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El Ayuntamiento afirma que "ya está tratando con la máxima humanidad" el caso de Amparo

El Consistorio insiste en que diferentes juzgados han avalado la legalidad de todo el proceso seguido y lamenta que la familia la esté sometiendo a una situación "difícilmente sostenible y perjudicial para ella"

El Ayuntamiento de Santander ha afirmado que "ya está tratando con la máxima humanidad" el caso de Amparo Pérez, pero ha remarcado que "eso no puede conllevar, en ningún caso, que se cometa ninguna ilegalidad", como la que supondría darle a un particular un precio mayor por el bien expropiado que el establecido por los órganos competentes como, a su juicio, pretenden la afectada y su familia.

En este sentido, el Consistorio ha indicado en un comunicado que a Amparo se le dio la opción de un realojo en otro lugar y ha hecho hincapié en que tiene a su disposición 80.787 euros, en concepto de la valoración realizada por el Jurado de Expropiaciones, y "entera libertad para decidir en qué zona de la ciudad y en qué tipo de vivienda quiere residir a partir de ahora".

Por ello, y en respuesta a las declaraciones realizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la plataforma #AmparoNoEstaSola, ha apuntado que, "si su voluntad es comprar una casa y un terreno por debajo del valor de esa indemnización, tal como han trasladado este martes quienes la acompañaban, puede hacerlo en cualquier momento".

Para el Ayuntamiento, el hecho de que estos colectivos hayan asegurado que "la vivienda que desea Amparo Pérez ya está cubierta con la cantidad que ha recibido como indemnización, deja claro que ese problema no existe".

Por otra parte, ha reiterado que diferentes juzgados han avalado tanto la legalidad de todo el proceso seguido como el interés general de las obras que se están ejecutando para crear una conexión transversal que una la S-20 con la Avenida de los Castros, a la altura de Camilo Alonso Vega.

Asimismo, ha lamentado que "la familia de Amparo Pérez y quienes dicen apoyarla, que han amenazado con utilizar medidas de fuerza para evitar la ocupación de los terrenos, la estén sometiendo, de esa manera, a una situación difícilmente sostenible y perjudicial para ella", a la vista de las condiciones de salud a las que se han referido.

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