La gincana de Aragonès

Cuando Pere Aragonès accedió a la presidencia de la Generalitat se propuso rebajar los decibelios en las broncas independentistas, que se daban ya por descontadas, y demostrar que ERC y Junts son capaces de gobernar anteponiendo sus intereses partidistas. La intención era loable aunque tras más de un año se ha demostrado que se quedó en buena voluntad. La culpa está repartida y no todo es atribuible a errores propios pero el resultado dista mucho de los planes del president.

En el Palau de la Generalitat insisten en que para dar la vuelta a esta situación lo que tienen que hacer es “gobernar y gobernar”. El problema es que cuando lo intentan no siempre les sale bien. El último ejemplo y más evidente es la decisión de cambiar el calendario escolar para iniciar antes el curso. Desde el punto de vista pedagógico tiene sentido y va en la línea de lo que se hace en otras comunidades. El president, acompañado del conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, lo anunció sin consultar antes a los sindicatos de los profesores ni someterlo a evaluación del Consejo Escolar y estos han utilizado la falta de una negociación previa para salir a la calle y convocar cinco días de huelga. Protestan también por la falta de recursos y medios acumulados durante una década y por el controvertido nuevo currículum (diseñado por el Ministerio y que las autonomías aplican con un cierto margen de discrecionalidad). El seguimiento de los dos primeros días del parón es desigual aunque las movilizaciones en la calle han sido masivas. El apoyo es mucho menor en la concertada, algo que implica que a quien más perjudica no es precisamente a las familias con más recursos.   

Los profesores insisten en que la huelga no está motivada por empezar el curso unos días antes. O no solo por eso. Pero el detonante ha sido ese y, empatizando con la mayoría de sus reivindicaciones, muchas de ellas más que justificadas, cuesta entender este rechazo frontal al cambio de calendario sin caer en la sospecha de que incluye también la defensa de unos privilegios adquiridos con el tiempo y propios de una burbuja alejada de la vida laboral de la mayoría de ciudadanos. Julio es un mes que se reserva, al menos su primera mitad, para que el profesorado pueda hacer formación, aunque no hay datos de cuántos lo hacen, y se presupone que el curso siguiente también debería empezar a prepararse antes de las vacaciones. 

Hay medidas en las que el Govern ha pedido ayuda al PSC y Salvador Illa les ha confirmado que está dispuesto a ayudarles. Una es la propuesta para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030, un proyecto en el que ERC se ha enzarzado en líos varios, el primero de ellos el de una consulta ciudadana que ha dejado fuera a varias comarcas y que no tiene más validez que conseguir que le den la razón. Los socialistas también están dispuestos a participar en el pacto nacional por la lengua porque entienden que es la manera de evitar que el catalán se convierta en un elemento de división social. 

A las dificultades intrínsecas al ejercicio de gobernar (y si no, que le pregunten a Pedro Sánchez) se le suman los atolladeros propios del independentismo. El empate mal resuelto entre ERC y Junts a menudo les lleva a ambos a calcular mal sus fuerzas y a cometer errores que perjudican tanto a unos como a otros. Los republicanos quieren marcar distancia respecto a cuestiones espinosas como los contactos que cargos afines a Puigdemont mantuvieron tras el referéndum del 2017 con el entorno del espionaje ruso. El encargado de hacerlo ha sido Gabriel Rufián pero en sus declaraciones no solo ha cabreado y mucho a Junts sino que en las propias filas republicanas algunos consideran que le puso demasiada testosterona. Este miércoles se disculpó por las formas pero dejando claro su cabreo y el de ERC por el goteo de informaciones sobre los posibles intentos del independentismo de ganarse el apoyo del Kremlin. 

Todo ello en la misma semana (y eso que aún no se ha acabado) en la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha dejado a un paso del banquillo a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a quien el juez Jordi Seguí acusa en un duro auto de haber incurrido en delitos de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y malversación. Borràs, que tiene más apoyos entre las bases que en la cúpula de Junts, puede verse obligada a dejar la política, al menos durante un tiempo, en caso de que la sentencia sea condenatoria. En su partido pueden perder a una posible candidata mientras que en ERC más de uno respirará aliviado.