La libertad de prensa bajo asedio: otro síntoma del deterioro democrático en Israel

La libertad de prensa se considera una de las características fundamentales de una democracia liberal. Sin embargo, su verdadero significado no se limita al aspecto formal o declarativo del concepto, sino que deriva de la libertad de circulación de los periodistas, de su acceso a las fuentes de información y a los lugares donde se producen los acontecimientos y, por supuesto, de la protección de su seguridad personal. El incumplimiento de estos principios, que constituyen condiciones esenciales para la existencia de una prensa libre, indica un deterioro de los fundamentos de la democracia. Por ello, los ataques continuados contra la prensa libre en Israel y contra los medios de comunicación extranjeros que operan en el país deben entenderse en el contexto del progresivo debilitamiento de la democracia israelí, que se manifiesta, entre otras cosas, en la ausencia de igualdad civil, el menoscabo de la independencia del poder judicial y la erosión del sistema de contrapesos y controles.

A lo largo de los años de gobierno de Benjamin Netanyahu, y con mayor intensidad durante su actual mandato, se han llevado a cabo diversos intentos de debilitar la prensa libre en Israel. Paralelamente, y aparentemente sin relación con lo anterior, se han producido numerosos casos de agresiones contra representantes de los medios de comunicación extranjeros que trabajan en el país, incluidos ataques violentos. Un análisis más amplio de esta tendencia obliga a considerar ambos fenómenos como manifestaciones distintas de una misma política, cuyo propósito ha sido perjudicar a cualquier actor, israelí o internacional, que pueda cuestionar la continuidad del gobierno de la derecha y poner en peligro la permanencia del control israelí sobre los territorios de Cisjordania. Las medidas de los gobiernos de Netanyahu contra los medios israelíes, al igual que sus actuaciones contra el poder judicial y las organizaciones de la sociedad civil, han tenido como objetivo debilitar los mecanismos internos de supervisión y reducir la exposición pública de los fracasos del Gobierno, ahora en funciones tras las elecciones del 27 de octubre: la corrupción gubernamental, las deficiencias administrativas y el reparto de fondos públicos según criterios políticos y sectoriales. Se trata de cuestiones cuya exposición a la crítica pública podría socavar el apoyo al gobierno de derecha. Por el contrario, las medidas del Gobierno contra los representantes de los medios extranjeros han buscado reducir la exposición internacional de lo que ocurre en Gaza y Cisjordania, incluidos el terrorismo de los colonos, la aplicación selectiva de la ley y los daños sistemáticos infligidos a la población palestina, cuya difusión podía intensificar las críticas internacionales a Israel y poner en peligro la estabilidad del Gobierno.

En el ámbito interno israelí, el debilitamiento de los medios de comunicación se manifiesta en varios planos que se complementan entre sí. El primero consiste en el fomento y el apoyo a medios de comunicación de derecha que no se limitan a respaldar a Netanyahu y a su Gobierno, sino que también llevan a cabo campañas de deslegitimación contra sus adversarios políticos. Es cierto que muchos medios de comunicación en el mundo adoptan posiciones políticas claramente definidas. Sin embargo, en el Israel de Netanyahu, los medios que apoyan su política disfrutan de ventajas institucionales y regulatorias, mientras que su Gobierno ha promovido medidas que amplían las facultades de supervisión y las posibilidades de sanción contra los medios críticos. Junto a los cambios regulatorios, se ha desarrollado una campaña de propaganda política sistemática, encabezada por el propio Benjamin Netanyahu, destinada a socavar la credibilidad y, sobre todo, la lealtad nacional de la prensa crítica. Esta es presentada una y otra vez como un actor movido por intereses políticos, cuyo propósito es perjudicar al gobierno de derecha y, de paso, al propio Estado. El calificativo que Netanyahu les ha atribuido, “canales de la mentira y la incitación”, no es simplemente una expresión de descontento con una cobertura determinada, sino parte de una campaña destinada a presentar la crítica periodística como una actividad hostil y a privarla de legitimidad pública. La decisión del Gobierno de boicotear el diario Haaretz, por ejemplo, a raíz de las críticas que formuló contra la política gubernamental en Gaza, demuestra cómo una campaña contra la crítica periodística se traduce en una medida institucional contra un medio de comunicación. De este modo, se desdibuja la frontera entre la crítica a la política del Gobierno y la hostilidad hacia el Estado; entre la función del periodista de revelar fallos y su presentación como un traidor interno.

