania en 1938. En realidad, Sabino Arana y Adolfo Hitler podrían darse la mano. Mientras a Hitler se demoniza, y con razón, a Sabino Arana, racista, xenófobo, machista y fundamentalista radical el PNV lo ha elevado a los altares en la Fundación que lleva su nombre.
¿Pronostica que Euskadi pueda ver reformado su Estatuto en esta ocasión o el camino acabará como en 2004 con el denominado ‘plan Ibarretxe’?
Desde luego las Bases no llegarán a ningún puerto. Otra cosa es que se reconvierta en un proyecto de modificación del Estatuto de Gernika, siempre dentro de la Constitución. Salvo que los españoles nos volviéramos locos y aprobáramos una nueva Constitución que legitime cualquier intento de romper la unidad nacional.
¿Qué le parece la posibilidad de recuperar el modelo de la II República y promover una consulta previa habilitante antes de que el Estatuto pase a las Cortes Generales?
Pues un craso error. En la II República el texto aprobado en referéndum en 1933 por las tres Provincias –Navarra se había salido del Estatuto el 1932-, sometido a consulta previa, no tuvo nada que ver con el que finalmente se aprobó en las Cortes ya en plena guerra civil, bajo la batuta del socialista bilbaíno Indalecio Prieto con la resignación de José Antonio Aguirre y Manuel Irujo, a quienes lo único que les preocupaba era acceder a la presidencia vasca aunque el primero apenas pudo reinar como lendakari sobre el territorio de Bizkaia durante apenas ocho meses, sin lograr evitar las enormes tropelías cometidas por los grupos de izquierda con una serie de crueles asesinatos.
¿Esta de acuerdo con la distinción entre ciudadanía y nacionalidad que prevé la propuesta?
Todavía no hemos escuchado una defensa convincente. En muchos casos se utilizan como conceptos sinónimos, pero hay algunas diferencias. Los promotores de las Bases –PNV y Bildu- no han explicado todavía el alcance de la distinción
Navarra
¿Qué opinión le merece la legislatura liderada por el gobierno de Uxue Barkos? ¿Cree que repetirá o que acabará con este periodo legislativo?
Ha sido una legislatura marcada por la obsesión del cuatripartito de convertir Navarra en un territorio más de la Euskal Herria política imaginaria. A veces se tiene la impresión de que algunas decisiones gravosas para la sociedad navarra, que no tienen parangón en Euskadi, se han adoptado con la finalidad de que el sentimiento fuerista desaparezca. Muchas gentes se preguntan que para qué sirven los Fueros si nos hacen de peor condición, por ejemplo en materia tributaria, que el resto de España incluido el País Vasco. La imposición del euskera mediante ayudas a la actividad económica y social que se condicionan a la utilización de una lengua que tan sólo la utiliza en sus relaciones personales y familiares entre el seis o siete por ciento de la población navarra es una muestra del fanatismo que impregna la acción del Gobierno. El frenazo a las grandes infraestructuras –por ejemplo el AVE- mientras en el País Vasco trabajan a marchas forzadas para finalizar su construcción, es otro ejemplo. Y el abandono de la Ribera, a la que han privado hasta el momento del Canal de Navarra, también tiene una intencionalidad política. Espero y deseo que este sea el primer mandato y el último del cuatripartito, que sólo une esa política de imposición. Otras veces pienso que en el fondo lo que a la señora Barkos le gustaría es sentarse en el sillón regio del Salón del Trono, pero para ello tendría que liberarse como cuestión previa la sumisión a los dictados de Ajuria Enea o de Sabin Etxea.
¿Cómo ve Navarra después de estos cuatro años? Aciertos, errores, qué queda pendiente.
