Justicia fiscal es justicia para todos

El pasado martes 28 de junio, se presentó oficialmente la Plataforma por la Justicia Fiscal, un movimiento amplísimo pues agrupa a los tres grandes sindicatos y a un impresionante elenco de organizaciones sociales.

En ese acto se lanzaron al viento cinco preguntas que querían interpelar de forma especial a los partidos políticos para comprometerles en el trabajo en favor de un sistema tributario justo y progresivo. Representantes del PSOE y de Podemos, que asistieron, se comprometieron muy en sintonía con estas preocupaciones. Faltaron Ciudadanos y PP, que habían sido también invitados. Pero también emplazamos a esos dos partidos a actuar en la dirección que defendemos.

Estas fueron nuestras cinco preguntas.

1. ¿Qué harán ante la exigencia de la Eurozona de cumplir con el límite impuesto de déficit?

Las políticas, mal llamadas de austeridad, seguidas en estos años, han servido de pretexto para unas políticas fuertemente regresivas y restrictivas de derechos sociales. Entre otras consecuencias, observamos:

Por ello, consideramos imprescindible un cambio de política.

2. ¿Abordarán el déficit desde los gastos, con más recortes sociales, o desde los ingresos, aumentándolos con fiscalidad progresiva y suficiente?

Es obvio que Déficit=gastos – ingresos. La política fiscal tiene dos vertientes. Ambos son los principales mecanismos con los que cuenta el Estado para paliar la desigualdad injusta.

Los tributos no son una carga sino son el precio de nuestros derechos. Si queremos que se garanticen nuestros derechos básicos, debemos pagar para ello. Por tanto, en las circunstancias actuales, reducir impuestos agrava el déficit y restringe derechos.

La suficiencia fiscal exige que el gasto público y social necesario determine los presupuestos y los impuestos. Qué es necesario puede considerarse relativo. Pero la referencia de nuestro entorno es clara: el nivel de imposición en España se sitúa en torno a siete puntos del PIB por debajo de la media de la UE. Tenemos amplio margen al alza.

3. ¿Qué harán para equilibrar la presión fiscal entre las rentas del trabajo y las del capital y conseguir un sistema realmente progresivo?

El art.31.1 de la Constitución señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. El sistema tributario español no cumple los principios constitucionales.

La Imposición directa va perdiendo peso y progresividad; la imposición indirecta crece y es naturalmente regresiva; la jibarización de la imposición patrimonial impide que juegue su papel compensatorio... y el elevado nivel de fraude y evasión fiscal completan un sistema inequitativo y falto de progresividad.

Las rentas de trabajo aportan más del 80% de las bases imponibles del IRPF aunque suponen tan solo en torno al 45% de la Renta Nacional. La tarifa (2015) de las rentas de trabajo va del 19’5 al 46%. La del capital, del 19’5 al 23’5%. El 3’6% de población con rentas más altas acumulan el 44% de las rentas del ahorro. La inequidad (el trato de favor se concentra en las rentas altas) e ineficiencia (fomenta la transformación artificial de renta y distorsiona las decisiones de ahorro e inversión) que revelan estas cifras bastan por sí solas para descalificar un sistema tributario.

La proliferación de deducciones, desgravaciones y bonificaciones de efecto regresivo y escasa eficacia generalizada, incrementan la inequidad, favorecen la ingeniería financiera de los que tienen más recursos para pagar menos, reducen la recaudación (de forma, también, inequitativa e ineficiente), enmarañan las figuras tributarias y distraen recursos para el control del fraude.

Las bonificaciones ineficientes se estima que (entre 2009 y 2013) han reducido el resultado en el Impuesto de Sociedades en 444.294 millones y la cuota en 36.191 millones. Las diferencias entre transnacionales y nacionales, entre grandes (grupos) y pequeñas empresas son conocidas. Así, una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, en lugar del 6% efectivo, al que tributan sobre el resultado contable, igualaría su tipo medio al efectivo de las pymes y aportaría 7 mil millones de recaudación adicional.

Que el 43,64% del total recaudado proceda de impuestos indirectos supone que su peso creciente implique también regresividad creciente, dada la mayor proporción que dedican al consumo las rentras bajas.

Es necesario mantener tipos reducidos en productos que formen parte de la cesta básica, y en servicios considerados de primera necesidad (luz, agua, gas…), y así evitar situaciones de exclusión social. También deberían utilizarse en mayor medida otras alternativas como los impuestos verdes.

