“Antes la violencia de género se consideraba un delito privado y solo veíamos la punta del iceberg”
¿Qué medios legales hay disponibles para las víctimas de la violencia de género? Asesorarse en esta materia es siempre un punto delicado, porque muchas víctimas no quieren denunciar a sus parejas o exparejas, por el vínculo emocional, por sus hijas e hijos o porque, en definitiva, “no quieren iniciar un proceso penal”. Pero, en cualquier caso, la clave está en que “rompan” con la situación de violencia, también por ejemplo a través de un divorcio o una separación. Así lo explica María Isabel Martínez Pérez, la responsable en el colegio de abogados de Pamplona del Servicio de Atención a la Mujer Maltratada (SAM). Este sistema, gratuito para la persona atendida y financiado a través de un convenio con el Instituto Navarro para la Igualdad, realizó por ejemplo en 2014 un total de 1.401 actuaciones para 399 mujeres. Un año antes, fueron 1.434 para 417. Martínez analiza estos balances y por qué ciertas cifras siguen sin reducirse.
No en vano, las estadísticas han aumentado de forma importante a lo largo de los años, pero también porque, según explican desde el colegio, el nivel de información y tratamiento de los datos al realizar sus propios balances ha mejorado. En 2005, por ejemplo, se contabilizaron 753 intervenciones de estos abogados y abogadas de oficio. ¿En qué consiste esa labor? Desde el asesoramiento en la propia sede del colegio en Pamplona, que es una vía minoritaria y, en opinión de Martínez, demuestra el desconocimiento del servicio por parte de la ciudadanía, al acompañamiento a las mujeres atendidas en la Policía o los servicios jurídicos, que tienen que ofrecer por sistema esta posibilidad (también se accede a él a través de los servicios sociales o del teléfono de emergencias 112), aunque las personas afectadas también pueden renunciar a ella. El servicio tiene que estar operativo las 24 horas, los 365 días del año, ante este tipo de urgencias para mujeres víctimas de maltrato o agresión sexual.
“Hay quien viene, se asesora, nos cuenta su situación y nos dice si ha sufrido una agresión o si cree que puede ser víctima, porque muchas veces no se reconocen como tal”, explica. “Se sienten perdidas y puedes explicarles cómo es el proceso que pueden iniciar. Un abogado les va a dar las opciones que tienen, pero lo más importante es ofrecerles toda la información, porque tienen miedo a saber qué va a pasar”, expresa.
¿Cuáles son las dudas más habituales? Desde cuál sería el recorrido de una denuncia a si el presunto agresor “irá a la cárcel”, si se activará una orden de alojamiento, si podrá seguir residiendo en la vivienda habitual… Y para resolver estas cuestiones, insiste Martínez, es necesario “dotar a las leyes de recursos presupuestarios”, porque asegura que los recortes también han llegado a la igualdad.
Esta actividad es una de las patas de la justicia gratuita, el llamado turno de oficio. Esta asistencia, recogida en la Constitución, atiende a todas aquellas personas “que acrediten insuficiencia de recursos económicos”, según se especifica desde el Colegio de Abogados de Pamplona (MICAP). En la actualidad, el apartado de atención a mujeres maltratadas se cubre en Pamplona (también se realiza esta función en los colegios de Tafalla, Estella y Tudela) con 40 abogados y abogadas voluntarios (cuentan con sus propios despachos), con la condición de que sean letrados especializados, con una formación regular. Esta representante del colegio subraya estas condiciones porque sabe que a menudo se cuestiona el esfuerzo del abogado o la abogada de oficio; preguntada sobre ello, defiende: “Eso es un mito”.
“Veíamos la punta del iceberg”
En el caso de Pamplona, este servicio está operativo desde 1998. Martínez, por ejemplo, forma parte de él desde su arranque. Preguntada sobre cuál es su impresión sobre la concienciación en torno a la violencia de género, apenas unos días después de que cuatro mujeres hayan sido asesinadas en menos de 48 horas en España, esta abogada opina que “ahora hay más visibilidad”. En Navarra, por ejemplo, lo habitual es contabilizar unos 1.000 casos al año de violencia de género, y pese a la frustración que puede generar que el número de denuncias no descienda, Martínez apunta que “antes igual también había delitos, pero no se denunciaban, se consideraba un delito privado. Y solo veíamos la punta del iceberg”.
La propia magistrada del juzgado de Violencia de la Mujer de Pamplona, Ana Llorca, ha hecho referencia a esta problemática en la actualidad. Así, Martínez reconoce, por ejemplo, su “preocupación” ante la detección de casos de maltrato en nuevas generaciones: en el (variado) perfil de las mujeres atendidas por el SAM, de hecho, los casos más habituales van desde los 18 a los 45 años. “Llama la atención que las generaciones que están sufriendo esta lacra repitan los roles. Me preocupa que no sepamos transmitir que hay que erradicarlos. Y la culpa es de toda la sociedad”, apunta.
