El programa de Ciudadanos y el realismo en la lucha contra el fraude

Rivera presenta en varias fases las claves de su programa económico.

Siempre he pensado que los programas electorales debían ser para mayores de edad, aunque sólo fuese porque la edad legal para votar es de 18 años. Esta declaración de intenciones viene, evidentemente, de la sensación de que, hasta ahora, los programas electorales no trataban a los electores como adultos. Se ha impuesto otro “modelo de programa”, el de la “carta a los Reyes Magos”. Naturalmente, en cuanto pasan las elecciones, el programa pasa a mejor vida. En el caso del programa del PP en 2011, que casi lo único que prometía era bajar impuestos, los “buenos deseos” duraron exactamente una semana, tras la que se acometió la mayor subida del IRPF de la democracia. Naturalmente, la subida fue a los de siempre, los de la nómina.

Cuando me propusieron que echase una mano en el programa fiscal de Ciudadanos, sólo puse una condición: realismo. Como mi contribución se ha centrado fundamentalmente en la lucha contra el fraude, el realismo era una cuestión esencial. Para algunos partidos, la lucha contra el fraude es poco menos que magia: se pueden obtener decenas de miles de millones, que eso sí, sólo procederán de “grandes empresas” y “grandes fortunas”. El principal problema de todo esto, es que no se detalla cómo se conseguirá. Por otra parte, existe una corriente de opinión bastante relevante que considera que en la lucha contra el fraude no se puede hacer nada.

Nuestro planteamiento se basa en negar tanto la fantasía como el derrotismo. Para ello, hay que analizar qué falla en nuestro sistema fiscal para que con unos impuestos, que al menos sobre el papel son similares a los de nuestros vecinos europeos, recaudemos bastante menos. A partir del análisis de qué falla, hemos propuesto muchas medidas concretas. Así, durante la crisis la recaudación del impuesto sobre sociedades se ha derrumbado, pasando de casi 45.000 millones de euros en 2007 a poco más de 18.000 millones de euros el año pasado. Hay problemas en el cumplimiento de las grandes empresas, pero también en las pequeñas y medianas.

Para arreglarlo, hay que simplificar la contabilidad de las pequeñas y medianas empresas, tanto para facilitarles la vida como para poder comprobar su resultado más fácilmente. En segundo término, hay que aumentar los medios humanos y materiales de comprobación. Por otra parte, no queda más remedio que combatir la huida del IRPF, transparentando algunas sociedades, es decir imputando los resultados de la sociedad a sus socios; especialmente en el caso de las sociedades de mera tenencia de bienes; habituales en las grandes fortunas.

En el caso de las grandes sociedades, nuestra propuesta es eliminar deducciones y beneficios fiscales. Por ejemplo, si admitimos que una gran empresa financie activos que dan derecho a dividendos exentos con deuda, sin limitar la deducibilidad de intereses, vamos a tener un problema grave. ¿Por qué? Porque los ingresos, por ejemplo dividendos exentos, no computan, es decir no suman y los gastos sí, deducen, es decir restan. Otro ejemplo es la actual exención del artículo 21 de la ley del impuesto de sociedades. La venta de una filial de una gran empresa con una plusvalía de miles de millones de euros puede estar absolutamente exenta sin demasiados problemas. Así, no nos puede extrañar que la tasa efectiva de imposición de los grupos consolidados esté en el 5,3%; pero es algo que se puede y se debe cambiar.

Tenemos, además propuestas específicas en cuestiones como sancionar el software de doble uso, que sirve para tener doble contabilidad y facturación en B; reconocer el derecho a todo consumidor a pagar sus compras a partir de 10 euros con tarjeta de crédito, negociando con la banca una limitación de las comisiones; o por ejemplo, reintroducir algunos países en la lista de paraísos fiscales cuando no aportan información a la Administración o la Justicia Española. Sin embargo, estas propuestas y muchas más no son lo más importante.

Lo fundamental, en nuestra opinión, es volver a legitimar el sistema fiscal. Yo abro mi libro “¿Hacienda somos todos?” (Debate) con la célebre cita de que “los impuestos son el precio que pagamos por la Civilización. En la selva no existen.” En estos últimos años nos hemos ido aproximando a la Selva y hay que volver a la Civilización. Para esto, hay que convencer a los españoles de que deben pagar sus impuestos, la medida anti-fraude más importante de todas. Esto sólo se consigue persiguiendo sin cuartel la corrupción y eliminando las duplicidades y despilfarros. Sólo así, cuando los ciudadanos paguen sus impuestos estarán comprando civilización y no corrupción. Además, resulta imprescindible que la aplicación de las leyes sea igual para todos, porque Hacienda somos todos.

Así, como explicaba hace unos meses en este diario, una reforma de las SICAV es imprescindible. Una institución de inversión colectiva debe ser realmente colectiva para pagar el tipo privilegiado del 1%. Por otra parte, el control fiscal de todas las instituciones en un Estado de Derecho corresponde a la Agencia Tributaria y no a otras instituciones. Por eso, en el programa proponemos devolver el control fiscal de las SICAV desde la CNMV a la Inspección de Hacienda.

Otra cuestión aún más sangrante es la de la amnistía fiscal. Si se incentiva el incumplimiento, premiando con una amnistía privilegiada al 10% a los defraudadores, mientras se suben los impuestos a los contribuyentes honestos, no nos podremos extrañar de que el fraude se dispare, y la recaudación no remonte pese a subir los impuestos. Incluso aquí, nuestra receta es aplicar las leyes: porque los defraudadores amnistiados no pagaron este 10% que tenían que pagar sino mucho menos, un 3%. Un informe de la Dirección General de Tributos estableció contra la dicción literal del Real Decreto Ley que sólo tributas en las rentas de los últimos cuatro años. En consecuencia, hay que proceder a anular el informe y exigir los 2.800 millones perdonados ilegalmente a los defraudadores. Además, hay que perseguir penalmente a aquellos delincuentes que aprovecharon la amnistía para intentar reintroducir y regularizar el dinero proveniente de delito: los blanqueadores.

Estos son los ejes de una propuesta ambiciosa: luchar contra el fraude y hacer cumplir la ley. Aquí tienen el documento completo, y aquí pueden ver la presentación que hicimos Albert Rivera, Luis Garicano y yo; y en la que se abordan también otras cuestiones fundamentales como acabar con duplicidades y despilfarros u organizar una estructura fiscal más equitativa y eficiente, de la que si ustedes quieren, hablaremos otro día.

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Publicado el
24 de abril de 2015 - 19:07 h

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