¿A quién desnuda Llarena?
Es indudable que la pretensión del magistrado Llarena de que el Gobierno español se haga cargo, con fondos públicos, de su representación legal en Bélgica ante la demanda civil presentada por el expresident de la Generalitat y cuatro de sus exconsellers, pone sobre la mesa del nuevo Ejecutivo español un marrón sobrevenido y de compleja solución.
El amparo irregular concedido por el CGPJ al magistrado ha sido redirigido al Ejecutivo en una exigencia de apoyo a la totalidad de la jurisdicción española, argumentado que es toda ella la amenazada por unos jueces belgas que, ellos también, aplican su principio de legalidad.
No le queda al Ministerio de Justicia más que estudiar bien lo que la Comisión Permanente dirigida por Lesmes le exige y analizarlo a la luz de la legalidad vigente, como si existiera el riesgo de tomar una decisión injusta y como si fuera posible hacerlo a sabiendas, como si existiera riesgo de mal uso del erario público. El amparo otorgado por la Comisión Permanente a Llarena es extemporáneo y debería haber sido rechazado a limine, es decir, sin ni siquiera estudiarla.
La vocal Concepción Sáez en su voto particular deja meridianamente claro que Llarena en su petición formal de amparo del 30 de julio manifestó haber conocido de la demanda belga por la prensa. Tal publicación, explica la vocal, “tuvo lugar el día 5 como indica el propio magistrado solicitante y resulta público y notorio por las informaciones en numerosos medios de comunicación que la noticia de la interposición de la demanda ante la Primera Sala del Juzgado de Primera Instancia francófono de Bruselas se dio el 5 de junio de 2018 y que la petición de transmisión de documentación de este órgano judicial al Juzgado Decano de Madrid se recibió el 18 de junio de 2018. Con los mismos instrumentos de conocimiento también sabemos que la instrucción de la causa especial por el magistrado Sr. Llarena finalizó el 10 de julio de 2018”.
Pues bien, habida cuenta de que el Reglamento 2/2011 de 28 de abril, que regula la interposición del Recurso de Amparo por los jueces, fija un plazo de diez días desde el conocimiento por el juez del hecho que le perturba, queda meridianamente claro que pasaron 55 días en realidad desde ese momento hasta la petición de amparo de Llarena. Ese único dato, conocido por Lesmes y su Permanente, basta para cuestionar la justicia y legitimidad de la decisión acordada. Este dato debe pesar en el análisis del Ministerio de Justicia.
Lo cierto es que de este relato fáctico se deduce también que Llarena no ha dicho toda la verdad al CGPJ. No lo ha hecho porque, todo un magistrado del Tribunal Supremo, afirma ante su órgano de Gobierno que sólo ha tenido conocimiento de la demanda belga por la prensa pero tal extremo es inveraz. Ese mismo día 5 de junio, los abogados de los ex consellers en España presentaron un escrito de recusación de Llarena en el Tribunal Supremo alegando que el magistrado traía pleito con estas personas -causa de recusación tasada en la ley- y en ese escrito de recusación se adjuntó la demanda belga en francés y castellano. Tan es así que personal del propio tribunal se puso en contacto con el bufete de abogados que presentaba la recusación para indicar que al texto de la demanda belga le faltaban dos folios para que tal error fuera subsanado. Llarena desestimó en auto tal recusación y después olvidó informar de todo esto al CGPJ que debía tomar una decisión al respecto. Llarena tuvo en su poder la demanda civil casi dos meses antes de pedir amparo y no lo hizo en plazo.
¿A quién desnuda Llarena con esta extemporánea petición, aparte de a él mismo, para conseguir que su representación legal la pague el Estado? De momento al CGPJ encabezado por Lesmes y a su Comisión Permanente, excepto a la vocal Sáez que suscribe un voto particular y al vocal Lucas que ha manifestado su adhesión a esa postura. Los demás saben que el periodo preclusivo estaba super superado y, aún así, firmaron ese amparo. No es difícil suponer -y los periodistas suponemos por sistemas propios e inherentes a nuestro oficio- que hay juristas estudiando la comisión de una posible prevaricación por parte de estos integrantes de la Comisión Permanente del CGPJ.
No es el único motivo por el que esta cuestión puede dejar en pelotas a muchos. En su petición de amparo decía Llarena que estaba en peligro la indemnidad de la jurisdicción española y esto es lo que ha hecho que muchos jueces y que el propio Ministerio permanezcan a la expectativa de si tal cuestión es cierta, es decir, de si la demanda belga pone en jaque la independencia de la Justicia española más allá de demandar por manifestaciones privadas a un juez concreto. El CGPJ decidió poner el amparo concedido en conocimiento del Ministro de Asuntos Exteriores y “a través de la Abogada General, del Ministerio de Justicia” para que “adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”.
Si esto no fuera cierto, si no fuera una cuestión que afectara a la jurisdicción española sino un asunto particular de un magistrado, quedarían desnudos todos aquellos que apoyaran darle cobertura pública. Lo cierto es que el órgano de gobierno del Poder Judicial español ha acordado oficialmente “excitar” al Gobierno español para que exija al Gobierno belga que se dirija a sus jueces para exigirles que respeten la independencia de un juez español. Un contrasentido que les deja desnudos y sin mano que cubrirse dado que presupone que otro gobierno podría dirigirse a sus jueces ¿acaso porque están demasiado acostumbrados a que en esos términos los gobiernos españoles se dirijan a ellos?
Finalmente, todo este embrollo a quien desnuda es al Tribunal Supremo y a las profundas heridas a las que los políticos y gobernantes han sometido al órgano máximo de la Justicia española. Un tribunal que ha sido deteriorado en su calidad y convertido en un órgano politizado que en estos momentos navega de forma autónoma controlando a todos -Ejecutivo, Legislativo, Constitucional- y sin tener el control efectivo de nadie.
¿Alguien en sus cabales cree que la Sala II está dispuesta a examinar en serio una querella por las anomalías cometidas en la instrucción por Llarena?, ¿alguien podría afirmar que una querella contra Lesmes y compañía por prevaricación en ese otorgamiento de amparo podría siquiera ser examinada con imparcialidad por ese tribunal?, ¿alguien cree que podría conseguirse que la Sala reconociera que Llarena no podía jugar a poner y quitar OED's o dejar sin perseguir a los procesados?
Este problema y no otro está en el origen del recurso a la Justicia de otros países de la Unión. Ese es el gran desnudo que ha conseguido este asunto. ¿Quién controla a los que controlan si deciden en conjunto hacer de su capa un sayo?, ¿quién le pone el cascabel al gato?
Es harto probable que los catalanes no logren independizarse, pero lo que si han logrado hasta el momento es dejar en pelotas al sistema. Algo que no fue posible durante la lucha contra el independentismo vasco, aunque sucedió también con creces, porque en aquel entonces había muchos muertos sobre la mesa y nadie hubiera alzado la voz. Ahora la realidad está sobre el tapete. A ver a cuántos más deja al descubierto.