La veo muy baja de defensas. Mucha gente está harta del Gobierno y también del Ayuntamiento de Pamplona, pero no se atreven a expresarse por temor a represalias que ya no son solo políticas sino que pueden afectar a su vida personal. Por mucho que se les llene la boca con la palabra “empoderamiento” lo cierto es que la inmensa mayoría de la población que tiene una familia y trabaja para vivir no tiene tiempo de sumarse a pretendidos foros participativos donde el aberzalismo se mueve como pez en el agua. De eso se aprovecha el cuatripartito. Pero en las elecciones de mayo los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar lo que piensan pues el voto es universal, libre y secreto. Barkos solo acierta cuando le dejan rectificar. Es lo que está pasando, por ejemplo, con la ocupación del Palacio del Marqués de Rozalejo, que raya en el ridículo y demuestra una debilidad intrínseca de la señora Barkos por más que trate de disimularla utilizando -la expresión no es mía-, un tono de voz engolada y un lenguaje ampuloso, hueco e impostado. Lo que ocurre es que los okupas le han tomado el pelo porque le han obligado a ponerse de alfombra ante ellos pues cuentan con el apoyo del mundo batasuno. Lo que queda pendiente es la recuperación de la normalidad democrática y que cesen los ataques constantes a la libertad de los ciudadanos. Tengo la impresión de que en las próximas elecciones la democracia servirá para desalojar al cuatripartito.
¿Considera que la identidad, e incluso la existencia de Navarra corren peligro por las pretensiones anexionistas del nacionalismo vasco? ¿Es la Transitoria cuarta un seguro para que eso no ocurra o una amenaza?
Para destrozar la identidad de Navarra hace falta bastante más que una legislatura. Pero desde el momento en que la presidenta Barkos ha proclamado que dicha identidad se fundamenta en el euskera, entonces tenemos un grave problema porque la inmensa mayoría de los navarros no lo hablan. La lucha por la libertad colectiva como pueblo ha caracterizado a Navarra desde que entre los siglos VIII y IX nace a la historia como reino independiente. Quiere esto decir que nuestra comunidad ha tenido como nexo de unión la foralidad, al menos hasta ahora. Los Fueros son el ámbito de autonomía o de poder propio que el pueblo navarro se reserva en el pacto para la integración en el Estado español y que sólo mediante nuevo pacto con Navarra puede alterarse. El Amejoramiento del Fuero de 1982 es el triunfo definitivo de la trayectoria foralista de Navarra al ser otro pacto histórico.
Ahora bien, en el seno de la sociedad navarra hay una parte de su población que desea que nos integremos, como un territorio más, en el País Vasco o Euskal Herria. La transitoria cuarta no es otra cosa que la plasmación en la Constitución del principio de que sólo el pueblo navarro, y nadie más, puede cambiar su histórico y actual estatus para convertirse en un territorio más de Euskadi. Utilizando un símil futbolístico el nacionalismo vasco pretende que Navarra descienda a la segunda división autonómica, quedando sujeta al Gobierno del País Vasco. Desde el comienzo de la Transición algunos sostuvimos que sólo el pueblo navarro, mediante referéndum, podía adoptar una decisión de semejante calado. La firmeza de la UCD de Navarra, respaldada por el presidente Adolfo Suárez, nos permitió sacar adelante y plasmar en la transitoria cuarta este principio al que el PNV y el PSOE no tuvieron más remedio que plegarse. Y luego el pueblo navarro ratificó nuestra posición en el referéndum de la Constitución que obtuvo la mayoría absoluta del censo electoral.
¿Cómo ve la campaña electoral en Navarra? ¿Quiénes parten con ventaja? ¿Y desventaja? ¿Debe el PP replantearse su estrategia y volver al entendimiento con UPN?
No es fácil hacer una previsión. El cuatripartito hace aguas al día de hoy. Al descrédito de Podemos a nivel nacional se une un grave conflicto específicamente navarro que puede arrastrar a la presidenta del Parlamento. Por otra parte, en muchos aspectos básicos que no tengan relación con la pretendida pertenencia a Euskal Herria hay diferencias insalvables entre Geroa Bai y Bildu. La presidenta Barkos preferiría contar con el PSOE navarro pero de momento es difícil que tengan sintonía en lo que se refiere a la integración en Euzkadi.
Al otro lado del arco parlamentario la cuestión se ha complicado en los últimos meses con la presencia de Ciudadanos y la irrupción de Vox. La fragmentación del mismo sector ideológico en cuatro opciones diferentes es muy mala noticia. Podría suponer que alguno se quede en la cuneta por no superar el 3 por ciento, lo que implicaría perder tres o cuatro parlamentarios que podrían ser decisivos para evitar cualquier pretensión integracionista. UPN se equivocará gravemente si no tiende la mano al PP para ir en coalición electoral. Cuando ambos estuvieron juntos en el pasado los resultados fueron muy satisfactorios. La coalición además no le impide que UPN pueda tener libertad de pacto con otros partidos, incluido el PSOE. Podría extenderse el pacto a las elecciones europeas.
