El falso dilema de redistribución y reconocimiento en las colas del hambre

Posiblemente todo el mundo admite teóricamente que perseguir la justicia social es, en sí mismo, un valor; la discusión estará en el enfoque y en los métodos. En el más que recomendable libro de Javier Padilla ¿A quién vamos a dejar morir?, escrito antes de la pandemia, el autor hace un recorrido del debate sobre la búsqueda de la justicia, en su caso en el ámbito sanitario, desde el conocido como dilema redistribución-reconocimiento. Tras la II Guerra Mundial, los enfoques sobre la justicia se centraron en la dimensión económica, que combatía la desigualdad y la privación desde la redistribución y la mejora de las prestaciones, y, de ahí, la construcción europea de los Estados del Bienestar.

A partir de mayo del 68, con el desarrollo de los movimientos sociales y de la transición democrática, el protagonismo fue pasando a la dimensión social y cultural como vehículo hacia sociedades más justas. La herramienta no fue tanto la redistribución como el reconocimiento de identidades y colectivos como grupos de referencia frente a la dominación cultural y la falta de respeto e interlocución. Es la época del movimiento asociativo, el feminismo, las reivindicaciones de las minorías… Ya más recientemente, tras el paso a la era de la globalización y muy vinculado a lo anterior, alcanza más peso la dimensión política y la necesidad de representación, no solo de reconocimiento, en esa lucha de reivindicación de los propios derechos.

Las distintas respuestas que se han dado a las conocidas como colas del hambre de Madrid tienen también ese trasfondo, sea como activo o como déficit, de manera sutil.

Desde el punto de vista de la redistribución, han sido fundamentalmente las redes vecinales solidarias de los barrios las que, de forma autogestionada, han dado una primera, sólida y solidaria respuesta ante la necesidad de productos básicos. Más de 50.000 personas atendidas, con muy escaso apoyo institucional. La respuesta del Ayuntamiento ha sido muy dispar en los distintos distritos, lenta y desajustada. Así, hace solo unos días, más de cinco meses después de iniciarse la pandemia, han presentado la tarjeta monedero, exigiendo que para utilizarla no estén percibiendo ninguna otra prestación, cuando en estos momentos hay muchas familias que, a pesar de recibir la Renta Mínima de Inserción siguen acudiendo a las colas del hambre porque no cubren lo más primario. El Ayuntamiento de Almeida no entiende la redistribución como un derecho, no tiene la consideración ni en los tiempos ni en los procedimientos como emergencia, ni llega a los mínimos que exige la Carta Social Europea.

El pasado junio, en el Pleno del distrito de Latina, se aprobó por unanimidad otorgar a las redes solidarias de la zona, con motivo del Día Internacional de la Solidaridad (31 de agosto), un homenaje de reconocimiento. Se celebró este sábado e incluyó también a parroquias y mercados. Muchas de las redes vecinales expresaron su rechazo al acto porque el reconocimiento exige respeto previo y este no se sustenta en buenas palabras, sino en acciones concretas.

Como denuncian, no se ha facilitado la actividad de muchos de estos colectivos, denegándoles recursos materiales e infraestructuras que deberían haber sido asumidas desde los poderes públicos. Se han sentido instrumentalizados al haberse apropiado el Ayuntamiento de sus iniciativas y de sus datos de atención con fines partidistas. Han visto rechazada su petición de abrir una Mesa de Emergencia Social en Latina y solo se cuenta con ellas para exigirles la transmisión de información.

El camino de la justicia social exige también el reconocimiento, en este caso institucional, de sus protagonistas. Pero reconocer significa considerar al otro como sujeto y como interlocutor válido en condiciones de simetría moral con una palabra que se va a escuchar como significativa. A las redes vecinales les legitima su papel activo, que nace de la sensibilidad frente al sufrimiento de sus conciudadanos, y la puesta en práctica de valores como la gratuidad, la cooperación, la donación y la justicia. Y, además, les legitima su papel de exigencia al Ayuntamiento de que cumpla con sus responsabilidades, porque la colaboración si no es sanamente crítica, es sumisión y porque el quehacer de sostén vecinal, que han empezado porque no había alternativa, ha de ser transitorio y excepcional.

El Gobierno municipal ha ido poniendo excusas técnicas, competenciales o administrativas, porque no hay voluntad política para esa interlocución, para escuchar sus diagnósticos y sus propuestas. Y la razón de fondo es acceder a la exigencia de Vox de ningunear la identidad y el trabajo asociativo, por eso están a la defensiva. Son los socios de investidura de la extrema derecha los que ponen las condiciones.

Pues bien, para reconocer, previamente hay que escuchar y a fondo. El reconocimiento no puede ser solo formal, como suelen hacer las instituciones públicas dando medallas a instituciones de beneficencia o anunciando, como brindis al sol, la candidatura de Madrid como Capital del Voluntariado Europeo para 2022. El reconocimiento exige que los stakeholders (los afectados en derechos y deberes) puedan estar representados de manera significativa en los espacios de toma de decisiones, aunque solo sea para ser escuchados, sobre todo cuando se defienden los intereses de otros, en este caso de las familias en mayor situación de vulnerabilidad.

Redistribuir y reconocer (más facilitar la representación), no son cuestiones dilemáticas, pues como afirma Nancy Fraser, tanto la injusticia económica como la cultural-simbólica necesitan ser combatidas y eliminadas, huyendo del asistencialismo –no de la atención- y rechazando los diplomas vacíos –y no la interlocución–.

En cualquier caso, en Madrid, en torno a las colas del hambre, el Ayuntamiento del PP y Cs no ha resuelto ni la redistribución ni el reconocimiento y ambos hablan de derechos. Y de democracia.

¿Cómo considerar la solidaridad como valor si no reconoces de manera real a los colectivos que la ejercen?