Este mensaje no se limita al discurso político o al ámbito regulatorio. Los periodistas especialmente críticos están expuestos a hostigamientos y actos de violencia, y algunos de ellos incluso cuentan con protección personal. A pesar del aumento de las manifestaciones de violencia contra periodistas, no se ha escuchado ninguna condena ni protesta por parte de los políticos de derecha. Este silencio no es neutral, sino que refleja un apoyo tácito a la violencia contra la prensa libre. Así, las agresiones físicas se suman a los intentos regulatorios y propagandísticos de debilitar la prensa libre y vaciar de contenido el principio de la libertad de prensa.

El mismo objetivo subyace también a los intentos de perjudicar a los medios de comunicación extranjeros en Israel, aunque los métodos empleados sean diferentes. Si el debilitamiento de los medios israelíes se lleva a cabo principalmente mediante instrumentos regulatorios y la deslegitimación de la propia crítica, en el caso de los medios extranjeros se manifiesta en restricciones a la libertad de movimiento y de cobertura informativa, en la presentación de los periodistas como actores políticos hostiles y en las interferencias en su trabajo, que en ocasiones llegan hasta la violencia física.

Desde el estallido de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, se han multiplicado los testimonios sobre las restricciones impuestas a la actividad de periodistas extranjeros mediante diversos argumentos administrativos y procedimentales. Entre otras medidas, se han registrado demoras e interrogatorios en las fronteras, exigencias de información sobre la naturaleza de la actividad prevista, cancelaciones de permisos de entrada, confiscaciones de equipos y restricciones a la circulación. En no pocas ocasiones, estos procedimientos han ido más allá de las justificaciones de seguridad y han afectado directamente al contenido de la cobertura periodística. Estos casos indican que las publicaciones anteriores de un periodista se han convertido en un factor a la hora de decidir si se le permite entrar en Israel. De este modo, la propia crítica periodística se transforma en motivo para restringir la libertad de prensa.

Una indicación de la política que subyace a estos hostigamientos puede encontrarse en las declaraciones de algunos ministros del actual Gobierno. En junio de 2025, por ejemplo, durante los enfrentamientos con Irán, el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, publicaron un comunicado conjunto en el que presentaban a los medios de comunicación extranjeros como actores hostiles que operan “bajo la apariencia de periodistas”. Ben-Gvir declaró incluso que “la anarquía mediática de la prensa extranjera ha terminado”.

En efecto, una investigación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), publicada en junio de 2026, documentó al menos seis casos en los que Israel impidió la entrada de periodistas extranjeros, entre otras razones, debido a publicaciones anteriores. Uno de los casos documentados es el de Alessandro Stefanelli, periodista y fotógrafo independiente italiano, cuya visado de periodista fue revocada en julio de 2025. Las autoridades le entregaron un documento oficial en el que se afirmaba que su cobertura anterior había sido «unilateral». También se restringió la circulación de la periodista española Queralt Castillo Cerezuela, después de que el Ministerio de Asuntos de la Diáspora difundiera en un grupo de WhatsApp de periodistas extranjeros en Israel un mensaje en el que la acusaba de antisemitismo y de apoyar el boicot a Israel, entre otras razones, por sus publicaciones críticas. Naturalmente, no se encontraron pruebas que respaldaran esas acusaciones. Un caso especialmente destacado es el de la expulsión de la periodista francesa Alice Froussard en junio de 2026. Froussard había cubierto Israel y Cisjordania durante unos seis años para distintos medios de comunicación. Según la información publicada por el CPJ, la decisión de impedirle la entrada en Israel estuvo relacionada con declaraciones anteriores en las que calificó de “masacre” las operaciones del ejército en Gaza y describió como “apartheid” la política israelí en Cisjordania.

