La nueva vieja ley del suelo de Cifuentes
Hace poco más de un mes, la Federación de Municipios de Madrid (FMM), órgano que agrupa a todas las ciudades y pueblos de nuestra región, aprobó, con el voto en contra del Partido Popular, una resolución que manifestaba su disconformidad con el proyecto de ley del suelo de Cifuentes e instaba, por ello, al gobierno regional a retirarlo para su reconsideración.
Es un hecho sin precedentes que una ley tan relevante para el desarrollo de una región, como es la que regula los usos y gestión del suelo, se quiera aprobar sin el apoyo de los municipios que deben aplicarla. Hay que recordar que las localidades cuyos gobiernos se han mostrado contrarios a esta ley concentran el 80% de toda la población de la Comunidad de Madrid. Esta situación debería preocupar tanto a los proponentes de este texto legislativo como a los grupos políticos que parecen decididos a apoyarlo: PP y Ciudadanos, las dos patas que sostienen el gobierno regional.
El proyecto de ley presentado por el ejecutivo de Cifuentes no se distingue del resto de sus políticas: más de lo mismo. Se trata de un remedo de textos anteriores que no resuelve los actuales problemas de los municipios en materia de urbanismo y, por el contrario, genera otros nuevos. Es una ley vieja, del siglo pasado, que no aborda los grandes retos del desarrollo urbano presente y futuro de nuestra región.
Carece de modelo territorial
La propia denominación, ley del suelo y el urbanismo, pone de manifiesto su limitado campo de actuación: el suelo urbano. Se echa en falta un diagnóstico previo de las necesidades de desarrollo de la región, excesivamente dependiente del sector inmobiliario, junto a la definición de un modelo territorial que entre exclusivamente en la (des)regulación del suelo urbano sino que atienda también a cuestiones ambientales, sociales y productivas. Hay que hablar de calidad del aire, de movilidad, de corredores verdes, de cohesión territorial y de crecimiento sostenible. La elaboración de una nueva ley del suelo es una oportunidad para definir un proyecto regional a largo plazo, algo que aquí ni se ha planteado.
Reduce la participación
Uno de los aspectos más decepcionantes de la nueva ley es todo lo referente a la participación ciudadana. Parece que los procedimientos y herramientas que distintas administraciones han ido implementando para ampliar las posibilidades de intervenir en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía, han pasado completamente desapercibidas para los redactores de esa ley. Mientras que en los últimos años, ayuntamientos como el de Madrid hemos puesto en marcha fórmulas de participación digital, consultas vinculantes sobre proyectos urbanos estratégicos así como procesos de análisis y elaboración colectiva de las grandes actuaciones urbanísticas, esta ley no solo se muestra ajena a todo ello sino que, incluso, reduce la capacidad de intervención que otorga la actual ley del suelo. Los plazos de información pública que hoy se fijan como mínimos pasan a ser máximos, en un claro retroceso a que va en contra de todos los avances legislativos en materia de transparencia y participación pública.
Incentiva la privatización del suelo público
Otro de los aspectos más cuestionables tiene que ver con el papel que le otorga al suelo público. Si toda la legislación existente hasta la fecha establece que los suelos municipales deben utilizarse, prioritariamente, para atender las necesidades de vivienda social de los municipios, el nuevo texto renuncia a este principio y abre la vía a “compensar” las carencias presupuestarias de los ayuntamientos mediante la enajenación de suelo público. Vender parcelas para hacer caja. Una práctica bastante frecuente en los ayuntamientos donde ha gobernado el Partido Popular y que ahora pretenden oficializar en la nueva legislación.
No permite la desclasificación de suelo
La mayoría de los municipios madrileños seguimos padeciendo las consecuencias de la burbuja. Durante el boom, muchas ciudades y pueblos aprobaron planeamientos que multiplicaban su superficie urbanizable. Hoy, esos suelos, en su mayor parte sin desarrollar, lastran económica y medioambientalmente el desarrollo presente y futuro de estas localidades. No es asumible, desde los criterios más elementales de sostenibilidad, que todos los municipios de la región puedan crecer indefinidamente y a la vez, por lo que sería necesario que una ley como esta aportara instrumentos para desclasificar suelo –esto es, volver a calificarlo como «no urbanizable»–, posibilitando así la redefinición de los nuevos crecimientos en base a criterios de racionalidad urbana y con visión de conjunto.
Disminuye los estándares dotacionales
La nueva ley orienta la actuación urbanística hacía, y para, el beneficio privado. Así lo manifiesta la injustificada reducción de las cesiones a la ciudad. Cuando se ejecuta un nuevo desarrollo urbanístico, la legislación obliga a los promotores a ceder suelo a las administraciones para que estas puedan llevar a cabo infraestructuras, dotaciones y equipamientos necesarios para el adecuado funcionamiento de la ciudad (zonas verdes, escuelas, centros de salud, etc.). Esas cesiones, que en Madrid se minoraron dos veces durante el mandato de Esperanza Aguirre –pasando de 100 m2 de suelo por cada 100 m2 construibles (m2s/m2c) a 50 m2s/100m2c entre los años 2010 y 2011–, quedarían reducidas ahora a 30 m2s/100m2s. Y ya si se trata de poblaciones de menos de cinco mil habitantes, la ley permite bajar hasta 15, sin que exista la más mínima explicación que justifique porqué los habitantes de pequeñas localidades necesitan menos equipamientos que el resto. Este enfoque se advierte también en el hecho de que, para los nuevos desarrollos, la nueva legislación dé preferencia al sistema de gestión por «compensación», en el que la administración juega un papel secundario, frente al de «expropiación», que garantiza el control público de todo el proceso de urbanización.
Sobran, por tanto, razones para oponerse a esta ley. Una tarea en la que no estamos solos. Los grupos de Podemos y del Partido Socialista de la Asamblea de Madrid han presentado sendas enmiendas a la totalidad durante el proceso de tramitación. Por su parte, un buen número de ayuntamientos progresistas de la región han aprobado en sus plenos municipales mociones que manifiestan su desacuerdo con la ley. También se han mostrado contrarios a su aprobación multitud de agentes de la sociedad civil organizada. Y a todos ellos, hay que sumar a la FMM, tal y como hemos señalado al inicio del artículo.
Nadie pone en duda que Madrid necesita una nueva ley del suelo. Pero no la de Cifuentes. Necesitamos una ley del siglo XXI, capaz de abordar los grandes retos urbanos y territoriales de nuestra región. Si de algo debe servir este proceso es para anticipar cómo sería ese modelo alternativo al del Partido Popular. Hemos sido capaces de construir una mayoría de progreso en la Comunidad de Madrid que rechaza esta ley. El reto ahora es transformar esa mayoría social en una mayoría política capaz de conformar un gobierno en la Comunidad que ponga en marcha una ley del suelo diseñada para avanzar en el reequilibrio territorial y garantizar un desarrollo urbano sostenible a medio y largo plazo. Una ley verdaderamente nueva en su concepción y en sus objetivos. 2019 está a la vuelta de la esquina.