La imposición sobre la riqueza es un instrumento fundamental de progresividad y complementariedad para equilibrar el trato de las rentas de trabajo y las de capital (SICAV – ETVE). La desigualdad en riqueza es mayor que en renta y afecta sustancialmente a la igualdad de oportunidades: el 1% más rico de la población concentra tanta riqueza como el 80% más pobre.

Un impuesto sobre el patrimonio marginalizado, un impuesto sobre sucesiones y donaciones desigual entre Comunidades y casi desaparecido en algunas... implican la práctica inexistencia de gravamen sobre la riqueza. Es necesario acabar con la competencia fiscal a la baja entre CCAA.

4. ¿Desarrollarán y aplicarán de una vez el Impuesto sobre Transacciones Financieras, acordado en 2014?

Un impuesto que se aplique también a la compraventa de acciones, bonos y derivados; que desincentive las prácticas financieras especulativas; que garantice el destino social de los fondos que genere; que ayude a limitar el exceso de financiarización de la economía; que contribuya a equilibrar la contribución de las rentas de capital respecto a las de trabajo… ¡que ya está aprobado, pero trabas y tramas ocultas paralizan!

5. ¿Desarrollarán una política firme contra la elusión, la evasión fiscal y los paraísos fiscales?

Se estima en torno a 60.000 € millones la pérdida de ingresos por fraude fiscal. Parece relativamente indiferente que sea elusión (“legal”), evasión o fraude. El resultado es el mismo: menos ingresos para los gastos comunes.

Las consecuencias son conocidas: injusticia, agravamiento de las desigualdades, deterioro ético, mayor presión fiscal nominal e indirecta para los honrados, distorsión de decisiones y de la competencia, menos derechos y servicios… Si, además, el acceso a determinados beneficios sociales se liga a la declaración del IRPF deriva un doble y sangrante perjuicio.

Es preciso pasar de las palabras a los hechos. Es urgente dotar de más medios a la AEAT (la ratio población/empleados es dos veces y media la media de la OCDE y el coste de la administración fiscal por habitante, 40% del de los países de nuestro entorno), reordenar sus prioridades y facilitar su labor con una reforma simplificadora de los tributos.

Una Ley contra la elusión y la evasión contribuiría a priorizar la lucha contra las prácticas fraudulentas, como primer paso para reformar el sistema fiscal, promovería la coordinación y especialización de Órganos del Estado (jueces, fiscales, policía, ministerios, Seguridad Social…), exigiría la transparencia empresarial y de la Agencia y demás órganos de inspección y control, institucionalizaría la publicación de estudios e informes (sobre economía sumergida, control de paraísos fiscales…), fomentaría una educación y una cultura de responsabilidad fiscal, facilitando la participación y sensibilización ciudadanas…

Las sanciones equilibradas y una prescripción menos breve deben ir acompañadas de la imprescindible cooperación internacional, especialmente contra los paraísos fiscales. Estos son un instrumento internacional permitido para la elusión fiscal y para el blanqueo delictivo. Entre 2013 y 2014 la inversión española hacia estos territorios creció un 2.000%, atrayendo las islas Caimán un monto de inversión 64 veces superior al que atrae la principal economía europea, Alemania.

A medio plazo es imprescindible apuntar hacia la completa erradicación de los paraísos fiscales. A corto plazo es imperativo acometer medidas que penalicen y desincentiven la utilización de estos territorios y llevar a cabo acciones encaminadas hacia la neutralización del daño que generan.

Lo primero, establecer una nueva lista de paraísos y territorios no cooperantes reales, tras una definición exigente y salida mucho más angosta que el actual coladero. A partir de ahí, caben muchas medidas disuasorias como gravámenes especiales a los movimientos con paraísos fiscales; no reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales; entorpecer a las empresas con fondos o filiales en paraísos el acceso a concursos públicos y la obtención de bonificaciones, exoneraciones fiscales y desgravaciones; eliminar la exención a los rendimientos y ganancias patrimoniales obtenidas en paraísos fiscales…

Pedimos a los responsables de los grandes partidos que respondan estas preguntas y que actúen real y decididamente

en la articulación de un sistema tributario suficiente, justo y progresivo.

en la lucha efectiva contra el fraude y la evasión fiscal y contra los paraísos fiscales.

en la defensa de nuestros derechos básicos.

Porque justicia fiscal es justicia social.

Economistas sin fronteras no se identifica necesariamente con el contenido de este artículo, que es responsabilidad de su autor.