A esta serie de casos se suma el de la periodista española Francesca Cicardi, de elDiario.es La Autoridad de Población e Inmigración revocó su autorización de entrada pocas horas antes de su vuelo a Israel, adonde tenía previsto viajar para cubrir la campaña electoral. Aunque la portavoz de la Autoridad de Población e Inmigración declaró que todas las decisiones relativas a la revocación de visados se adoptan por recomendación de “organismos competentes”, hasta la fecha no se ha ofrecido ninguna explicación sobre la revocación de su autorización. La interpretación, sostenida por las organizaciones de periodistas, es que la oleada de revocaciones de visados a periodistas extranjeros, entre ellos Cicardi, debe entenderse como parte de una política de endurecimiento de las restricciones y de intensificación del proceso de selección de periodistas extranjeros que critican al Gobierno israelí o cuyos reportajes son percibidos por este como hostiles.

Los ataques contra la prensa extranjera no terminan en las restricciones administrativas. Los periodistas extranjeros también están expuestos a amenazas y agresiones físicas. Según los datos del CPJ, durante los diez primeros meses de 2026 se documentaron al menos 16 incidentes violentos que afectaron al menos a 35 periodistas extranjeros. En marzo de 2026 fue atacado un equipo de televisión de CNN; en agosto de 2026, un equipo de la cadena NBC fue agredido en la localidad de Jalud; el 6 de octubre, el fotógrafo de AFP Jaafar Ashtiyeh fue atacado mientras cubría la cosecha de aceitunas en la zona de Aqraba. Fue golpeado con culatas de fusiles y sufrió heridas en la cabeza y en la parte superior del cuerpo. El 16 de octubre, la fotógrafa Heidi Levine, de The Washington Post, fue atacada por terroristas judíos, que le fracturaron cuatro vértebras. La reacción de Netanyahu, quien afirmó que “hay que determinar quién inició la violencia”, si el grupo de terroristas judíos o la fotógrafa de 65 años, lo dice todo.

Por supuesto, no se puede atribuir cada ataque perpetrado por particulares a la política del Gobierno. Sin embargo, cuando las fuerzas de seguridad no ofrecen protección y los agresores no rinden cuentas, la violencia se convierte, en la práctica, en un instrumento adicional para restringir la libertad de prensa. La ausencia de una aplicación efectiva de la ley no constituye únicamente un fracaso de las autoridades encargadas de hacerla cumplir: transmite a los agresores el mensaje de que el riesgo de tener que responder por sus actos es bajo y, al mismo tiempo, tiene un efecto disuasorio sobre los periodistas que intentan documentar lo que sucede sobre el terreno.

En esencia, los ataques contra la libertad de prensa en Israel deben entenderse en el contexto más amplio del deterioro de la democracia israelí. El menoscabo de la independencia del poder judicial, los intentos de debilitar a los organismos de control y desmantelar el sistema de contrapesos y controles, así como la negativa a consagrar el principio de igualdad como principio constitucional, no son medidas aisladas ni casuales. Todas ellas derivan de una ideología comprometida con la continuación de la ocupación y la preservación del control israelí sobre los territorios de Cisjordania. Sin embargo, la perpetuación de la ocupación no puede coexistir a largo plazo con una democracia liberal sólida, cuyas instituciones y principios podrían imponerle límites, someterla a escrutinio y cuestionar su legitimidad. Los ataques contra la libertad de prensa se suman, por tanto, a un proceso más amplio que busca reducir la capacidad de los mecanismos de supervisión para revelar las consecuencias de la ocupación y someterlas al examen público. La concepción según la cual es posible continuar con la ocupación y, al mismo tiempo, fortalecer la democracia israelí ignora la contradicción fundamental entre ambos objetivos: la continuación de la ocupación exige erosionar los fundamentos de la democracia; por el contrario, ponerle fin es una condición para garantizar la existencia de Israel como democracia liberal.