Ahora sí que hay peligro en Catalunya
Sería un milagro que el Tribunal Constitucional no aceptara el recurso del Gobierno contra la candidatura de Puigdemont. Puede que alguno de sus miembros dude al respecto, pero desde hace mucho tiempo está claro que la mayoría de ellos descarta la posibilidad de disentir con quien les concedió ese jugoso cargo justamente porque su obediencia estaba garantizada. Por eso es prácticamente seguro que Puigdemont no será president. Tal y como estaba previsto desde la noche del 21 de diciembre, cuando se comprobó que los independentistas volvían a obtener la mayoría del parlament.
Puigdemont estaba sentenciado desde el día que se aplicó el artículo 155. Y si han surgido algunas dudas de que esa sentencia no iba a cumplirse ha sido porque el president ha demostrado ser mucho más hábil y tenaz que lo que sus verdugos suponían que podía ser. Le dejaron presentarse a las elecciones y luego recoger su acta de diputado porque ni vislumbraron que podía convertirse en candidato indiscutible a la presidencia. Ni se les ocurrió pensar que lo que iba a hacer desde Bélgica y mucho menos que podía tener el éxito de imagen europea que cosechó en Dinamarca, dejando una y otra vez en ridículo al gobierno y a los tribunales españoles. Pero ese recorrido tenía un final anunciado. La incógnita era cómo se implementaría y cuantos errores cometería este gobierno antes de llegar al mismo. El último ha sido del propio Rajoy, que el miércoles dijo en Onda Cero que el gobierno no actuaría para frenar la investidura de Puigdemont antes de que el intento se consumara y que el jueves aceptaba que Susana anunciara el recurso.
Y a la vista de esa última metedura de pata, no tan gorda como la de las cargas del 1-O y las antes citadas, no sólo cabe confirmar la ineptitud de Rajoy y de los suyos sino también sospechar que La Moncloa sufre presiones y no sólo de las capitales europeas: el dictamen del Consejo de Estado es un claro indicador de que en el entramado del poder hay más de uno que disiente con el gobierno. Veremos si el recurso ante el Constitucional agudiza o no esas tensiones. Pero Ciudadanos y los amigos de Aznar están al acecho. A medio plazo esos indicios pueden convertirse en hechos que influyan decisivamente en el panorama político. Pero hoy por hoy el gobierno manda y su prioridad es acabar con Puidgdemont, aunque eso suponga mantener el artículo 155, quien sabe si intensificar su aplicación, que no haya presupuestos y que la política española y el funcionamiento de las instituciones sigan manga por hombro.
La aplicación del 155, hace ahora cuatro meses, llevaba inevitablemente a las consecuencias que se están viendo en las últimas horas. Porque esa decisión respondía a una posición política muy clara, la del rechazo a cualquier vía de diálogo con el soberanismo, que no solo era posible sino también necesaria tras el 1-0, y sólo podía implementarse erradicando en la medida de lo posible al independentismo, empezando por sus líderes. Con su apoyo a la medida, el PSOE y Ciudadanos asumían sin fisuras esos planteamientos. Lo cual era especialmente grave en el caso de los socialistas, porque repudiaba toda su trayectoria anterior en la cuestión en la que, con idas y venidas y algunas tensiones muy serias, siempre se aceptó el diálogo con el nacionalismo catalán. La convocatoria electoral para el 21 de diciembre no tenía cabida en ese planteamiento. Sólo se explicaba porque alguien convenció a Rajoy de que los independentistas iban a perder y porque además creía que eso le iba a gustar a Europa. Pero el soberanismo ganó, Ciudadanos atrajo todo el voto “constitucionalista” y el PP catalán casi ha desparecido. Y luego Puigdemont hizo lo que hizo. Y llegó la nevada de Guadarrama. Y encima Ricardo Costa cantó la gallina en el juicio de la Gurtel.
Sí, presentar el recurso ante el Constitucional puede entenderse como un intento por recuperar la iniciativa política. Pero se habría ido por esa vía, tal vez con menos torpeza, aunque los vientos hubieran sido más favorables para el gobierno. Rajoy no es capaz de emprender otra vía que la de la dureza en el conflicto catalán. Su cultura política, que viene del franquismo sin solución de continuidad, y sus limitaciones no le permiten otra opción. Ese es el único dato seguro a la hora de atisbar cual puede ser el inmediato futuro. El recurso, si el Tribunal Supremo no lo rechaza, va a provocar una situación política aberrante en Catalunya. La vida parlamentaria quedará de hecho suspendida y colocada en lo que los especialistas llaman un limbo jurídico. Se habla de la posibilidad de nuevas elecciones. ¿Pero quién dice que no las ganará nuevamente el independentismo que hasta ayer estaba muy dividido internamente pero que como otras tantas veces en el pasado se ha vuelto a unir de golpe contra Madrid?
Hay demasiadas minas activadas -la de los dirigentes independentistas injustamente presos es una de ellas- y demasiados procesos en marcha como para descartar que la situación se agrave en Catalunya. Y si el gobierno decide aplicar más a fondo el 155 -empezando por meter en vereda a los medios públicos catalanes- la cosa se podría poner aún peor. Porque por mucho que se ignore en el resto de España, o se induzca a que se ignore, el colectivo independentista sigue en pie. Y si algo no lo remedia puede que entre en un estado desesperación, del que puede derivarse cualquier cosa, al comprobar que cada golpe que propinan a lo suyo es más fuerte que el anterior.
