Un despliegue de la infraestructura de recarga eléctrica a la altura de la apuesta de España por la electromovilidad

No podemos dejar de insistir en este dato: el sector transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero en España. Es decir, es el sector que, en España, al igual que sucede en el conjunto de la Unión Europea, contribuye más al cambio climático. 

En efecto, según los últimos datos oficiales disponibles del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, este sector supuso en 2019 el 29% del total de las emisiones en términos de CO2 equivalente (y el realizado por carretera por sí solo supone un 26,8% del total de estas). 

Así pues, en la actual situación de emergencia climática y ambiental, descarbonizar el sector transporte debe ser una de las principales prioridades para todas las partes involucradas en el mismo, incluyendo a las Administraciones públicas y al sector privado. Tiene que ser una prioridad fundamental si es que España quiere cumplir sus compromisos climáticos con la Unión Europea (cuyo objetivo actual es la reducción en al menos un 55% de las emisiones de GEI en 2030, en comparación con los niveles de 1990) así como sus obligaciones con respecto al Acuerdo de París.

En este sentido, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, para avanzar en la descarbonización del transporte, ha establecido entre sus objetivos el de potenciar la movilidad eléctrica, planteando alcanzar una cifra de 5 millones de vehículos eléctricos, incluidos coches, furgonetas, motocicletas y autobuses, en España para 2030. 

Debido a que, lamentablemente, España ocupa hoy en día una posición muy rezagada en el contexto europeo en cuanto a la penetración del vehículo eléctrico y el despliegue de la infraestructura de recarga asociada, el esfuerzo a realizar es considerable para poder cumplir los objetivos del PNIEC. No obstante, es, con la voluntad política suficiente, un objetivo plenamente realizable y, de no acometerse, España nunca llegará a ser un hub de la electromovilidad (y a enriquecerse con sus beneficios), lo que tendría negativas consecuencias para la industria, la economía, el empleo y la salud de los ciudadanos.

Por ello, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno va a presentar en próximas fechas a la Comisión Europea debe dar un fuerte impulso económico al desarrollo de la infraestructura de recarga eléctrica, comprometiendo una inversión suficiente para permitir sacar a España del furgón de cola europeo en el que actualmente se encuentra.

Para conocer exactamente el número de puntos de recarga eléctrica necesarios en España en un horizonte a 2030 para poder dar cumplimiento a ese objetivo del PNIEC, un reciente estudio publicado por Transport & Environment y ECODES ha analizado las necesidades para la infraestructura pública (estudiando las necesidades de cada segmento de vehículos) como para la privada (diferenciando entre los cargadores ubicados en el hogar, en el trabajo, y en cocheras).

Este estudio muestra que se necesitarían algo más de 3 millones de puntos de recarga en el ámbito privado en 2030 para cumplir con el citado objetivo del PNIEC. La mayoría de ellos estarían localizados en el lugar de trabajo (46,76% del total de los puntos de recarga vinculada) y en los hogares (41,34%) mientras que los ubicados en cocheras representarían el 11,90%. 

Con respecto a la infraestructura de recarga pública, se elaboraron dos posibles escenarios a 2030, en función de diferentes modelos de uso de los puntos de recarga públicos, uno en el que cobra más importancia la recarga lenta y semirrápida frente a las recargas de mayor potencia, y otro en el que la recarga rápida y ultrarrápida cobran un mayor protagonismo. En resumen, en el primer caso se necesitaría disponer de una infraestructura de al menos 289.130 puntos de recarga públicos, mientras que en segundo escenario la cifra sería de 222.901 puntos.

La inversión total necesaria para el despliegue de la infraestructura de recarga estimada en este estudio sería de entre 12.200 millones de euros y 13.200 millones de euros. Puede parecer mucho, pero, a modo de comparación, España gastó 43.777,3 millones de euros en 2019 en importar combustibles fósiles (35.250,2 millones de euros en petróleo y derivados, 7.532,6 millones de euros en gas y el resto en carbón), según las estadísticas oficiales del Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Es decir, más de tres veces que la inversión total necesaria para el despliegue de la infraestructura de carga de 2021 a 2030.

Con respecto a la aportación del sector público para ayudar al despliegue de la infraestructura de recarga mencionada, se ha obtenido como resultado en dicho estudio que ésta supondría entre el 23% y el 24% de la inversión total necesaria para el despliegue de infraestructura pública, y un 11% de la inversión total requerida para la infraestructura privada.

A modo de conclusión, para alcanzar los objetivos del PNIEC, en lo que se refiere al necesario despliegue de la infraestructura de recarga que dé soporte a los 5 millones de vehículos eléctricos previstos para 2030, resulta fundamental, en primer lugar, asegurar la implicación de las entidades públicas en esta labor, cuyo papel dinamizador es crucial para catalizar el esfuerzo económico que tendrá que hacer el sector privado. 

Además, con respecto a la infraestructura de recarga en entornos privados, hay que promover y facilitar el despliegue de puntos tanto en los domicilios de los usuarios de vehículo eléctrico como en los lugares de trabajo y en las cocheras destinadas a la recarga de los vehículos -ligeros y pesados- de reparto de mercancías y transporte de pasajeros (autobuses).

Finalmente, hay que lamentar que actualmente el despliegue de infraestructura de recarga en España se está viendo lastrado por las trabas administrativas que se generan a causa de la heterogeneidad en los procesos administrativos entre los diferentes agentes y territorios. 

Por ello, resulta extremadamente importante, especialmente en lo concerniente a los puntos de recarga en entornos públicos, que el Gobierno revise los trámites y procedimientos administrativos actualmente existentes y elabore una normativa armonizada para que los operadores de estos puntos, así como entidades privadas que inviertan en infraestructura de recarga puedan hacerlo en un entorno administrativo predecible, fiable y homogéneo, eliminando la burocracia innecesaria e ineficaz.