Mala semana para la libertad de expresión

El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín.

Curiosa e interesante semana –dentro de la ya extraordinaria situación en que vivimos desde el 15 de marzo– respecto a la libertad de expresión. Podrá pensarse –espero que no– que, con la que está cayendo, este derecho es un "lujo" del que se podría prescindir si fuera preciso y que lo único importante ahora es salir del gran problema que tenemos planteado. Esto sería un enorme e irresponsable error de consecuencias incalculables.

Dos hechos relevantes han tenido lugar en los últimos días relativos al derecho a la libre expresión, hechos bien distintos, con bien distinta trascendencia, pero ambos muy ilustrativos de la cuestión.

El primero se refiere a los "desafortunados" incidentes protagonizados por el general de la Guardia Civil Fernando Santiago, que, en el marco de una de las reiteradas comparecencias del llamado Comité Técnico del Coronavirus, del que forma parte, manifestó de entrada, acerca del quehacer del cuerpo, que "la otra línea de trabajo es minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno", para, de salida, conocerse que el mismo general pidió unos días antes por correo electrónico a las comandancias datos relacionados con la crisis de referencia sobre "campañas de desinformación, así como publicaciones desmintiendo bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno". Entre ambos hechos, recuérdense asimismo las manifestaciones del ministro del Interior, Grande-Marlaska, y de la ministra portavoz, Montero, aludiendo a un lapsus y a haber sacado de contexto tales expresiones.

Pero, con ser grave lo hasta ahora referido, la cosa no ha quedado ahí, desde luego. En efecto, hemos sabido también que, a consecuencia del celo en el cumplimiento de aquel quehacer, entre las informaciones recabadas se han incluido –que yo haya sabido– tuits lanzados desde cuentas oficiales de EH Bildu y Vox, así como, entre otros, un vídeo de Irantzu Varela, en el que habría criticado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Fuerzas Armadas en la crisis sanitaria a causa de la COVID-19, según ha informado el medio en el que esta colaboración se publica.

¿Qué significa todo esto? Más allá de nuestro legítimo derecho ciudadano a conocer quién ha impartido estas órdenes o quién ha permitido tales hechos –ni el presidente Sánchez ni el ministro Grande-Marlaska en modo alguno han respondido aún sensatamente a ello, pese a tener la máxima responsabilidad política al respecto–, interesa poner de relieve dos aspectos: de un lado, el ataque a un derecho humano fundamental que suponen estas actuaciones y, de otro lado, la absoluta ineficacia hoy y siempre del control de la libre expresión para solventar cualquier problema.

Parece claro, así, que lo que se está tratando de perseguir es la crítica política, sin paliativos, la crítica al Gobierno y a su actuación en esta crisis, y no conductas contrarias al libre y legítimo ejercicio de este derecho.

O sea, y sin tapujos, la persecución o, al menos, la puesta en sospecha por parte de la Guardia Civil y de su dirección política de las ideas contrarias al Gobierno –desafectas, según la terminología utilizada–, esto es, a la línea política mayoritaria y gobernante. Y ello, con el amparo del propio ejecutivo, que no solo no ha dado explicación satisfactoria alguna, sino que ha manifestado su expresa cobertura a tales conductas.

En este sentido conviene recordar que, tal como han razonado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, este derecho comprende, junto a la mera expresión de juicios de valor, también la crítica de la conducta de otro, aunque la misma sea desabrida o pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, ya que así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática, si bien dejan fuera de su protección las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, dado que la libertad de expresión no comprende el derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la norma fundamental. Pero ninguno de estos límites se habría rebasado en la crítica política antedicha ni podría nunca rebasarse por el mero hecho de mantenerse ideas contrarias a la actuación del Gobierno, por lo que su simple indagación ya revela una actuación claramente contraria al derecho referido.

El segundo acontecimiento tiene que ver con las palabras del vicepresidente segundo Iglesias acerca de la condena de la diputada de la Asamblea de Madrid Isa Serra por el Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad que, a su vez, han sido objeto de respuesta por el Consejo General del Poder Judicial, que ha considerado inapropiados el tono y el mensaje transmitido. Ciertamente, es difícil encontrar un "caso práctico" semejante en el que sea imposible dar la respuesta correcta sin dar a cada cual lo suyo: de un lado, las manifestaciones del vicepresidente segundo lo han sido, sin duda, en el legítimo ejercicio de su derecho a la libre expresión, pero han sembrado la duda de la existencia de tolerancia judicial e impunidad hacia personas corruptas poderosas y la injusticia de la condena de Serra.

Iglesias tiene derecho a expresarse, desde luego, pero su conducta ha sido imprudente –no más– en relación con su responsabilidad como miembro del Gobierno, como en otras ocasiones lo han sido otros dirigentes de otras fuerzas políticas –sin ir más lejos, el entonces ministro de Justicia Catalá acerca de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra sobre el llamado 'caso La Manada'–, y ello, con independencia de su contenido, más o menos compartido. Pero no más imprudente que la del propio CGPJ, cuya tendencia a pronunciarse acerca de las expresiones de determinados responsables públicos y a callar ante otras es ya escandalosamente evidente. Y no es equidistancia fácil, sino distancia respecto de conductas que en nada favorecen la relación entre los poderes del Estado y la consideración de cada uno de ellos.

Lo dicho, una semana curiosa e interesante para reflexionar sobre la libertad de expresión.

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Publicado el
26 de abril de 2020 - 20:56 h

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