Mejorar (y mucho) la nueva ley de empleo

Las Políticas Activas de Empleo (PAE) se enfrentan en España a grandes desafíos. El primero, la importante magnitud del desempleo y sobre todo del paro de larga duración (PLD o estructural), hoy ya 1,5 millones personas, que irá aumentando su proporción a medida que se va reduciendo el desempleo total. 

El segundo, su proverbial ineficacia que es famosa en toda Europa y en los organismos internacionales. El problema mayor no es de dinero, aunque no vendría mal aproximarse a los países de nuestro entorno, sino que no funcionan: estamos de los primeros de Europa en PLD y de los últimos en utilización de los Servicios Públicos (SPE) y entidades privadas en la búsqueda de empleo. El elevado PLD significa de hecho que las PAE no funcionan en absoluto sobre las personas que necesitan acciones importantes (de reciclaje profesional. Y la total falta de confianza de las personas desempleadas y las empresas en la búsqueda de empleo a través de los mecanismos formales, que no funciona la intermediación laboral. Y ambas cosas no funcionan porque no se aplican a desempleados y empresas los servicios de empleo. Las evaluaciones privadas disponibles (no existen públicas) ponen en evidencia que más del 90% de las personas no reciben ningún servicio de empleo.

De los dos instrumentos de las PAE (servicios y programas), los primeros prácticamente no se realizan a pesar de que son básicos (los cimientos) sobre los que deberían descansar los segundos. Los servicios de empleo son esenciales para saber las necesidades de cada una de las personas desempleadas y las necesidades de empleo del tejido productivo. Sin ellos no hay forma de conocer qué acciones de reciclaje se necesitan, qué personas tienen un perfil adecuado o no para el empleo y por qué, y qué tipo de empleos están demandando las empresas. En consecuencia, su carencia está en la base del PLD y de la ineficaz intermediación laboral. Esos servicios son al empleo lo mismo que los diagnósticos y los tratamientos al sistema sanitario.

La pregunta es: si son tan fundamentales por qué no se realizan. La respuesta es que ni se destina el dinero necesario para ello, ni los centros de salud (oficinas de empleo) disponen de los médicos necesarios (personal técnico capacitado) para atender a las personas enfermas (desempleados) y para darles un tratamiento (diagnóstico de sus problemas, itinerario personalizado de empleo, y seguimiento y ayuda de un tutor). Pues siendo tan importante, hágase de inmediato, dirán Ustedes. También lo decimos nosotros.

El problema estriba en que el dinero que se reparte a los SPE de las CCAA no se puede destinar a la realización de tales servicios, sino solo a los programas, medicinas y tratamientos, pero sin conocer por falta de diagnósticos la enfermedad de cada desempleado. Así ¿cómo se puede saber que esas medicinas y tratamientos (programas de empleo y formación) son los adecuados para el enfermo? No se sabe y no lo son por lo que resultan inútiles para la enfermedad del empleo que padece cada persona. Eso cuando los reciben que, como ya decimos, son escasísimos los que cuentan con esa atención sanitaria del empleo.

Pero, ¿cuál es el verdadero problema? Pues un incomprensible bloqueo institucional: las CCAA no tienen dinero para realizar esas funciones y el Estado dice que eso lo deberían estar pagando con sus fondos desde que se transfirieron las competencias. Desde UGT decimos que hay que resolverlo ya: que una parte del dinero que se les da a las CCAA solo para programas de empleo y formación (medicinas) se retenga y se destine la parte necesaria para hacer los diagnósticos y plantear los tratamientos. Como dijo una vez Gurría (secretario general de OCDE), desesperado por este bloqueo incomprensible: “¡Denle dinero a las oficinas de empleo!”. Pero, esto sigue sin resolverse en la nueva Ley de Empleo. Y entretanto, los desempleados languidecen sin posibilidades de curarse, especialmente los más graves, los PLD.

El tercero de los desafíos a los que se enfrentan las PAE se refiere a dos grandes factores vinculados a los próximos años: el desafío demográfico, que hará que tres millones de personas salgan de su empleo por jubilación de aquí a 2030. Esos empleos deberán ser cubiertos por personas adecuadas, pero con unas PAE que no funcionan no se dispone de ellas en cantidad suficiente. El segundo factor son los cambios en el empleo como resultado de la digitalización y la transición verde. Ambas van a requerir transformaciones radicales de las cualificaciones y competencias profesionales de las personas desempleadas y ocupadas. Pero para ello hacen falta con urgencia unas PAE que funcionen.

En fin, la conclusión es que necesitamos mejorar, y mucho, la nueva Ley de Empleo. Se ha elaborado sin diálogo social –así ha sido, aunque no lo crean- y no se han tenido en cuenta todas esas consideraciones (y muchas más que hemos enviado). Estamos a tiempo de arreglar la Ley en la tramitación parlamentaria. Nosotros estamos dispuestos. Y le pedimos al Gobierno que también lo esté.